Estados Unidos y la Unión Europea rechazan reelección de Fiscal General de Guatemala

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/ Gobierno de Guatemala

Este lunes 16 de mayo el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció que Consuelo Porras, actual Fiscal General, ocupará el cargo por un periodo más. La reelección de la jefa del Ministerio Público de este país fue duramente criticada por la sociedad civil y entidades internacionales, entre ellas el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ya la ha sancionado dos veces.

La gestión de Consuelo Porras, quien en 2016 fue electa en su primer período como Fiscal General, ha sido señalada por ex fiscales y ex jueces de obstruir investigaciones de corrupción que involucran a los tres poderes del Estado de Guatemala y al mismo presidente Giammattei.

Eso le valió que en septiembre de 2021 el Departamento de Estado de EEUU la sancionara e incluyera en la Lista Engel, un registro de actores considerados antidemocráticos y corruptos. En esta designación también fue incluido Ángel Pineda, Secretario General de Porras.

A su trayectoria se suma una mancha más: cuatro horas después de que el presidente de Guatemala anunciara que la reeligió, Antony Blinken, Secretario de Estado, dijo a través de Twitter que los “actos corruptos de la Fiscal General Porras dañan la democracia del país”. Minutos más tarde el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una segunda sanción contra la funcionaria, esta vez más grave: fue designada bajo la Sección 535, debido a su “participación en importantes actos de corrupción”.

“Durante su mandato, Porras obstruyó y socavó repetidamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos”, dice el comunicado difundido por el Departamento de Estado.

Según Estados Unidos, el patrón de trabajo de Porras incluiría ordenar a los fiscales que ignoren casos basados en consideraciones políticas y despedir a quienes investigan casos relacionados con actos de corrupción de alto nivel. Uno de los despidos más mediáticos fue el del fiscal Juan Francisco Sandoval, quien fue destituido del cargo en un proceso que denunció fue ilegal. Sandoval vive ahora en Washington, exiliado junto a otros cuatro ex fiscales y la ex jueeza Erika Aifán. Tanto Sandoval como Aifán fueron reconocidos por Estados Unidos como “campeones anticorrupción”.

La sanción contra Porras se extiende a su esposo, el también fiscal Gilberto Porres. Con esto ambos pierden la visa y, la institución reduce la posibilidad de trabajar en conjunto con agencias de Estados Unidos en el combate al crimen.

El Ministerio Público respondió al Secretario de Estado, Antony Blinken, a través de Twitter que “no están subordinados a ninguna entidad internacional”.

“La Fiscal General no acepta ningún tipo de intervención ni presión”, se lee en la cuenta oficial de la institución.

La Unión Europea (UE) también se pronunció contra Porras. A través de un comunicado este organismo dijo que la decisión del presidente Giammattei de reelegirla pese a los señalamientos, plantea preocupaciones “sobre el compromiso de las autoridades guatemaltecas para combatir la corrupción”.

“Forma parte de un patrón más amplio de intimidación y hostigamiento que ha llevado a más de 20 operadores de justicia a abandonar el país”, señala la UE.

Una de las acciones que demostrarían esa corrupción es la persecución penal que Porras emprendió contra jueces, fiscales, abogados y periodistas independientes, sugiere el comunicado de este organo internacional.

Esta situación fue denunciada pública y legalmente por Juan Francisco Sandoval, ex fiscal y jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la unidad dentro del Ministerio Público que investigaba los casos de corrupción contra políticos de turno. Sandoval fue despedido con una sola firma: la de Consuelo Porras. En una entrevista el ex fiscal dijo que su salida se debió a que estaba investigando dos denuncias que involucraban al presidente Giammattei.

Llaman a protestar

Dentro de Guatemala también hubo reacciones. Las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, una de las organizaciones indígenas más grandes y antiguas del país, dijeron en conferencia de prensa que no estaban de acuerdo con la reelección de Porras y que convocarían a acciones públicas para pedir que se anule el nombramiento.

“El pueblo demanda que se revierta su decisión”, dijeron en un mensaje al presidente Giammattei.

Los señalamientos de corrupción contra altos funcionarios públicos no son una cosa nueva en Guatemala. Según el Índice de Percepción de Corrupción, realizado por Transparecy International, este país es uno de los peores calificados en el mundo en sus esfuerzos contra este crimen. Guatemala está sitúada en el puesto 150 de 190 naciones evaluadas.

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