Espionaje ilegal: un acusado confesó que espió a funcionarios de Pro y a jueces por 15.000 pesos cada hackeo

El exministro de Seguridad y Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, fue una de las víctimas del hackeo. La revelación de chats producto de esa intrusión ilegal generó su salida del gobierno porteño
El exministro de Seguridad y Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, fue una de las víctimas del hackeo. La revelación de chats producto de esa intrusión ilegal generó su salida del gobierno porteño - Créditos: @Archivo

Hackear a un ministro, a un juez federal o a un fiscal es barato en la Argentina. Cuesta apenas 15.000 pesos. Así lo confesó Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, un joven de 22 años, oriundo de Eldorado, Misiones, ante la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Justicia porteña, Daniela Dupuy. Y aportó una palabra singular: “Gurises”.

Nuñes Pinheiro está acusado de haber intrusado decenas de teléfonos; entre ellos, los del exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, otros dos funcionarios de Pro y al menos tres magistrados en la mira del kirchnerismo, incluidos dos de los que condenaron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Lejos de negarlo, admitió los hechos para despegar a su entorno.

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“Le interesaba desligar al resto. Insistió varias veces en que no tenían nada que ver”, indicó a LA NACION una fuente tribunalicia al tanto de su declaración, en la que Nuñes Pinheiro exculpó a su padre y a los restantes acusados: Antonio Aquino, Julio César Escobar y Cecilia Mercado. Y aportó varios indicios sobre su metodología de trabajo y de selección de víctimas.

Según Nuñes Pinheiro, una de sus fuentes recurrentes de ingresos era la intrusión ilegal de teléfonos móviles a través de SIM-swaps. Es decir, la duplicación de los chips para tomar el control de los dispositivos y acceder a su contenido, que podía abarcar desde la agenda de contactos a los intercambios de mensajes por servicios como Telegram. En ocasiones, relató, avanzaba por interés propio -por ejemplo, para vaciar cuentas bancarias ajenas-, pero en otras lo hacía por encargo de terceros.

“Dijo que estaba acostumbrado a trabajar así”, precisó una fuente judicial. Es decir, que un tercero -que jamás se identificó por su nombre real, según la declaración- le pidiera que hackeara el teléfono de un “objetivo” -así lo denominó- a cambio de $15.000 que podían abonarle a través de alguna plataforma de criptomonedas.

“Nuñes Pinheiro dijo en un momento que a él le daba igual quién” era la persona en la mira. O, en la jerga, su “objetivo”. Lo contrataban para eso y actuaba en consecuencia. Así es como accedió de manera ilegal al contenido de los teléfonos del entonces ministro D’Alessandro, que luego él o terceros difundieron, por tramos, a través de Internet.

Los “objetivos” abarcaron a otras personas que estaban en la mira del oficialismo. Desde el diputado nacional y precandidato a gobernador bonaerense por Juntos por el Cambio, Diego Santilli, hasta el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos y dos de los integrantes del tribunal oral que condenó a la vicepresidenta, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Nuñes Pinheiro adujo ignorar quién o quiénes lo contrataban para desarrollar tareas de espionaje ilegal . Precisó que jamás mantuvo un encuentro personal con esas personas y que apenas una vez escuchó la voz de uno de ellos, que cree que no era porteña, ni bonaerense, sino que era como él, oriunda de Misiones, por una palabra que utilizó: “Gurises”.

Autores intelectuales

Tras escuchar al ahora hacker confeso -quien se presentó junto a su abogado defensor-, según indicaron desde los tribunales porteños, la fiscal Dupuy buscará avanzar sobre el siguiente eslabón de esta trama de espionaje ilegal con la esperanza de llegar hasta sus autores intelectuales, con varias medidas de prueba. Entre ellas, el análisis de los mensajes que intercambió Nuñes Pinheiro -si no fueron eliminados de manera definitiva- y la revisión de quince dispositivos electrónicos.

Esos dispositivos, cuyo contenido completo se copió durante los allanamientos que se desarrollaron en Eldorado la semana pasada, son cinco celulares Iphone, dos teléfonos Samsung, cuatro celulares Motorola, una Apple Macbook y tres notebooks. Todo eso está bajo revisión ahora.

Los investigadores judiciales buscan precisar, además, si Nuñes Pinheiro ingresó por su cuenta al sistema del Registro Nacional de las Personas (Renaper) por medio de la plataforma de trámites a distancia (TAD) que depende de la Jefatura de Gabinete o si contó con apoyo interno para crear las credenciales identificadas como “Mme_2″, “MME2vpn(99)” y “MME” con las que accedió a datos sobre D’Alessandro y otras víctimas.

Un movimiento en particular de Nuñes Pinheiro cuando avanzó contra sus víctimas por encargo había levantado suspicacias dentro de la Unidad Fiscal. Para ingresar al sistema Nosis, Nuñes Pinheiro creó un perfil falso a nombre de Nicanor Moreno Crotto, quien trabajó para Marcos Peña, en la Jefatura de Gabinete, durante la presidencia de Mauricio Macri. ¿Por qué escogió el hacker ese nombre? ¿Fue algo aleatorio? ¿O acaso el mismo que le pagó $15.000 por “objetivo” le indicó que utilizara ese nombre para desviar las sospechas?

Los jueces del TOF N° 2, Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Los jueces del tribunal que condenó a Cristina Kirchner: Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu. Los teléfonos de Basso y Giménez Uriburu fueron hackeados