Expresidenta interina de Bolivia asegura que fue sentenciada “por orden” de Evo Morales

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La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, reveló que su antecesor, Evo Morales, es responsable de que la justicia de su país la haya sentenciado a diez años de prisión por la crisis suscitada en 2019. El exgobernante habría confesado que decidió procesar a la también exsenadora por la vía ordinaria y no efectuar un juicio de responsabilidades.

En una acusación emitida vía Twitter, Áñez se refirió al presidente Luis Arce; al vicepresidente, David Choquehuanca; al ministro de Justicia, Iván Lima; al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo; al procurador general y abogado de Evo Morales, Wilfredo Chávez; y al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

El mensaje a través de la plataforma asegura: “El tirano inculpa a su propio gobierno, a Arce y Choquehuanca, Lima, del Castillo, su abogado personal Procurador, su delfín Andrónico, sus jueces y fiscales de condenarme por orden suya. ¡Puede dictar 100 años presa y seguirá siendo prófugo y cobarde!”.

Áñez está convencida que fue sentenciada “por orden” de Evo Morales.

El recién pasado viernes, Áñez fue condenada a 10 años de prisión por los hechos que ocurrieron el 10 de noviembre de 2019, día en que Morales renunció a la presidencia de Bolivia: y el día 12 del mismo mes y año en curso, cuando la entonces senadora de la República, asumió el poder de forma provisional.

La fuerza política boliviana, conformada por el gobierno de Arce y el MAS (Movimiento al Socialismo), han revelado que la dimisión de Morales se debió a un “golpe de Estado”; mientras que la oposición, sugiere que la renuncia se debió a las acusaciones de fraude durante los comicios generales de ese año, que pesaban sobre la figura del exmandatario.

Las autoridades que gobiernan el país actualmente, han revelado que la captura y sentencia de Áñez provocó un “precedente histórico” para que “no se vuelva a repetir un golpe de Estado”; a quien también culparon de las muertes ocurridas en 2019, tras la crisis política y social de Bolivia.

Hasta el momento, la organización HRW (Human Rights Watch) ha hecho pública su preocupación respecto al caso; mientras que este podría llegar hasta la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), pues de acuerdo a las normas bolivianas, los expresidentes sometidos a un proceso jurídico deben ser sometidos a un juicio de responsabilidades aprobado por el Parlamento.

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