La tragedia que envolvió a Rodrigo Roza y al inspector Juan Pablo Roldán, asesinado en 2020 en una esquina cercana al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), sigue generando un profundo debate sobre la crisis de la salud mental en la Argentina. Rodrigo, en un brote psicótico severo, apuñaló y mató al oficial, lo que llevó a su propio fallecimiento a manos del mismo policía en un intento desesperado de defensa. Este doloroso episodio derivó en cuestionamientos a las limitaciones de la Ley de Salud Mental vigente en lo que respecta a la internación involuntaria de personas con trastornos psiquiátricos graves.

En especial, subraya Juan Roza Alconada, hermano de Rodrigo, la necesidad de lograr una definición más específica del concepto de “riesgo cierto e inminente”, el cual se exige para justificar una internación de esas características. Ayer, la asociación civil Icona, de la que es director ejecutivo, y otras organizaciones convocaron a un abrazo en Plaza de Mayo, bajo el lema “Abrazamos la salud mental, abrazamos la vida”.

Juan relata su experiencia personal a LA NACION y aboga por cambios urgentes en la legislación para evitar que situaciones como la de su hermano se repitan. A través de su testimonio, explica cómo la esquizofrenia de Rodrigo fue tratada de manera insuficiente y cómo su familia se vio desbordada por la enfermedad.

Rodrigo vivió gran parte de su vida en Canadá. Tras emigrar en los años 90, logró asentarse en Calgary. Pero la crisis económica de 2008 cambió todo. “Perder su trabajo lo sumió en una profunda crisis emocional”, recuerda Juan. Rodrigo, que hasta ese momento no había mostrado signos de problemas mentales, comenzó a experimentar síntomas de esquizofrenia paranoide. “Lo internaron por primera vez en un pabellón psiquiátrico”, relata su hermano.

En Canadá, Rodrigo fue estabilizado, pero su situación nunca volvió a ser la misma. “Una amiga lo cuidó durante años, pero eventualmente decidió volver a Buenos Aires –recuerda Juan–. Pensamos que estar cerca de la familia podría ayudarlo, pero la realidad fue que su estado empeoró”. De regreso en la Argentina, enfrentó enormes dificultades para encontrar un tratamiento adecuado.

La combinación de una atención médica insuficiente y las restricciones por la pandemia de Covid-19 complicaron aún más todo. “Las sesiones de terapia se volvieron virtuales y él se negaba a participar. Fue entonces cuando dejó la medicación”, comenta Juan, con tristeza. Luego, la situación se complejizó y, por algunos desencuentros con el psiquiatra que lo trataba, no lograron internar a Rodrigo y darle contención de tiempo.

“Necesitamos una ley más clara y efectiva”

“El término ‘riesgo cierto e inminente’ es demasiado ambiguo y genera interpretaciones muy variadas”, sostiene Juan. En su opinión, la indefinición de este concepto lleva a que muchos psiquiatras, ante el temor de enfrentar consecuencias legales, opten por no internar a pacientes en crisis, a pesar de que el riesgo puede ser evidente para quienes los rodean. “Estamos trabajando para proponer una definición más clara, que permita a los jueces y psiquiatras actuar con mayor certeza en situaciones críticas. Queremos acotar esa subjetividad y que los jueces entiendan básicamente qué significa riesgo cierto e inminente”, añade.

Explica que la asociación civil Icona, junto con otras organizaciones, como La Madre Marcha, está promoviendo cambios en la ley para que las internaciones involuntarias sean más accesibles en casos como el de su hermano. “Mi hermano sufría de esquizofrenia paranoide, con delirios místicos e ideas persecutorias. Era evidente que representaba un peligro para sí mismo y para otros”, comenta, con frustración.

Los desafíos de la internación involuntaria

Uno de los aspectos más controvertidos de la ley actual es el requisito de que un equipo interdisciplinario (compuesto por psiquiatras, psicólogos, enfermeros y asistentes sociales) deba decidir sobre la internación de una persona. Según Juan, “en situaciones críticas, como la de una persona atravesando un brote psicótico severo, es casi imposible reunir a todos estos profesionales en el tiempo necesario para evitar un desenlace trágico. Es muy difícil internar. Entonces, esta ley que se dictó en 2010 y que fue reglamentada en 2013, es una ley imposible de aplicar”.

Otro punto crucial es la necesidad de asignar más recursos a la salud mental. “El 10% del presupuesto de salud debería destinarse a salud mental, pero actualmente solo se asigna el 2%”, critica. Para él, esta carencia de fondos hace que muchas disposiciones de la ley –como la creación de dispositivos comunitarios en lugar de hospitales psiquiátricos monovalentes– sean simplemente inviables. “No estamos en contra de los dispositivos comunitarios, pero cerrar los hospitales psiquiátricos sin contar con alternativas adecuadas no es la solución”, enfatiza.

En este sentido, defiende la necesidad de mejorar la infraestructura de hospitales psiquiátricos como los porteños Tobar García (de menores), Moyano (de mujeres) y Borda (de hombres). “Es preferible mejorar lo que ya tenemos antes que cerrar estos lugares y dejar a los pacientes sin atención adecuada”, sentencia.

El rol de la familia y la falta de apoyo

La familia de una persona con trastornos mentales severos juega un rol fundamental en su cuidado, pero Juan señala que muchas veces se sienten desamparados y desbordados por la propia situación. “Las familias no siempre tienen la capacidad emocional o mental para tomar decisiones sobre la internación de un ser querido”, explica. En su opinión, debería ser un equipo médico especializado el encargado de tomar estas decisiones, siempre respetando los derechos del paciente. “Ya existen mecanismos legales que garantizan la protección de los derechos de los pacientes, como la intervención judicial en los casos de internación involuntaria”, afirma.

El deterioro de la salud mental de Rodrigo se profundizó hasta septiembre de 2020. Después de semanas sin medicación y sin el tratamiento adecuado, llegó a un brote psicótico severo. Juan sostiene que la internación involuntaria, lejos de ser una violación de derechos, en muchos casos es la única manera de garantizar la seguridad y el bienestar de las personas con trastornos mentales graves.

“No estamos pidiendo que se quite la libertad a nadie sin justificación, pero en casos como el de mi hermano, el sistema debe actuar de manera más decidida”, expresa. Y concluye: “Modificar la Ley de Salud Mental no es solo una cuestión de justicia, sino de prevenir más tragedias como la de Rodrigo y Juan Pablo Roldán. Sería bueno que se abra un espacio de diálogo con los familiares que somos los que estamos en contacto con las situaciones más complejas”.