Los estados republicanos buscan preservar los frenos fronterizos de Estados Unidos de la era Trump

Por Ted Hesson

WASHINGTON, 22 nov (Reuters) - Un grupo de estados con fiscales generales republicanos tomó medidas legales para mantener vigentes las restricciones fronterizas aplicadas durante la pandemia, declaradas ilegales por un juez estadounidense, con el objetivo de preservar una política que permite al gobierno expulsar a cientos de miles de migrantes.

Quince estados pidieron el lunes al juez de distrito Emmet Sullivan que les permita sumarse al litigio sobre la política, conocida como Título 42, que ha estado en vigor desde marzo de 2020, al comienzo de la pandemia COVID-19.

Implementada inicialmente como una política de salud pública por el gobierno del expresidente republicano Donald Trump y extendida por el presidente demócrata Joe Biden, el Título 42 permite a las autoridades estadounidenses enviar a los migrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México de vuelta a México, o a otros países, sin la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos.

Sullivan, en el Distrito de Columbia, dictaminó el 15 de noviembre que la orden violaba la ley federal y el Gobierno pidió cinco semanas para prepararse a ponerle fin.

Pero ahora la moción de los estados sienta las bases para una prolongada batalla legal que pone en duda el futuro de la política.

Desde que Biden asumió el cargo en enero de 2021, se ha detenido a un número récord de migrantes en la frontera y los republicanos dicen que poner fin al Título 42 atraerá a más personas.

Tras el fallo de Sullivan, el gobierno de Biden dijo que estaba haciendo planes para gestionar la frontera sin la orden. El caso fue presentado originalmente por familias solicitantes de asilo contra el gobierno de Estados Unidos, alegando que los migrantes devueltos a México se enfrentan a graves daños.

Los estados dijeron en su moción para intervenir en el caso que estados fronterizos como Arizona y Texas se enfrentarían a un "aumento de los flujos de migrantes" y que, dondequiera que los migrantes terminen, "impondrán cargas financieras a los estados que los acojan involuntariamente".

Si Sullivan permite que los estados intervengan en el caso, pueden impugnar su decisión de invalidar la política ante la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia. Los estados también podrían llevar el asunto a la Corte Suprema, donde hay una mayoría de jueces conservadores.

(Reporte de Ted Hesson en Washington; reporte adicional de Kristina Cooke en San Francisco. Editado en Español por Ricardo Figueroa)