Los espacios seguros se reducen a medida que los dictadores atacan a los ciudadanos en el extranjero

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Tamir Imin, quien huyó de la opresión que China ejerce sobre la minoría predominantemente musulmana uigur, se vio obligado a pedir asilo político en Estados Unidos en 2017. (Kate Warren/The New York Times).
Tamir Imin, quien huyó de la opresión que China ejerce sobre la minoría predominantemente musulmana uigur, se vio obligado a pedir asilo político en Estados Unidos en 2017. (Kate Warren/The New York Times).

Tahir Imin sabía que los romances a veces se acaban. Por eso no esperaba el largo brazo del autoritarismo mundial cuando la mujer con la que planeaba casarse puso fin a su relación en marzo.

Tal vez debería haberlo hecho.

En 2017, huyó de la opresión de China sobre los uigures, una minoría predominantemente musulmana. Desde su nuevo hogar en Washington, D.C., habló sobre los campos de adoctrinamiento y los sistemas de control de Pekín, que tanto él como el gobierno de Estados Unidos han calificado de genocidio.

Le llovieron los mensajes amenazantes, algunos de ellos de personas que se identificaban como la policía china. Recibió la noticia de que su madre y su hermano habían sido detenidos por cargos falsos, algo que ocurre de manera habitual entre las familias de activistas uigures en el extranjero.

Pero Imin perseveró y creó una organización de derechos uigures. Se enamoró de una exiliada uigur que vivía en Estados Unidos. Después de que ella rompió con él, las autoridades chinas acusaron a Imin de ayudar a un grupo separatista.

“Tiempo después ella me llamó y me dijo: ‘Hoy te voy a contar por qué te dejé’”, anunció. Había recibido una llamada de sus padres en China; le dijeron que la policía había ido a verlos y les había ordenado que le pidieran información a ella sobre lo que Imin hacía.

“Me di cuenta de que mi relación contigo perjudicaría a mis padres, así que lo mejor es terminarla”, recordó que ella le explicó.

“Le dije que lo entendía”, dijo él. “Este tipo de cosas pasan todo el tiempo”.

Y no solo a los uigures chinos. Los gobiernos autoritarios, grandes y pequeños, están llegando cada vez más lejos de sus fronteras para intimidar, secuestrar y matar a los exiliados problemáticos.

Tan solo en las dos últimas semanas, Bielorrusia obligó a un avión civil a aterrizar en su territorio y detuvo a un periodista que iba a bordo. Los espías turcos capturaron a un ciudadano que vivía en Kenia, cuyo tío era un destacado disidente, y lo enviaron a Turquía. Y las autoridades de Hong Kong presionaron a una empresa israelí de alojamiento web para que cerrara el sitio web de un grupo de activistas a favor de la democracia en Londres.

“Ya no quedan muchos espacios seguros”, afirmó Alexander Cooley, politólogo de la Universidad de Columbia que estudia lo que los académicos denominan represión transnacional.

“Se está convirtiendo en algo mucho más rutinario”, afirmó Cooley. “Cada vez es más descarado”.

Los refugiados, los exiliados y los ciudadanos con doble nacionalidad que se manifiestan se arriesgan a tener que entregarse de manera forzosa por cargos inventados. Se les cita en sus embajadas de origen, de donde ya no regresan. Se les hackea, se les amenaza, se les difama a través de la desinformación.

Freedom House, un grupo de derechos, ha registrado 608 incidentes de este tipo desde 2014 —una cifra que los investigadores consideran la punta del iceberg— llevados a cabo por 31 gobiernos. Las operaciones llegaron al menos a 79 países, incluida casi toda Europa.

Un nuevo manual de estrategias

La represión siempre ha cruzado fronteras. Un asesino a sueldo soviético mató a León Trotsky, líder de una facción disidente, en México en 1940. Durante la Guerra Fría, ambos bandos ayudaron de manera habitual a gobiernos aliados a capturar o asesinar a disidentes en el extranjero.

Sin embargo, la guerra estadounidense contra el terrorismo marcó una nueva era. Washington, en colaboración con algunos de los Estados más opresivos del mundo, patrocinó la entrega de docenas de sospechosos de terrorismo y atacó a muchos más con aviones no tripulados. Los estadounidenses insistieron en que se trataba de una guerra global, en la que había que dejar de lado la soberanía y la ciudadanía.

La campaña sentó la norma de que los gobiernos podían cruzar las fronteras de los demás para detener a supuestos terroristas, una etiqueta que los dictadores no tardaron en aplicar a separatistas y activistas.

También en la década de 2000, una serie de las denominadas revoluciones de colores en los antiguos Estados soviéticos llevó a una Rusia cada vez más autoritaria a cooperar con los gobiernos regionales en la persecución de los movimientos democráticos de los demás. Se establecieron muchos métodos que más tarde se desplegaron en todo el mundo.

Luego vinieron las protestas democráticas de la Primavera Árabe de 2011. Muchas de ellas se habían organizado en línea, incluso por parte de ciudadanos de a pie que vivían en el extranjero.

El aumento de la migración significa que las diásporas son mayores. Y, sin embargo, están más cerca que nunca. La penetración de las redes sociales y los teléfonos inteligentes les permite dar forma al debate diario en su país y desafiar el control de los gobiernos sobre la información y el sentimiento público.

En respuesta, los autócratas se han propuesto coaccionar a las comunidades en el extranjero casi con la misma agresividad que a las de su país.

