Estado de derecho, un indicador endeble en México

Adherirse al Estado de derecho no significa otra cosa más que todas las personas, instituciones y entidades de un país se sujeten al cumplimiento de la ley, la cual debe ser respetuosa de los derechos humanos y aplicarse de forma equitativa, justa y eficiente.

El Estado de derecho es, sobre todo, un principio que vincula a autoridades y ciudadanía mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites. El desafío de esta tríada es que los ciudadanos vivan en armonía, accedan a mejores oportunidades, participen en las decisiones de sus comunidades y disfruten de una vida y un patrimonio seguros.

Por ello, según opinión del organismo internacional World Justice Project, el Estado de derecho es uno de los pilares sobre los cuales las sociedades pueden impulsar la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible, la democracia efectiva y la paz.

Sin embargo, el ideal de ese principio está muy alejado de la realidad mexicana. De acuerdo con el mismo World Justice Project, todas las entidades federativas de México tienen retos importantes en la materia, pues están por debajo de la mitad de la calificación idónea y tienen grandes desafíos para alcanzar un Estado de derecho sólido y robusto.

La observación no es gratuita, pues se desprende del “Índice de Estado de derecho en México 2021-2022”, el cual el World Justice Project elaboró y presentó en el país por cuarta ocasión y evalúa a todas las entidades federativas de la república mexicana.

LOS OCHO FACTORES DEL ESTADO DE DERECHO

Este índice ofrece datos organizados en ocho factores que enmarcan el concepto de Estado de derecho: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. También refleja las perspectivas y experiencias de más de 12,800 personas en todo el país y de 2,100 especialistas en justicia civil, penal y laboral y salud pública, además de los resultados de una multiplicidad de encuestas y bases de datos.

El índice utiliza una escala de 0 a 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de derecho. Los estados con los puntajes más altos son Querétaro (0.49), Yucatán (0.47) y Guanajuato (0.46). Mientras, las entidades con los puntajes más bajos son Quintana Roo (0.36), Morelos (0.35) y Guerrero (0.34).

“¿Qué es lo que está pasando en México?”, se pregunta Alejandro González, director de Proyectos de Estado de Derecho del World Justice Project, en charla con Newsweek en Español. “A pesar de que tenemos buen régimen normativo, la capacidad institucional no está dada. Y, al contrario, se ha venido deteriorando para que el conjunto de principios, valores y normas de orden constitucional sea realmente el que fije la actuación cotidiana de las autoridades públicas”.

De acuerdo con González, la media de la calificación de este año fue de 0.41 en la escala de 0 a 1, lo cual indica que existe una brecha importante entre el promedio general y el estado idóneo. “La entidad con la mayor puntuación es Querétaro, y no alcanza ni siquiera la mitad de la escala con su 0.49. Como podemos ver, no solo en promedio tenemos un nivel precario de adherencia al Estado de derecho, sino que, además, ni siquiera la entidad mejor calificada está en condiciones favorables”.

¿QUÉ HACER ENTONCES?

González Arreola, egresado de la Universidad La Salle y maestro en Gestión Pública por la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, añade que subir en el índice implica que las entidades federativas logren identificar dónde están sus principales rezagos y se comprometan con la mejora continua y el fortalecimiento de manera consistente de los principales retos que tienen.

“Lo que hace el World Justice Project, además de generar un informe general, es realizar reportes entidad por entidad donde identificamos las principales fortalezas y los retos y planteamos cuáles podrían ser las alternativas de mejora en términos de fortalecimiento. Justo lo que nos interesa es que, con base en estos diagnósticos y estos elementos, los gobiernos estatales, ejecutivos, legislativos, los poderes judiciales, puedan tomarlos como una guía básica para comenzar”, explica el directivo.

—¿En cuáles de los factores que enmarcan el concepto de Estado de derecho están más débiles las entidades de México?

—El principal tiene que ver con el factor límites al poder gubernamental. Toda democracia se basa en la ley legítima promulgada de manera transparente y democráticamente generada a partir de una legislatura, pero obviamente tiene leyes y esas leyes limitan no solamente a las personas, sino también regulan al propio poder público. Este debe tener la capacidad para respetar esas normas, debe hacer únicamente aquello para lo que está facultado de acuerdo con la norma.

LÍMITES AL PODER GUBERNAMENTAL

“Los límites al poder gubernamental se expresan en términos muy operacionales —continúa Alejandro González—. Por ejemplo, por cómo el Poder Legislativo establece su función dependiendo de los pesos y contrapesos con el Poder Ejecutivo, o cómo el Poder Judicial ejerce sus funciones de control jurisdiccional y de contrapesos a las decisiones del Poder Ejecutivo. Por otro lado, si existen o no las condiciones para que los medios de comunicación y la sociedad civil realicen su labor en términos de control democrático sobre los gobiernos. Lo mismo para las instituciones, entidades de fiscalización superior o las comisiones de derechos humanos”.

“Lo que hemos notado es que la capacidad de todos estos factores para ejercer una función real y sustantiva de contrapeso respecto de los ejecutivos estatales se ha debilitado, lamentablemente. Es decir, los límites del poder gubernamental han venido siendo cada vez más precarios”.

—¿Y el factor justicia penal cómo se encuentra?

—Hay un deterioro del sistema de justicia penal. Evaluamos no a los tribunales per se, que son parte, sino a todo el ecosistema de justicia penal, es decir, el proceso de procuración, impartición y administración de justicia en materia penal. En 14 estados hemos tenido retrocesos: las investigaciones, la capacidad de los ministerios públicos para realizar investigaciones completas, coherentes, de calidad, se ha deteriorado de manera fuerte. Seguimos teniendo una importante cifra de delitos que no se denuncian, mucho menos se resuelven, y seguimos teniendo, sobre todo, una carencia para acceder a los servicios de justicia. N

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