Exigen disculpas públicas a víctimas del movimiento de 2006 en Oaxaca

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OAXACA, Oax., junio 15 (EL UNIVERSAL).- Los diputados locales César Mateos Benítez y Horacio Sosa Villavicencio presentaron un punto de acuerdo en el que exhortan a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a reconocer su responsabilidad en la represión contra el movimiento magisterial y popular de los años 2006 y 2007.

En su punto de acuerdo también pidieron que se ofrezcan disculpas públicas a las víctimas de los hechos ocurridos en esos dos años.

Ayer martes se cumplieron 16 años del intento de desalojo del plantón que profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantenían en el zócalo de la ciudad de Oaxaca y que en consecuencia provocó el inició de protestas más intensas y la participación de organizaciones políticas y civiles en apoyo al magisterio, en un conflicto que se alargó hasta 2007.

---Hubo violaciones a los derechos humanos

Los legisladores locales que renunciaron a la fracción parlamentaria de Morena y ahora se autodenominan "de la Cuarta Transformación", señalaron la necesidad de que el gobierno del estado reconozca su responsabilidad y se disculpe por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión.

"Al cumplirse 16 años del fallido desalojo del plantón magisterial en el zócalo de Oaxaca, que marcó el inicio de la revuelta social, en la memoria del pueblo quedan todavía registradas la tortura, el aire minado por gases y la acción criminal de las caravanas de la muerte, patrullas armadas de policías y civiles que salían a atacar a fuego al pueblo en resistencia", argumentaron.

El exhorto también fue dirigido a la Fiscalía General del Estado para que retome las investigaciones sobre los hechos ocurridos en 2006 y 2007 en los que al menos 26 personas murieron y se castigue por los crímenes cometidos durante la represión, en especial ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.

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La Sección 22 del SNTE advirtió que no se permitirá que el SNSE pretenda establecer ningún tipo de relación a nombre de los trabajadores de la educación.

Los funcionarios que exigieron sean investigados son el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz; el exsecretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas; la ex procuradora Rosa Lizbeth Caña Cadeza; el ex director de Seguridad Pública José Manuel Vera Salinas; el exdirector de la Policía Ministerial Manuel Moreno Rivas, entre otros.

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