La Estafa Maestra: avanza al Senado juicio político contra Rosario Robles

Nayeli Roldán (@nayaroldan)
Rosario Robles

El juicio político en contra de Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, avanza al Senado. Con 270 votos a favor y cero en contra, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo para acusar a la exfuncionaria ante la Cámara de Senadores, quien se encargará de determinar sanción en caso de encontrarla responsable de violar reglamentos de la administración pública.

La Cámara de Diputados determinó que hay elementos para sostener la responsabilidad por “actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho cometidos en sus funciones”, según el acuerdo leído por Laura Rojas, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de los Diputados.

La Sección Instructora que realizó la investigación determinó que existen elementos para determinar que Robles violó reglamentos de la Administración Pública, toda vez que en las dependencias que encabezó ocurrieron presuntos desvíos de recursos públicos.

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El dictamen discutido, también retomó la investigación periodística hecha por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, en el que se revela que 11 dependencias de gobierno hicieron convenios con 8 universidades públicas por más de 7 mil millones de pesos.

Éstas a su vez subcontrataron a universidades públicas para supuestamente cumplir servicios pero resultaron ser fantasma o ilegales, por lo que los recursos públicos desaparecieron.

La diputada de Morena, Tatiana Clouthier, quien realizó la denuncia en contra de Rosario Robles que dio origen al procedimiento de juicio político, aseguró que “quizá el método de La Estafa Maestra fue el caso más notorio (de corrupción) del sexenio pasado porque reveló el método por el cual se desviaron recursos  públicos y porque los millones de pesos que se esfumaron estaban dirigidos a aliviar problemas como la salud, la educación o la falta de alimento. Por eso es imposible soslayar La Estafa Maestra y que no tenga consecuencias política”. 

Por ello, dijo en tribuna, el juicio político es el mecanismo mediante el cual la malversación de recursos no quede impune y para cumplir con la demanda ciudadana de combatir la corrupción.

“El instrumento de juicio político es una medida para llamar a cuentas a aquellos funcionarios públicos que dieron la espalda al juramento que hicieron al tomar protesta de su encargo”.  

Sin embargo, en su oportunidad, Alberto Javier Sánchez Rojas, abogado defensor de Rosario Robles, aseguró que este procedimiento se trata de una “crónica de una sentencia anunciada” porque la exfuncionaria ya está siendo juzgada penalmente, pues enfrenta un procedimiento judicial incluso desde la cárcel. 

También ya hubo una resolución de la Secretaría de la Función Pública en la cual determinó una inhabilitación por 10 años. Lo cual significa que “ya no hay materia para este juicio político, no la puede separar de un cargo porque ya no tiene ninguno.

Sólo el escarnio público, es exhibirla públicamente, de violar los derechos a los que tiene acceso cualquier ciudadano y violación a la presunción de inocencia”, dijo. 

Luego de conocerse la votación, la exfuncionaria respondió a través de su cuenta de Twitter: “Del tamaño de su atropello es el odio y el miedo que me tienen. Ninguna “fuerza moral” puede construirse abusando del poder para ejecutar una venganza cargada de saña. Esto va para el que tira la piedra y esconde la mano”.


 

El diputado de Morena, Pablo Gómez, quien preside la Sección Instructora, rechazó esa versión y aseguró que la Cámara tenía la obligación de ejercer sus facultades legales para llevar a cabo este juicio político ante el señalamiento de irregularidades hecho por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante varios años de revisión del gasto público. 

“No es un asunto personal, la Sección Instructora mantuvo un curso permanente de averiguar lo que había pasado. No nos interesa la persona, sino las funciones que desempeña y el gobierno al que pertenecía, porque no son hechos aislados. Hemos tomado la Estafa porque ASF puso todo en clave, pero esa Estafa está presente en Pemex y otros lados, que no investigamos porque nos ceñimos a la ley”, dijo en tribuna.

