Yahoo Noticias Europa exige cuidar a ambientalistas
Inder Bugarin, corresponsal
BRUSELAS, Bélgica., abril 22 (EL UNIVERSAL).- La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México demanda al gobierno aplicar el Acuerdo de Escazú para acabar con la violencia que enfrentan los activistas ambientales que se oponen a la explotación indiscriminada de l os recursos naturales del río Verde en Oaxaca.
La red no gubernamental afirma que el conflicto, que tiene como epicentro la comunidad del Paso de la Reyna, que pertenece al municipio de Jamiltepec, ha cobrado la vida de cinco defensores en dos meses.
Este jueves 22 de abril, Día de la Madre Tierra, entró en vigor el Acuerdo de Escazú, el primer tratado internacional y de América Latina que contiene disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
El pacto adoptado el 8 de marzo de 2018 en ese cantón costarricense, garantiza el acceso a la información, la justicia y la participación pública en asuntos ambientales.
Pero ante todo, explicó el mes pasado la secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, "busca evitar que nadie más sea amenazado, atacado o asesinado por defender el ambiente en nuestra región.
"México ha ratificado el tratado y se ha comprometido por lo tanto a proteger mejor a las personas defensoras de los derechos ambientales. En ocasión de la entrada en vigor del acuerdo, el gobierno mexicano debe poner fin a la impunidad en Paso de la Reyna e impulsar la investigación de los crímenes", subraya la ONG.
Según la plataforma integrada por instancias como el Centro Franciscano de Desarrollo y Misión, Amnistía Internacional Alemania y Pan para el Mundo, la violencia en la región oaxaqueña detonó cuando representantes comunitarios presentaron una serie de demandas contra el modelo de explotación actual del río Verde.
En concreto, presentaron denuncias por "la extracción ilegal de grava en el cauce del río por parte de una poderosa familia que ha ejercido durante generaciones el control político y económico de Santiago Jamiltepec y de amplias zonas de la región costera de Oaxaca", se precisa.
El movimiento de resistencia ha dejado un saldo de cinco asesinatos. El pasado 23 de febrero, Fidel Heras Cruz, presidente del Comisariado Ejidal y activista desde hace muchos años en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), perdió la vida por un disparo en la cabeza.
El 14 y 15 de marzo pasados fueron asesinados tres integrantes del movimiento, Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz y Gerardo Mendoza Reyes, y el pasado 28 de marzo, el defensor Jaime Jiménez Ruiz, fue tiroteado.
La Coordinación Alemana detalla que a le fecha no se ha producido ningún avance en las investigaciones, todos los crímenes siguen impunes y la población local se siete abandonada por las autoridades.
Patricia Rendón de la Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia, afirma que una investigación penal consecuente puede terminar con la violencia.
Además, Brigadas de Paz Internacional (PBI por sus siglas en inglés) teme que la pandemia y los recortes gubernamentales exacerben los abusos contra defensores de derechos humanos.
Explica que la política de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha provocado recortes en 109 fideicomisos, afectando a los fondos para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Tampoco hay claridad si el Mecanismo de Protección o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas podrá seguir con ejercitando el mandato de proteger a defensores y a víctimas.
Sostiene que desde el estallido de la pandemia y hasta octubre, fueron asesinados 18 activistas, de los cuales nueve eran defensores del medio ambiente.
