Las estrictas políticas de inmigración de Trump se promocionan entre los votantes

McALLEN, Texas — La directiva del Departamento de Seguridad Nacional se reunió el 29 de octubre bajo la sombra de pilonas de acero de 9 metros pintadas de negro para promover la inminente finalización de 643 kilómetros del muro fronterizo del presidente Donald Trump.

La motivación política del momento no pasó desapercibida ante nadie, a cinco días de las elecciones.

“La única razón por la que no hemos tenido otra crisis es debido a las políticas y procedimientos que este gobierno implementó durante los últimos años, incluyendo la construcción de un sistema efectivo de muro fronterizo”, les dijo Chad Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, a periodistas, fotógrafos y camarógrafos. “Abolir estas medidas o revertir el curso no es en absoluto una forma de avanzar”.

La inmigración no ha sido un tema central en la contienda entre Trump y el exvicepresidente Joe Biden, el candidato demócrata, pero el futuro de algunas de las políticas de línea dura del presidente en la frontera será determinado por los resultados.

El Departamento de Seguridad Nacional se ha estado apresurando para cumplir con la promesa de Trump de completar 724 kilómetros de muro fronterizo antes de fin de año. Según funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la agencia todavía está a una semana de llegar a la marca de los 640 kilómetros y casi toda la construcción se ha realizado en áreas donde ya existía un cercado en deterioro o barreras para vehículos.

Pero la estructura de acero en la frontera, construida sin la aprobación del Congreso, es una especie de monumento a la determinación del presidente. Ha afectado al medioambiente, a los propietarios de terrenos privados y al trabajo de los agentes fronterizos, según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.

En los últimos días, los directivos del departamento han recorrido la nación, incluyendo estados decisivos, para enfatizar los arrestos de rutina que ha realizado el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, criticar a los demócratas y atacar las políticas de las llamadas ciudades santuario. La agencia también ha colocado vallas publicitarias en Pensilvania para advertir sobre los peligros que plantean los inmigrantes sin estatus legal.

Todo esto ha amplificado las críticas de que el departamento se ha convertido en un brazo de la campaña de Trump.

“Hay políticas partidistas detrás de esto, no razones operativas”, afirmó David Lapan, exportavoz de los departamentos de Seguridad Nacional y de Defensa del gobierno de Trump. “Durante el mandato de Trump, se ha percibido que el Departamento de Seguridad Nacional está cada vez más politizado”.

El organismo de vigilancia gubernamental sin fines de lucro American Oversight solicitó que el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional investigara si la directiva superior había violado la Ley Hatch, la cual prohíbe a los empleados federales participar en actividades políticas mientras desempeñan sus labores.

Frente a una fila de agentes de la Patrulla Fronteriza, Wolf desestimó las críticas y defendió las políticas que han detenido de forma efectiva la migración a través de la frontera suroeste, lo que ha dejado a familias en miserables campamentos de carpas en algunas de las áreas más peligrosas de México.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional también atacaron las propuestas políticas de Biden, quien se ha comprometido a detener la construcción del muro y a poner fin al programa “Remain in Mexico” (permanecer en México) que ha obligado a decenas de miles de migrantes a esperar en México hasta la fecha de las audiencias judiciales de sus solicitudes de asilo.

Mark Morgan, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, dijo que las políticas de Biden provocarían una “invasión” de migrantes, aunque reconoció en otra entrevista que la mayoría de los migrantes que cruzaron la frontera el año pasado no eran criminales, sino familias centroamericanas huyendo de la pobreza.

Cuando se le preguntó en una entrevista si su lenguaje podía incitar a la violencia, Morgan respondió de forma defensiva.

“Eso es lo que la gente quiere concluir de inmediato, ¿no?, que estamos siendo xenófobos, que somos racistas, ¿cierto?”, dijo, y añadió: “No tengo ningún problema en decir que la inmensa mayoría de quienes intentan entrar de forma ilegal a Estados Unidos no son malas personas, ¿de acuerdo? Pero algunos lo son. Entonces, mi pregunta es: ¿cuántos de ellos son así?”.

La mayoría de los cruces ilegales hacia Estados Unidos en los últimos años se han realizado en el Valle del Río Grande en Texas, pero en esa área solo se han construido 11 kilómetros de muro.

Los propietarios de tierras privadas en el sur de Texas afirman que el muro atravesará sus propiedades. Han obligado al gobierno de Trump a pasar por el arduo proceso de determinar la expropiación en los tribunales. Para cumplir con los 724 kilómetros prometidos por Trump, el gobierno ha concentrado la construcción en áreas pertenecientes al gobierno federal, sobre terrenos que ya impiden el cruce de la frontera.

El gobierno de Trump ha asegurado cerca de 15.000 millones de dólares para construir 1176 kilómetros de muro fronterizo y gran parte del dinero ha sido transferido del Departamento de Defensa y de fondos que habían sido asignados por el Congreso para proyectos de construcción militar e incautación de narcóticos.

Ahora que la fecha límite del presidente se acerca, el gobierno ha intensificado los procedimientos judiciales contra los propietarios de tierras en el sur de Texas. Ha presentado 106 demandas en contra de propietarios este año para inspeccionar, incautar y potencialmente comenzar la construcción en esos terrenos, un incremento comparado con las 27 demandas presentadas en 2019, afirmó Ricky Garza, abogado del equipo del Texas Civil Rights Project (también conocido como Oficina Legal del Pueblo Unido, Inc.). El gobierno federal presentó 22 casos tan solo en septiembre.

“Este es un ataque contra nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestra propia identidad, y es por eso que estamos luchando”, dijo Melissa Cigarroa, una propietaria que aseguró que el gobierno había amenazado con demandarla a fin de tener acceso a su propiedad en el condado de Zapata, Texas. “Lo sentimos de forma visceral”.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional afirman que el muro fronterizo es crucial. Le ha permitido a la agencia canalizar la migración hacia áreas específicas, donde pueden desplegar de forma estratégica a los agentes de la Patrulla Fronteriza para arrestar migrantes. Dicen que les ha permitido a esos agentes realizar más arrestos en vez de atender a familias que buscan protección.

Este mes, se espera que la agencia registre el total mensual más alto de cruces ilegales del año, dijo Wolf. Sin embargo, el bloqueo al proceso de asilo no provino de un muro de acero, sino de una maraña de cambios de políticas, en especial la de “Remain in Mexico”, la cual ha obligado a más de 60.000 migrantes a regresar a México a esperar las fechas de los tribunales para la evaluación de sus solicitudes de asilo.

El departamento también ha utilizado una declaración de emergencia de salud pública para enviar de vuelta rápidamente a los migrantes, incluyendo niños sin compañía, a México o a sus países de origen sin brindarles la oportunidad de que sus solicitudes de asilo sean escuchadas.

Si bien el departamento ha dicho que esta medida ha evitado la propagación de enfermedades en Estados Unidos, los abogados de inmigración dicen que entra en conflicto con las leyes de inmigración que dicen que los migrantes deben tener la oportunidad de que se escuche el temor que sienten por la persecución en sus países de origen cuando pisan suelo estadounidense.

This article originally appeared in The New York Times.

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