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El diputado Gómez, junto con las diputadas Martha Ramírez, Ana García, sostendrán la acusación en contra de Robles ante el Senado, para continuar con el juicio político.

Vinculan a proceso a dos exfuncionarios de Quintan Roo

A tres años de iniciar la carpeta de investigación, dos exfuncionarios del Sistema Quintanaroense de Comunicación de Comunicación Social fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en La Estafa Maestra.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) acusa un posible daño patrimonial de 743 millones 804 mil pesos derivados de los convenios realizados entre el Sistema Quintanaroense con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para hacer supuestas campañas de comunicación social entre 2015 y 2016.

Los imputados son Jorge N, quien era director general del Sistema Quintanarroense y Gerardo N, quien fue director general de Administración y autorizó 104 órdenes de pago a 37 empresas para supuestamente hacer los servicios. 

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Sin embargo, “no existen, en su mayoría”, la comprobación de que los servicios se hayan realizado, sobre todo porque la Fiscalía comprobó que el Sistema Quintanaroense contrató a 37 proveedores, pero sólo 4 estaban en el registro de proveedores del estado, pero el resto “no eran empresas sólidas ni mucho menos reales”, asegura la fiscal, Rosaura Villanueva Arzápalo.

En entrevista con Animal Político, la titular de la Fiscalía Anticorrupción en el estado, confirma que su investigación deriva de las las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) y la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes).

La investigación incluye 84 contratos de prestación de servicios realizados entre el Sistema Quintanaroense con 37 proveedores, aunque la mayoría ni siquiera tienen dirección en el estado.

Los imputados están acusados por el delito de desempeño irregular de la Función Pública, en la carpeta administrativa 413/2018, pero la investigación no estará limitada a reglamentos administrativos, sino a encontrar el destino final del dinero, asegura la fiscal.

La Fiscalía Anticorrupción tendrá cuatro meses para recabar pruebas en el caso, por lo que entablará contacto con la Fiscalía Anticorrupción Federal, informa Villalpando, toda vez que se trata de recursos de la Federación y a que la extitular de la Sedatu, Rosario Robles, también se encuentra en un proceso penal.

Los convenios tenían como servicio “desarrollar la estrategia y programa anual de comunicación social, desde la estrategia, creatividad, producción y la difusión en radio y televisión para desarrollar campañas de comunicación; el planteamiento conceptual base para diseño y edición de material en audio, en video y gráfico y la edición de posteriores piezas de comunicación”, según establecen los convenios.

De acuerdo con las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, hay al menos siete convenios entre el Sistema Quintanaroense y la Sedatu entre 2015 y 2016; sin embargo, las denuncias penales por este posible desvío ocurrió hasta octubre de 2018. Es decir, la investigación en el ámbito local fue antes que la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.

En la audiencia de vinculación a proceso, es decir, cuando el juez determinó que sí había materia para continuar el proceso judicial, los imputados se reservaron su derecho a declarar, por lo que hasta el momento no conoce el “móvil”, es decir, no se sabe por qué decidieron contratar a esas empresas o si alguien les dio la orden de hacerlo, explica la fiscal de Quintana Roo.

De acuerdo a la legislación del estado, por este delito se prevé una pena de cárcel de entre 6 meses a 3 años, más la reparación de daño, que sería proporcional al monto que se compruebe como desviado.

Por lo pronto, el juez impuso medidas cautelares a los dos imputados que incluye el uso de brazalete electrónico, presentarse cada mes ante la autoridad judicial, y también embargo de bienes.

En el caso de Jorge N se ordenó el embargo de cuatro en el municipio de Benito Juárez, ocho automóviles y una motocicleta. Mientras que a Gerardo N, le embargaron siete predios, en Benito Juárez, Othón P. Blanco, en Quintana Roo, y en Mérida, Yucatán; más cuatro vehículos, uno de ellos de lujo.

 

 

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