‘Tenía la esperanza de volver’: COVID deja sin empleo a 31% de personas con discapacidad intelectual

Abraham Trejo Pulido llamó una y otra vez a su trabajo, quería saber cuándo ya podrían regresar a las actividades presenciales, ya no quería estar en casa y extrañaba a sus compañeros. Cuando por fin le respondieron la llamada fue solo para solicitarle que acudiera a firmar porque había recorte de personal y a él le había tocado.

“No me lo esperaba, yo tenía la esperanza de volver a regresar (sic) al lugar donde siempre había trabajado. Me quedé sin habla, firmé y me dieron mi finiquito como la ley. Me retiré, me despedí… sientes feo porque ya eran muchos años trabajando en una empresa que brindó el apoyo y la ayuda”, dice el joven de 29 años a Animal Político.

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Abraham tiene discapacidad intelectual y desde muy pequeño ha recibido apoyo de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE) en donde lo capacitaron y prepararon para que se incorporara al mercado laboral.

Cuando estuvo listo -hace nueve años- entró a una empresa en donde él hacía trabajo de oficina. De las 08:00 a las 15:00 horas apoyaba en el área de recursos humanos. En videollamada explicó que él era el encargado de la mensajería interna. Tenía su sueldo quincenal y recibía sus prestaciones conforme a la ley, pero llegó la pandemia de COVID-19 y todo se empezó a desmoronar.

“Por junio (de 2020) me descansaron por la pandemia (…) sí me estaban pagando todavía, pero yo estaba en casa”, subraya el joven.

Con el sueldo que recibía, explica, él cooperaba en su casa con la compra de comida, el pago del gas o la luz, además de que él podía costear las cosas personales que requería.

Hace un año Abraham se contagió de COVID por lo que el 24 de agosto tuvo que ser hospitalizado. En observación médica permaneció 14 días y aunque, dice, fue muy complicado para él y para su familia, finalmente fue dado de alta con la instrucción de usar oxígeno durante todo un año.

Para finales de noviembre, cuando ya se sentía fuerte y listo para seguir con su trabajo, fue cuando le pidieron que se presentara porque lo liquidarían.

“Yo quería volver a trabajar y estar de nuevo con mis compañeros porque era lo que más me gustaba, el ambiente me gustaba mucho, pero con todo esto yo no esperaba que me fueran a correr y sí, es algo que no me podía explicar, no me cabía en mi cabeza que después de 9 años me echaron”, comparte.

Con su liquidación Abraham perdió su seguro médico, por lo que tuvo que dejar de usar el oxígeno que le recetaron después de recuperarse del COVID pues, lamenta, ni él ni su familia tenían los recursos para adquirirlo a particulares.

“Sientes feo y da coraje, yo no me lo explicaba, no pasaba por mi cabeza que casi 9 años en una empresa y de la nada… para mi fue algo que no se valía, que no era justo para mi y para mi familia”, reprocha.

Desde hace poco más de ocho meses está desempleado y aunque ha buscado algunas oportunidades no las ha encontrado por distintas razones: no existe la cultura de inclusión en los empleos y son pocos los lugares donde se contrata a personas con discapacidad intelectual, no hay oportunidades para hacer trabajo de oficina -su área de expertise- y los sueldos que ofrecen están muy por debajo de lo que él ganaba.

Sin empleo

A fin de conocer cómo es que la crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado a las personas con discapacidad intelectual, Inclusión Internacional -una red de organizaciones dedicadas a defender los derechos humanos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias- se alió con 14 organizaciones en América Latina para levantar encuestas y con ello dimensionar el impacto ocasionado por la crisis sanitaria.

Este trabajo se encuentra contenido en el informe titulado “Impacto de la pandemia por COVID-19 en las personas con discapacidad intelectual y sus familias en América Latina 2021” en el que se presentan los resultados obtenidos en once países, incluido México.

En lo que se refiere al impacto que la crisis sanitaria tuvo en las plazas laborales ocupadas por personas con discapacidad intelectual, el informe refiere que el 31% de quienes tenían un empleo lo perdieron ya sea por despido, cierre de negocios u otra razón.

