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Un estudiante denunciado por violación en dos universidades obtiene una beca en una tercera universidad

Yahoo Health
Jennifer Gerson Uffalussy
Colaboradora de redacción

La historia académica del jugador de básquet universitario, Brandon Austin está plagada de detenciones, becas y denuncias por agresiones sexuales. Su historia arroja algo de luz sobre cómo las universidades pueden llegar a recibir, sin saberlo, a estudiantes que podrían ser un peligro para las estudiantes de sexo femenino.

La Universidad de Oregón llegó a un acuerdo por 800.000 dólares con una estudiante que dice que fue violada en grupo por tres miembros del equipo de baloncesto de la universidad.

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(Foto: Wikipedia)

Según la denunciante, durante una noche de copas, entró en un cuarto de baño con tres miembros del equipo. En este punto, cuenta que fue violada en grupo en el baño y, posteriormente, en la habitación. El acusado admitió haber practicado sexo en grupo, pero insiste en que fue consentido.

Hasta aquí, la historia ya es bastante desagradable, pero hay un giro.

La estudiante presentó una demanda contra la universidad en enero por una violación de sus derechos, registrados en el Título IX, por haber admitido en su equipo de baloncesto a un estudiante que ya había sido denunciado por agresión sexual en otra universidad, estudiante que, junto con sus compañeros de equipo, la violó en la Universidad de Oregón.

El Título IX es una ley federal que prohíbe la discriminación por causa de género en cualquier programa educativo financiado federalmente.

“Indiferencia premeditada” frente a la seguridad estudiantil

Brando Austin, el estudiante en cuestión, fue denunciado por agresión sexual en la Universidad de Providence en 2013, donde también formaba parte del equipo de baloncesto. Al igual en el caso de la Universidad de Oregón, la presunta agresión sexual de la Universidad de Providence también implicaba a Austin y a otro miembro del equipo. No se presentaron cargos contra él, y se le permitió dejar el centro, lo que hizo posible que la Universidad de Oregón lo reclutara para su equipo de baloncesto. El otro denunciado de la Universidad de Providence, Rodney Bullock, decidió quedarse allí y sigue formando parte de su equipo de baloncesto.

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Brandon Austin (Foto: Providence College Athletic Media Relations)

Una vez en Oregón, Austin se adaptó rápidamente a la vida en un lugar nuevo y a formar parte de un nuevo equipo.

Según el informe policial, la estudiante estaba en una fiesta fuera del campus cuando fue abordada por cuatro hombres. Uno de ellos se marchó, pero los otros tres se quedaron. Entonces, la piropearon y la llevaron a la planta inferior, donde había un cuarto de baño. Le dijo a una amiga que tenía que sujetarse con fuerza sus pantalones cortos, porque Austin y uno de los otros hombres trataban de bajárselos, y que Austin le quitó el teléfono móvil cuando trató de hacer una llamada a una amiga.

“Brandon era el más agresivo y el más fuerte”, dijo la estudiante de la Universidad de Oregón a los agentes durante la investigación de la violación.

En su demanda, la estudiante –a la que se conoce como Jane Doe por cuestiones de privacidad–,acusó al entrenador principal, Dana Altman, por mostrar una “indiferencia premeditada” ante la seguridad estudiantil al fichar a un estudiante que ya había sido denunciado por agresiones sexuales anteriormente y que acabó cometiendo una violación en grupo en su nueva universidad.

En junio de 2014, Austin y sus compañeros de equipo Dominic Artis y Damyean Dotson, fueron declarados culpables por la violación en grupo, que tuvo lugar en marzo de ese mismo año, de Jane Doe por parte de la universidad. A los tres hombres se les permitió seguir jugando en el equipo de baloncesto de la Universidad de Oregón (e incluso participar en el NCAA Marc Madness) mientras la investigación estaba en marcha. Hasta que las alegaciones de Jane Doe se hicieron públicas, los hombres no dejaron el centro, e incluso entonces, como sucediera con Austin en la Universidad de Providence, no fueron expulsados.

