Exoficial naval argentino es hallado culpable de la masacre de Trelew de 1972

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© AP/Lynne Sladky

Un tribunal de Miami declaró culpable al exoficial de la Armada de Argentina, Roberto Guillermo Bravo, ​​de ejecutar, junto a otros exmilitares, a 16 presos políticos desarmados en la base militar Trelew de La Patagonia, ocurrida en 1972. La ley de Protección de Víctimas de la Tortura permite tomar acciones judiciales contra acusados que se encuentren en Estados Unidos. Bravo reside en ese país desde 1973.

Cinco décadas después y tras cinco días de juicio, las familias de las víctimas de la masacre de Trelew, hallaron un poco de justicia.

Por decisión unánime un jurado de Miami halló responsable de tortura y ejecución extrajudicial al exoficial naval argentino, Roberto Guillermo Bravo, tras el asesinato de 16 presos políticos desarmados en la base militar Trelew, en La Patagonia, Argentina.

El tribunal a cargo del caso ordenó una indemnización de 24,25 millones de dólares, por daños y perjuicios, para las cuatro familias demandantes. La querella fue entablada por los asesinatos de Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villarreal de Santucho, así como por la tortura e intento de ejecución extrajudicial de Alberto Campamentos.

"He dedicado gran parte de mi vida a buscar justicia contra todos los responsables de la tortura e intento de asesinato de mi padre. El veredicto de hoy nos acerca a mí, a mi hermano Mariano y a las otras familias de quienes fueron asesinados o torturados en Trelew a la responsabilidad total por la que hemos estado trabajando", subrayó Raquel, querellante e hija de Alberto Campamentos, quien murió posteriormente.

Bravo, de 79 años, permaneció en silencio al escuchar el veredicto. Poco después cuando salía de la sala de audiencias el acusado dijo "estoy feliz por ellos"; mientras observaba a Raquel Campamentos, que lloraba acongojada en los hombros de uno de los abogados.

Aunque los hechos ocurrieron en Argentina, la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura permite tomar acciones judiciales en Estados Unidos si los imputados se encuentran en ese territorio.

Bravo reside en ese país desde 1973 y adquirió la ciudadanía estadounidense en 1987. Era el único militar acusado que no había enfrentado a la justicia por este hecho. Otros tres señalados fueron acusados en su país por su papel en la masacre y condenados a cadena perpetua, en 2012.

Los familiares querellantes estuvieron representados por el Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA) y la firma Keker, Van Nest & Peters y Markus/Moss PLLC, en colaboración con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La masacre de Trelew, otro capítulo oscuro en la era de la dictadura en Argentina

Según evidencia expuesta durante los cinco días de juicio, en la madrugada del 22 de agosto de 1972, el entonces oficial naval Roberto Guillermo Bravo y otros militares despertaron a 19 presos políticos que dormían, los alinearon y abrieron fuego contra ellos.

16 murieron y los otros tres resultaron gravemente heridos. El fusilamiento se produjo después de que 25 rebeldes de izquierda retenidos huyeran de un penal. De estos últimos, 19 fueron recapturados y trasladados a la base militar de Trelew, en la Patagonia, sur de Argentina.

Esa matanza ha sido declarada como un crimen de lesa humanidad. “Siento mucha satisfacción, el mundo va a ser más justo de lo que era (…) Tenemos un claro objetivo: que sea juzgado en Argentina y este veredicto es un argumento decisivo para el juez que tiene la extradición”, aseguró a la agencia AP Eduardo Cappello, uno de los demandantes, uno de los demandantes y sobrino de una de las víctimas.

Estados Unidos rechazó previamente una solicitud de Argentina para extraditar a Bravo.

Fue solo después de que Argentina retornó brevemente a la democracia, en 1973, que tres sobrevivientes de la ejecución declararon lo ocurrido.

Pero esos tres hombres posteriormente fueron secuestrados y asesinados por militares luego de un golpe de Estado que condujo a la siguiente dictadura argentina de 1976 a 1983.

El jurado también escuchó testimonios sobre la persecución sistémica de los demandantes y sus familias que prosiguió a la masacre.

Con AP y EFE

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