Exfuncionario acusado de violación se "pasea" por calles de Oaxaca

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OAXACA, Oax., junio 26 (EL UNIVERSAL).- "Es una muerte lenta", expresa Lizbeth Alejandra Salmerón Estrada, quien vive con miedo desde el 15 de mayo de 2017. Su hija, de 14 años, le contó que su padrastro, Javier Daniel González Ramírez, quien fue regidor de Obras Públicas del ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, abusó sexualmente de ella desde los seis años de edad.

Dos días después, Lizbeth Alejandra acudió junto con su hija a presentar su denuncia; jamás pensó que viviría un "verdadero viacrucis" que aún no termina: tres días de denuncia, sin sumar aquellos en los que se realizaron los dolorosos peritajes ginecológico, victimológico y psicológico; además de la revictimización, el hacerlas sentir culpables y poner en duda la credibilidad de las declaraciones de la menor.

Alejandra Salmerón presentó la denuncia con su hija, sin abogados; pensaba que bastaba con ir a la Fiscalía de Oaxaca, decir la verdad y que las autoridades se encargarían de investigar y castigar a su expareja, pero pasaron los años y su caso sigue estancado y sin justicia.

En 2019, Daniel González asumió el cargo de regidor de Obras Públicas en San Jacinto Amilpas, función pública que asumió al ser parte de la planilla del partido Morena en las elecciones de 2018.

En abril del mismo año, casi tres años después, Alejandra logró que se liberara la orden de aprehensión en contra de Daniel González, pero su caso fue usado con fines políticos, tras la filtración desde la Fiscalía General del Estado (FGEO) de la carpeta de investigación.

Con apenas unos días en el poder, el cabildo de San Jacinto Amilpas se dividió en dos bandos: uno afín a la presidenta municipal Yolanda Santos, del que también forma parte Daniel González; y en otro, un grupo de concejales que se oponen a la edil. Personas afines a este segundo grupo, entre ellas una mujer identificada como Licenciada Mónica, buscó a Lizbeth para ofrecerle ayuda.

No obstante, al ver un fin político en el ofrecimiento, la madre de la víctima se negó. A los pocos días, el expediente y su fotografía fueron difundidos en redes sociales y en algunos medios informativos locales.

Para entonces, Alejandra Salmerón y su hija recibían ayuda del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF). Ahí le asignaron a una abogada de nombre Josefina.

La ministerio público de la FGEO, Gladys López Robles, fue la encargada de la investigación, pero nunca permitió a la madre de la víctima conocer los avances de ésta; su respuesta era que la dejara hacer su trabajo y que no interviniera.

En la audiencia, tras sacar de la sala a la abogada, el juez del Poder Judicial de Oaxaca, Javier López, dejó en libertad a Daniel González con el pago de una fianza de 30 mil pesos. Además, reclasificó el delito de violencia sexual agravada a estrupro; es decir, determinó que la menor tuvo relaciones sexuales consensuadas con su padrastro.

Desesperada, Salmerón envió un mensaje grabado a las otras víctimas de Daniel González, en el que les pedía que también lo denunciaran; sin embargo, el audio fue editado y filtrado en medios de comunicación y redes sociales. Ahora involucraban a políticos como Salomón Jara y la presidenta municipal Yolanda Santos.

Sin dejar la lucha

Con fuerzas renovadas, contrató abogados particulares, pese a carecer de recursos económicos e interpuso un amparo contra la resolución del juez Javier López. El juez federal confirmó las irregularidades y ordenó que se repusiera el proceso desde el momento en que el delito se reclasificó como estupro.

También se descubrió que, durante la audiencia, la ministerio público Gladys López ni siquiera leyó la denuncia de la víctima ni su narración de los hechos y los vertió en la carpeta con errores de puntuación, lo que modificaba sustancialmente las declaraciones.

Al final, el juez Javier López reclasificó el delito como violación sexual agravada. El 13 de mayo de 2021, Daniel González fue aprehendido y llevado ante un juez de control.

Aunque después de cuatro años el caso pareciera que presenta avances, sigue estancado. El Poder Judicial del Estado ha cancelado cuatro veces la audiencia para continuar con el proceso. Para la madre de la víctima, hay colusión entre las autoridades y el imputado.

Lo más grave, señala, es que a pesar de que debería estar en prisión preventiva en el penal de Miahuatlán, el exregidor de Obras Públicas ha sido visto en libertad por las calles de San Jacinto Amilpas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) afirma que sí ha salido del penal, pero sólo para citas médicas y sus audiencias (las cuales se han cancelado) con autorización de un juez, pero no explica por qué sale del penal sin vigilancia policiaca.

El vehículo de Salmerón ha sido dañado en al menos cuatro ocasiones; le han ponchado las llantas y roto los vidrios. Cambia sus rutinas para llegar a casa por temor a que ella o sus hijas sean agredidas.

"Vivo con miedo y nadie merece vivir así. Lo único que estoy pidiendo es justicia para mi hija. Que se vea como están llevando un proceso tan largo, estoy a meses de cumplir cinco años en esto".

En entrevista con EL UNIVERSAL, pide a los jueces no retrasar más el proceso.

La presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, Angélica Ayala Ortiz, afirma que con el exfiscal Rubén Vasconcelos la impunidad se fue construyendo poco a poco.

"Tenemos inclusive testimonios en los que las propias unidades de género les piden regresar con los agresores, cuando eso es totalmente contrario a las leyes y ordenamientos jurídicos.

"Ha llegado al grado, para desalentar las denuncias, de que si no logran acreditar la violación, la tentativa de feminicidio, la violencia familiar, se les puede revertir y terminar ellas en la cárcel, sus testigos y quienes la estén acompañando".

En Oaxaca se denuncian en promedio 38 violaciones sexuales cada mes. Angélica Ayala Ortiz sostiene que la cifra negra es del 90%; es decir, de casos que no se denuncian.

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