Excolaboradores de ‘Billy’ Álvarez narran los desvíos en La Cruz Azul; buscan arreglo con FGR

César Reveles
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Durante varios años, el expresidente de la cooperativa La Cruz Azul, Guillermo ‘Billy’ Álvarez Cuevas, sus hermanos, así como su cuñado y también exdirectivo, Víctor Manuel Garcés Rojo, realizaron desvíos millonarios con los recursos de la cooperativa a través de un esquema de empresas fantasma.

Así lo relataron Ángel Martín Sepúlveda Junquera, exabogado de Álvarez y Miguel Eduardo Borrel Rodríguez, director jurídico de la Cooperativa, en sus solicitudes del criterio de oportunidad enviadas a la Fiscalía General de la República y de las que Animal Político tiene copia.

Ambos personajes también están involucrados en la investigación por lavado de dinero, por lo que pidieron este beneficio a cambio de brindar toda la información que tienen sobre los malos manejos de Álvarez y los otros involucrados.

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El criterio de oportunidad es un recurso legal que permitiría a Sepúlveda Junquera y a Borrel Rodríguez que no se ejerza acción penal en su contra.

Los primeros desvíos

En su solicitud, el abogado Ángel Sepúlveda relata que los malos manejos financieros se dieron desde 2004, año en el que los hermanos Álvarez en complicidad con Víctor Garcés (entonces director jurídico de la Cooperativa) modificaron cláusulas de un fideicomiso que beneficiaba a socios y jubilados, para que la empresa Impulso Agente de Seguros y Fianzas S.A de C.V recibiera de ese fideicomiso diversos pagos de pólizas, además de contratarla como Consultora del Comité Técnico, servicio por el cual recibía otro pago.

Esta empresa, dice Sepúlveda Junquera, es representada por Carlos Javier Terroba Wolff, persona con la que Víctor Gárces tuvo una relación de negocios durante su gestión como director jurídico de la Cooperativa.

En poco tiempo, Impulso Agente de Seguros y Fianzas S.A de CV, a través de diversas empresas de su propiedad, obtuvo diversos contratos por parte de la cooperativa que le dieron ingresos por 160 millones 540 mil pesos.

Dichos contratos estaban relacionados con servicios dirigidos supuestamente a los beneficiarios del fideicomiso. Sin embargo, el beneficio no se materializó y las transacciones hechas solo desfalcaron el fideicomiso de los trabajadores.

A cambio de depositar el dinero en sus empresas, los entonces dirigentes cruzazulinos condonaron una deuda que Terroba Wolff tenía con la cooperativa.

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Sepúlveda Junquera señala que estos depósitos fueron solo el inicio de la estrategia mediante la cual los hermanos Álvarez y Víctor Garcés desviaron millones de pesos.

“Una vez condonada (sin facultades y de manera indebida) la deuda a las empresas reportadas, por parte del señor Guillermo Álvarez en representación de la Cooperativa y mediante la estrategia planteada por Víctor Garcés y Afredo Álvarez, Carlos Terroba retiraba los recursos que el Fideicomiso le había otorgado (…) para posteriormente depositarlos en cuentas del señor Garcés, así como a cuentas de Guillermo Álvarez Cuevas, y diversas cuentas de José Alfredo álvarez Cuevas”, se lee en la narración de los hechos.

Los negocios entre los Álvarez y Terroba Wolff continuaron por años. En 2008, Carlos Terroba Wolff y Víctor Garcés firmaron un contrato por “supuestas aportaciones y servicios brindados” por parte de Garcés a una empresa llamada Tecno Maclimited y Blue Consultant. Por estos supuestos servicios, Terroba Wolff pagó casi 4 millones de euros a Garcés.

Creación de empresas fantasma

Años después de esos hechos, en 2012, los hermanos Álvarez y Víctor Gárces pidieron ayuda de sus abogados para “obtener recursos de la Cooperativa sin que pudieran ser auditados o seguir el rastro del dinero para ocultar su origen o destino”.

En su relatoría de hechos, el director jurídico de la Cooperativa, Miguel Eduardo Borrel Rodríguez, señala que esta petición la hicieron durante una reunión al abogado, Ángel Martín Sepúlveda Junquera, y que a él le ordenaron apoyar cualquier instrucción del abogado.

En esa reunión, además de Borrel Rodríguez y Sepúlveda Junquera estuvieron presentes José Alfredo Álvarez, Guillermo Álvarez, Víctor Garcés y Mario Sánchez Álvarez, un sobrino de ‘Billy’ Álvarez que se desempeñaba en el área financiera de la Cooperativa.

