Exigen a centros de detención los niveles de salud de las prisiones estatales

Agencia EFE
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San Diego (CA), 9 feb (EFE News).- Una senadora y el comisionado estatal de seguros de California presentaron este martes una iniciativa que exige a los centros de detenciones de migrantes tener los mismos estándares de salud que deben cumplir las prisiones estatales.

"Si los centros de detenciones no pueden cubrir estándares básicos de salud no deberían de operar aquí" en California, dijo a Efe la senadora estatal María Elena Durazo, representante de Los Ángeles.

"Las condiciones en los centros de detención eran inhumanas antes del covid-19, y la pandemia ha revelado y agravado la falta de protección a la salud de los detenidos", insistió.

Por su parte el comisionado de seguros, Ricardo Lara, indicó en comunicado que "la pandemia agravó las terribles condiciones que los inmigrantes han enfrentado durante años en centros de detención con fines de lucro y cárceles privadas".

Dijo que la iniciativa SB 344, Ley de Responsabilidad de la Detención Privada, "arrojará luz sobre una industria que se ha beneficiado de un sistema fracturado de inmigración, y hará cumplir la dignidad básica que toda persona bajo custodia merece".

La iniciativa destaca como ejemplo de supuesta negligencia la muerte del primer migrante que pereció víctima de la covid-19 en custodia de un centro de detenciones.

Se trató de Carlos Ernesto Escobar Mejía, un salvadoreño que por décadas vivió en Los Ángeles y pereció en mayo pasado en el centro de detenciones de Otay Mesa, en el condado de San Diego.

La iniciativa propone que la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes en Los Ángeles (Chirla), una organización sin fines de lucro, revise las condiciones de higiene y salud de los inmigrantes detenidos en cinco centros privados en California.

Los centros son Otay Mesa, Imperial, Adelanto, Adelanto, Mesa Verde, Otay Mesa y El Centro.

Esos centros deberían responder a requisitos de salud e higiene, de seguridad, locales y estatales, y normas contra incendios.

Angélica Salas, la directora ejecutiva de Chirla, declaró que "los centros de detención privados operan con impunidad y deben detenerse; ya basta".

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