En vez de eso, se les prohibió el acceso a la universidad durante diez años, y se les permitió abandonarla. Desde entonces, los tres han sido fichados por otros equipos universitarios de baloncesto, lo que aparentemente reproduce un patrón trágico y peligroso.

Brandon Austin fue fichado por el Northwest Florida State College, donde consiguió una beca escolar. Artis y Dontson siguen jugando en equipos de primera división: Artis estudia y juega baloncesto en la Universidad de Texas, en El Paso (UTEP), y Dotson lo hace en la Universidad de Houston.

Austin habló recientemente con el canal CBS Sports, donde declaró que tener que jugar en una universidad más pequeña con menos renombre “me abatió. Sé que tengo más nivel. Ha sido una experiencia realmente arrolladora”.

“Soy otra persona. Pasé por cosas que me hicieron ser más fuerte y más listo”, dijo Austin.

¿Realizan las universidades las investigaciones que dicta el Título IX?

“Creo que la queja que más escuchamos por parte de las mujeres jóvenes de todo el país es que, demasiado a menudo, las universidades no llevan a cabo las investigaciones requeridas por el Título IX”, dice Neena Chaudhry, consejera senior del National Women’s Law Center (NWLC) y experta en casos relacionados con el Título IX. “El proceso no es transparente para todo el mundo, y no hay una reacción suficiente cuando se descubre que hay alguien culpable de una agresión sexual. El Título IX necesita ser revisado en profundidad y con rapidez. Es necesario que exista un proceso justo para que todo sea claro, para que los estudiantes sepan cómo denunciar una agresión, cómo tener acceso a distintos servicios (como la asesoría y la adecuación al entorno escolar y habitacional), y que esté claro que queda prohibida cualquier represalia”.

En un principio, la Universidad de Oregón había presentado una contrademanda contra Jane Doe en febrero de este año, diciendo que sus alegaciones podrían disuadir a otras víctimas de presentar una demanda a la policía, pero retiraron la contrademanda tras encontrarse con una fuerte reacción en el campus y de parte de los medios nacionales.

Una situación compleja

Cuando suceden cosas como los acontecimientos de la Universidad de Oregón y de la Universidad de Providence con Brandon Austin, la situación es compleja. Austin nunca fue declarado culpable de una demanda por agresión sexual en la Universidad de Providence, y se le permitió abandonar voluntariamente la institución antes de que hubiera cualquier conclusión en las investigaciones relacionadas con el Título IX.

“A menudo, una universidad acoge con los brazos abiertos a un estudiante que ha abandonado otra voluntariamente, de la misma forma en que un fiscal acepta un acuerdo por el cual el culpable reconoce serlo para reducir su sentencia”, dice Scott Berkowitz, presidente de la Rape, Abuse and Incest National Network (RAINN) a Yahoo Health. “Todo termina y la responsabilidad se evade. Las universidades respiran aliviadas cuando el acusado acepta marcharse voluntariamente”.

Otro problema, explica Berkowitz es que dado que una investigación interna relacionada con el Título IX totalmente independiente de cualquier investigación criminal, tampoco puede conllevar una sentencia que dicte una condena a prisión, que es, según Berkowitz, “la única forma de mantener a los delincuentes alejados de las calles y de proteger a las futuras víctimas”.

Además, indica que “si un estudiante se marcha antes de que se le considere culpable [de agresión sexual], hay complicaciones legales en cuanto a la privacidad del estudiante”, especialmente en lo relativo a lo que una universidad debe comunicar a la otra sobre el estudiante al respecto de todas las alegaciones presentadas contra él.

“Hay un reto en todo esto, que es que incluso si [las alegaciones y las declaraciones de culpabilidad] se comunican entre las distintas universidades, a menos que existan cargos criminales y una estancia en prisión, el problema se extiende más allá. Esa persona todavía forma parte de la comunidad universitaria, de esa misma o de una cercana. No tienes nada que te permita frenarlos”.