Víctor Garcés y Mario Sánchez Álvarez argumentaron que necesitaban esos recursos para “tener contentos” a algunos socios y autoridades, y que en el caso de los socios lo repartirían a manera de ‘bonos’.

Tanto Borrel Rodríguez como Sepúlveda Junquera hacen mención especial de José Alfredo Álvarez, quien supuestamente había sido destituido años antes, pero seguía teniendo poder y tomando decisiones a lado de sus familiares.

Como respuesta a la petición de Víctor Garcés y Mario Sánchez, el abogado Ángel Sepulveda les dijo que una posible forma de hacer lo que querían era retomar el esquema de unos años atrás con la creación de empresas fachada, para mandarles los recursos sin que hubiera quejas de servicios inexistentes, y luego extraer de estas empresas los recursos.

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“En los años siguientes se constituyeron una serie de empresas que utilizaron para desviar gran cantidad de recursos de la Cooperativa, de manera reiterada durante varios años”, se lee en la relatoría de Sepúlveda Junquera.

Según la versión del abogado los pagos que se hacían a esta empresas, eran ordenados por Víctor Garcés, José Alfredo Álvarez y Guillermo Álvarez. Mientras que las transacciones eran gestionadas por Mario Sánchez.

En su relato, Miguel Borrel Rodríguez asegura que él nunca vio “un solo entregable o la materialidad de los supuestos servicios contratados”.

El director jurídico de la Cooperativa dice que incluso Víctor Garcés y José Alfredo Álvarez presionaban al área jurídica a su cargo y al área financiera para que se hicieran los pagos correspondientes.

Si encontraban algún obstáculo pedían la intervención de ‘Billy’ Álvarez, quien ordenaba que de inmediato se hiciera el depósito. En algunas ocasiones, los pagos a estas empresas se anteponían a otros de interés real para la Cooperativa.

Algunos de las empresas creadas en los últimos años para el desvío de recursos fueron:

  • Expertos en Asesoría Empresarial, S.A de C.V.

  • Asesorías Profesionales Eicer, S.A de C.V.

  • Trans Nau, S.A de C.V.

  • Margen Asesores, S.C.

  • Corporativo Facundia, S.A de C.V.

En la versión de Martín Sepúlveda Junquera se dice que durante el tiempo en que los altos mandos desviaron recursos de esta manera, también se le pidió entregar mensualmente, desde 2014 hasta 2018, la cantidad de 800 mil pesos a Miguel Borrel, además de que el 50% de sus honorarios debían ser transferidos a Víctor Garcés.

Por su parte, Borrel acepta que recibía los 800 mil pesos mensuales pero que después debía entregarlos a Guillermo Álvarez, quien a su vez los repartía entre Víctor Garcés y José Alfredo Álvarez.

Según Borrel estas entregas de dinero se hacían en la casa de ‘Billy’ Álvarez y otras veces en su oficina de la Cooperativa.

Adicionalmente, el abogado Sepúlveda Junquera denuncia que durante los últimos años fue víctima de extorsión y amenazas por participar en la organización del esquema de desvíos.

Finalmente Borrel también acusa que Guillermo Álvarez y sus familiares solían actuar en contra de los socios disidentes a su gestión a través de denuncias falsas.

¿Qué piden a cambio?

Las solicitudes de ambos personajes fueron entregadas a la FGR a finales de 2020.

En el caso de Miguel Borrel Rodríguez, la petición a la Fiscalía es que se aplique el criterio de oportunidad a su favor (con lo que se detendría cualquier acción penal en su contra) para presentar su testimonio de manera presencial.

Además se compromete a pagar 5 millones de pesos como reparación del daño.

Mientras que Ángel Martín Sepúlveda Junquera asegura que ya cumplió con la reparación del daño, pide que se le brinde el criterio de oportunidad, que se suspenda el ejercicio de la acción penal y que se le reparen los daños, al haber sido víctima de extorsión.

En julio de 2020, un juez liberó una orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez, y otras cinco personas, entre ellas Víctor Garcés, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

En agosto del mismo año un juez de control de la Ciudad de México giró una nueva orden contra ‘Billy’ Álvarez, su hijo, Robin Álvarez, y otros 7 socios de la Cooperativa por el delito de administración fraudulenta.

Los presuntos desfalcos ascienden a 429 millones de pesos y 44 millones de dólares, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas del exdirectivo, acción que solo duró unos meses luego de que Álvarez presentó un amparo al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, mismo que le fue concedido en diciembre de 2020.

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