Excomandante del Ejército de Colombia será acusado por ejecuciones extrajudiciales

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Por Luis Jaime Acosta

BOGOTÁ, 1 ago (Reuters) - La Fiscalía General de Colombia anunció el domingo que imputará cargos a un excomandante del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en 104 ejecuciones extrajudiciales, incluidas cinco menores de edad, en uno de los casos más notorios de violaciones de derechos humanos en el país.

La acusación contra el general retirado Mario Montoya se relaciona con casos que habrían ejecutado tropas del Ejército entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008, cuando estaba vigente una directiva del Ministerio de Defensa y del Comando de las Fuerzas Militares que dejó de priorizar las bajas en combate, para privilegiar la desmovilización y las capturas.

Sin embargo, la Fiscalía evidenció de que las ejecuciones extrajudiciales continuaron y que Montoya, de 72 años, incentivó una política de premios como condecoraciones y permisos por resultados operacionales a oficiales, suboficiales y soldados, por lo que le imputará cargos por homicidio agravado.

"El material de prueba indica que el general Montoya comunicó las directrices del Ministerio de Defensa y del Comando General de las Fuerzas Militares a las unidades del Ejército, pero no las aplicó, es decir, siguió evaluando a los comandantes por la cantidad de muertes en combate reportadas", dice un documento de la Fiscalía al que tuvo acceso Reuters.

"El general Montoya continúo ejerciendo presión a todos los comandantes del país para que cumplieran su política de resultados operacionales, en la que las muertes en combate eran el único criterio para evaluar la campaña", agrega el documento.

Si bien Montoya se acogió en 2018 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fiscalía mantiene la competencia de casos relacionados con el conflicto armado ocurridos hasta el primero de diciembre de 2016, siempre que no se tomen decisiones de fondo.

DEFENSA DEL ACUSADO

El oficial en retiro, quien está en libertad y fue comandante del Ejército entre 2006 y 2008, negó en el pasado los delitos por los que es acusado, mientras que su abogado, Andrés Garzón, dijo a medios de prensa local el domingo que el caso está siendo investigado por la JEP por lo que la Fiscalía no tiene competencia para incriminar a su cliente.

La JEP reveló recientemente que al menos a 6.402 personas que fueron asesinadas por efectivos militares y presentadas falsamente como rebeldes entre 2002 y 2008, durante los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe. Pero grupos de derechos humanos aseguran que la cifra de víctimas podría ser mayor.

Decenas de oficiales del Ejército detenidos y condenados por su participación en los asesinatos han comparecido ante la JEP en busca de penas más leves que las que les corresponderían en el sistema de justicia ordinario a cambio de verdad, justicia, reparación y no reparación.

La JEP es parte del acuerdo de paz firmado en 2016 con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a un largo conflicto armado interno que ha dejado más de 260.000 muertos y que permitió la desmovilización de unos 13.000 miembros del grupo rebelde, pero algunos rechazaron el pacto y continúan con la lucha armada.

"Se trata de un paso importante para el derecho a la verdad de las víctimas", dijo en Twitter el director de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, quien advirtió que "esta imputación hoy es mayormente simbólica" debido a la competencia de la JEP.

En la justicia ordinaria Montoya podría ser condenado hasta 50 años de prisión, pero bajo la JEP recibiría una sanción de cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad en establecimientos no carcelario.

(Reporte de Luis Jaime Acosta; Editado por Javier López de Lérida)

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