Son las empresas privadas y los gobiernos quienes congregan el 68% de los espacios laborales ocupados por personas con discapacidad intelectual (46% y 22% respectivamente), mientras que los negocios familiares ofrecen el 14% y las organizaciones de y para personas con discapacidad el 9%.

“Los países con un mayor porcentaje de las personas con discapacidad intelectual que desempeñan una actividad laboral remunerada son Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, lo que puede incidir en su autonomía económica, su acceso a la educación, a la salud, a terapias médicas (y) en su calidad de vida”, se lee en el informe.

Edgar de 45 años, por ejemplo, ya tenía 20 años trabajando en un restaurante de la CDMX. Hace dos décadas, cuando encontró este empleo -el primero- fue contratado en el área de limpieza, pero al paso de los años fue cambiando hasta convertirse en auxiliar general de cocina.

“Cuando vino la pandemia me mandaron a llamar de recursos humanos para avisarme a mí y a mis compañeros que iba a haber recorte de personal. Después de muchos años trabajando ahí me quedé sin trabajo. Llegué a casa triste y preocupado de qué haría en ese momento y que sería difícil volver a trabajar”, comparte Edgar.

Durante medio año estuvo en su casa sin empleo y cuidándose para no enfermar.

Con apoyo del programa de inclusión de la organización CONFE, hace unos meses Edgar encontró un nuevo trabajo, ahora en una tienda de autoservicio en donde se encarga de la limpieza.

“Hago la limpieza, hora de comida y luego continúo”, explicó el hombre.

Al preguntarle qué le dice a los empleadores que dejaron sin trabajo a las personas con discapacidad intelectual, Edgar lo piensa y dice: “Que no me dejen sin trabajo, lo necesita uno”.

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Casos excepcionales

Carmen Jordán, directora de la Agencia de Inclusión Laboral de CONFE, explicó que antes de la crisis sanitaria, el área a su cargo daba seguimiento a más de 200 personas con discapacidad intelectual que laboraban en distintos espacios, sin embargo, ahora son unos 190 porque ha habido distintos despidos y aunque se ha buscado encontrarles un nuevo empleo, dice Jordán, no es una tarea fácil.

Por ejemplo, Abraham sigue desempleado porque son pocos los espacios laborales para personas con discapacidad intelectual que se tienen en oficinas.

De acuerdo con los registros que ellos llevan, durante la crisis sanitaria se encontraron con distintos supuestos en materia laboral para los jóvenes a quienes dan seguimiento: desde aquellos empleadores que los enviaron a trabajar desde casa con su sueldo completo, quienes les recortaron el sueldo o quienes les dejaron de pagar, pero no los corrieron bajo la promesa que cuando la situación sanitaria y económica mejore podrán volver a su empleo.

“Duran tantos años (en sus trabajos) porque CONFE hace seguimiento de por vida laboral, cada dos meses hablamos con las empresas para ver cómo los apoyamos”, explicó Jordán.

De hecho, subrayó, hay casos de gente jubilada, quienes han podido acceder a un crédito y comprarse su departamento o su carro.

Víctor, por ejemplo, desde hace 16 años trabaja en CONFE. Es panadero.

Desde marzo de 2020 él ha estado en su casa y no se ha quedado sin su sueldo ni su empleo.

“Yo mando mis fotos para que vean que sí estoy trabajando porque ahí me pagan (…) con eso apoyo en mi casa. A mi mamá la apoyo con su gasto. Me compro mi ropa, mi celular y varias cosas. Sé manejar mi dinero”, comparte el joven.

A más de 16 meses de no poder ir a su trabajo, Víctor dice que extraña a sus compañeros, pero sabe que debe seguir cuidándose. Ahora espera que le apliquen la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19.

“Ya quiero regresar a mi trabajo, pero ahorita nos están cuidando, cuando haya semáforo verde vamos a volver”, dice con ilusión.

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