Cuando Horacio Rodríguez Larreta dispuso la estatización temporal del servicio de acarreo de autos mal estacionados para evitar un revés en la Legislatura y una eventual fractura del bloque oficialista tras la presión de Elisa Carrió, no habría tenido en cuenta un conflicto que esa decisión traería aparejado: su aval a la famosa “ley Moyano”. Se trata del despido, indemnización y contratación inmediata del personal enrolado en el convenio colectivo 40/89, del Sindicato de los Camioneros, cuando una empresa cambia de manos y se traspasa al personal. Es un pacto no escrito que el gremio hizo propio en la Ciudad de Buenos Aires desde los tiempos en los que Mauricio Macri estaba a cargo del distrito.

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A través del decreto 284/22, Rodríguez Larreta dispuso la semana pasada dar de baja el servicio de las empresas Dakota-STO y BRD-SEC, que operaron con contratos vencidos desde 2001 y sucesivas prórrogas a cambio de un canon irrisorio ($55.000 mensuales). La normativa, además, estableció el traspaso del personal a Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) hasta tanto se inicie el proceso de licitación del servicio. De los tres pasajeros que ocupan el vehículo de remolque, dos de ellos están enrolados en el gremio de los Moyano, según precisaron fuentes oficiales y sindicales.

Por eso, Pablo Moyano anunció ayer una marcha para la semana que viene para que se conserve el mismo convenio con los 500 trabajadores que pasaron a la órbita del estado porteño. “Hay 500 trabajadores que la Ciudad ha decidido que pasen a AUSA. Hemos visto cómo los legisladores del peronismo y distintas fuerzas han acompañado esa decisión. No nos importan las empresas, pero ningún legislador pensó en los 500 trabajadores que están encuadrados en el sindicato de camioneros. Quieren estatizarla, llevarlos a otro convenio para sacarles los derechos y cobrar la mitad del sueldo”, señaló Moyano sin haber revisado la letra chica de lo anunciado por Larreta.

El desafiante mensaje del sindicalista no contempló que el decreto oficial y el pliego de licitaciones, en su artículo 54, conserva intactos los privilegios de los camioneros . “El oferente deberá absorber a su exclusivo cargo y costo, en los términos del convenio 40/89 [el de los camioneros] a la totalidad del personal operativo, en relación de dependencia, que al momento de la licitación se encuentre prestando servicios”, establece la normativa. Y agrega: “No será imputable al Contratista cualquier costo o diferencia emergente del cálculo y pago de indemnizaciones que pueden corresponder al periodo previo al inicio el nuevo contrato”.

El interrogante que surge ahora es el siguiente: ¿Quién se hace cargo de la indemnización de los camioneros? ¿El estado porteño o la concesión actual, que fue desplazada? Dos abogados del equipo de legales del gremio no tenía anoche una definición sobre el conflicto.

La raíz de la demanda “ley Moyano” se remonta a los tiempos de sintonía fina con la familia Macri. Hugo Moyano, el histórico jefe, acumulaba muchos años de relación con Franco Macri por el manejo de la recolectora de residuos Manliba. Mauricio, siendo jefe de gobierno porteño y ya con sus intenciones de dar el salto a la Casa Rosada, no solo que mantuvo el vínculo que heredó de su padre sino que lo estimuló al validar el pago de indemnizaciones a los trabajadores del servicio en cada renegociación de los contratos, con la garantía de que además conservaban sus puestos. La gestión de Pro afrontó entonces una deuda por indemnizaciones pendientes desde 1998, cuando culminó el contrato con la empresa Manliba.

Nació así lo que algunos denominan la “ley Moyano”. Que se volvió a imponer recientemente en otros casos, como el de Walmart, a pesar de que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, no la reconozca.

En la Secretaría de Transporte porteña, que está a cargo del seguimiento de la puesta en marcha del servicio, informaron que no son 500 los trabajadores, sino 350. Además, aseguraron que “el personal va a conservar sus puestos de trabajo”.

El desembarco de los Moyano en AUSA abre en paralelo un conflicto intra sindical. En AUSA manda hoy el Sindicato de Empleados de Comercio, a cargo de Armando Cavalieri, histórico rival de los camioneros y aliado al gobierno porteño. Por este motivo, funcionarios porteños exploran alternativas para reubicar a los 350 trabajadores de Moyano. Barajan dos alternativas: La Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado o Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado. De todos modos, para avanzar en esas posibilidades habría que modificar el decreto que firmó Larreta la semana pasada.