Si un estudiante es declarado culpable de agresión sexual en un campus, esa universidad está obligada, según el Título IX, a asegurarse de que se toman las medidas oportunas para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, como por ejemplo supervisar y controlar más al culpable, como explica Chaudhry.

“No tienen la obligación de proteger y de prevenir el acoso”, dice, especialmente cuando saben cuál es el pasado de un estudiante.

Chaudhry dice que el National Women’s Law Center se ha visto involucrado en una gran cantidad de casos relacionados con el Título IX en los que los tribunales han declarado a las universidades culpables cuando estas sabían de las denuncias previas contra una persona y deberían haber aumentado la supervisión de esta pero no lo habían conseguido.

Nos explica que pese a que es importante “asegurarse de que el proceso es justo para todos (nadie quiere que los estudiantes sean discriminados injustamente sin conocerse todos los hechos)”, es siempre importante que las universidades sean justas y concienzudas en sus investigaciones y en las acciones derivadas de estas. “No tienen la obligación de proteger ni de prevenir el acoso” en sus campus, y el acoso es la principal razón para criticar la supervisión adicional sobre los acusados.

Ausencia de un sistema estandarizado

Chaudhry también habla de cómo, cuando se trata de investigaciones sobre el Título IX, no hay un sistema estandarizado ni medidas disciplinarias que puedan aplicarse por igual en distintas universidades. Al igual que en los casos de engaños o de agresiones no sexuales, cada escuela tiene su propio código de honor y una serie de sanciones subsiguientes para los distintos tipos de agresiones.

“Lo peor que puede hacer una universidad es expulsar a un estudiante”, añade Berkowitz, ya que “un caso penal, si prospera, acaba en una pena de prisión la mayoría de las veces”, para aquellos considerados responsables de agresión sexual.

Los distintos tipos de sanciones que puede imponer una universidad y el sistema jurídico son una de las principales diferencias que existen entre una investigación interna, gestionada por la universidad y basada en el título IX, y una investigación penal.

“Es un proceso totalmente distinto”, explica Chaudhry. “Los estudiantes pueden presentar cargos ante la policía además de en relación al Título IX. El Título IX afecta a los programas universitarios y educativos, por eso es tan importante, cuando se llevan a cabo investigaciones propias. Es responsabilidad de una universidad evitar el acoso sexual. Incluso si está teniendo lugar un juicio penal paralelo, en esa investigación no se reflejará el entorno del campus. La universidad tiene la obligación de mantener a sus estudiantes a salvo. Una investigación policial no cambiará, por ejemplo, las cuestiones relativas al alojamiento de los estudiantes que son víctimas de una agresión sexual, aun si comparten clase o habitación con el denunciado. El procedimiento de la universidad puede controlar el entorno educativo, o debería hacerlo”.

Indica que, a menudo, las universidades comenten el error de no investigar las denuncias por agresiones sexuales si saben que la víctima ha presentado cargos penales, “porque piensan que la policía se está haciendo cargo de ello. Pero tienen la obligación de investigar de forma independiente y de controlar un entorno educativo hostil que se crea cuando se dan esos casos, y de proteger a los demás estudiantes a largo plazo”.

“Fue un caso especialmente indignante”, dice Berkowitz sobre el incidente de la Universidad de Oregón. “Estoy contenta de ver que la estudiante agredida consiguió un acuerdo, y espero que ahora haya una mayor alerta que evite que otras universidades cometan el mismo error. Esto hará que las universidades tengan más cuidado” tanto en lo relativo a las precauciones con los estudiantes con antecedentes de agresiones sexuales que pueda haber en el campus como sobre la “protección de la privacidad de las víctimas”.

Ni la Universidad de Oregón ni el Northwest Florida State College han respondido a nuestras invitaciones para aportar sus declaraciones.