A pesar de toda la atención centrada en las operaciones rusas, como el envenenamiento de un antiguo espía en una pequeña ciudad del Reino Unido o a la amplia persecución de los uigures por parte de China en el extranjero, los investigadores afirman que el país que ha marcado la tendencia ha sido Turquía.

Después de un intento de golpe militar en 2016, los agentes del Estado comenzaron a capturar a los turcos en el extranjero vinculados a un grupo de disidentes en el exilio y, según las autoridades, han detenido a 80 personas en 18 países. Turquía presionó en repetidas ocasiones a Estados Unidos para que deportara al líder del grupo, Fethullah Gülen.

Este país también envió a la Interpol —la agencia que distribuye órdenes de detención a nivel internacional— una gran cantidad de nombres de ciudadanos extranjeros a los que acusaba de terrorismo. Muchos parecían estar en el punto de mira por su asociación con los seguidores de Gülen, que también dirigen escuelas y negocios.

Aun así, varios gobiernos estuvieron dispuestos a cooperar. Kosovo deportó a seis personas, todas ellas profesores, lo que provocó la indignación de la población. Turquía ha anunciado la campaña como un gran éxito.

El autoritarismo no tiene fronteras

Pareciera que cada pocos meses, otro gobierno adopta nuevos métodos de represión transfronteriza, lo cual amplía el alcance del autoritarismo global.

En otoño pasado, un activista ruandés que salvó a cientos de personas del genocidio, cuya historia se narra en la película “Hotel Rwanda”, desapareció tras volar de Chicago a Dubái. Reapareció esposado en Ruanda. Los críticos acusaron al gobierno de secuestrarlo y de fabricar cargos de terrorismo para silenciar a un rival político.

Este tipo de casos suelen ser un indicio de campañas más extensas. Los ruandeses que viven en Europa y Estados Unidos con frecuencia denuncian haber recibido amenazas, incluso de hacer daño a su familia en Ruanda, por criticar al gobierno del país.

Muchos dicen también que son objeto de propaganda que inspira oleadas de acoso cibernético, una táctica que se emplea cada vez más en todo el mundo. Aunque no es un peligro tan grave como el secuestro, está bastante difundido como para obligar a los migrantes a pensárselo dos veces antes de hablar.

Cada vez más, los autócratas utilizan la maquinaria de las autoridades extranjeras de seguridad para reprimir sin recurrir al asesinato o a la entrega.

Algunos denuncian el robo de pasaportes de periodistas o activistas que viven en el extranjero, lo que lleva a los países de acogida a deportarlos.

Otros aprovechan los vínculos económicos y políticos. Varios países que han deportado a ciudadanos turcos tienen vínculos estrechos con el gobierno de Turquía. China presionó a Egipto para que deportara a una decena de uigures que vivían allí y a Tailandia para que deportara a un centenar.

En la mayoría de los casos, presentan acusaciones dudosas ante la Interpol, con la esperanza de que funcionarios dóciles o desinteresados de algún lugar las cumplan. A menudo, lo hacen. La policía tailandesa detuvo a un exiliado político bahreiní mientras estaba de vacaciones en Tailandia. Las autoridades de inmigración estadounidenses encarcelaron a un exiliado ruso durante más de un año, tras revocar su visado por acusaciones rusas de lavado de dinero.

En el informe de Freedom House, más de la mitad de los incidentes registrados incluían alguna acusación de terrorismo, a menudo a través de la Interpol.

Como las autoridades aprenden a hacer comprobaciones minuciosas cuando los autócratas extranjeros alegan terrorismo, las órdenes judiciales suelen recurrir al lavado de dinero.

Cooley señaló que el avión desviado sobre Bielorrusia indica hasta qué punto se han flexibilizado las normas.

“No son hechos aislados”, dijo. “Es el resultado de ir un paso más allá de tantas maneras diferentes que algo como esto se contempla”.

Lo mismo sucedió con el asesinato en 2018 de Jamal Khashoggi, un periodista saudí al que agentes de ese gobierno mataron y desmembraron tras atraerlo a un consulado en Estambul.

En ambos casos, se produjo una fuerte condena internacional. Pero la mayoría de los incidentes pasan inadvertidos.

“Son tan pocas las repercusiones”, afirmó Cooley. A medida que aumenta el número de casos, añadió, la inacción mundial equivale a “una luz verde muy clara”.

La luz verde

La semana pasada, Imin, el activista uigur, publicó en internet una foto suya con otros voluntarios. Unos días más tarde, una de las personas que aparecía en la foto, residente de un país de Europa Occidental, lo llamó asustada.

La policía había visitado a sus padres, que viven en China, y les dijo que su hija estaba involucrada en actividades políticas peligrosas. Sus padres la llamaron para rogarle que dejara de actuar. No tenía otra opción, le dijo a Imin.

“Esta es una historia muy común”, dijo Imin. Los uigures de la diáspora, dijo, suelen recibir llamadas telefónicas de pánico de sus familiares o mensajes amenazantes de la policía china en la que se menciona una reunión reciente a la que asistieron o una publicación en las redes sociales.

El mensaje es claro: basta con tomar un café con la persona equivocada, o decir algo incorrecto en internet, y tu familia puede pagarlo caro.

“La gente dice: ‘Realmente quiero hacer algo, pero si hablo, mi hermano y mi hermana serán encarcelados’”, afirmó.

Este puede ser el mayor impacto de la represión transfronteriza: millones de ciudadanos en el extranjero que deben vivir con cierto grado de temor. Cada incidente envía un mensaje de que nunca se liberarán del todo de las restricciones y los peligros de sus países de origen.

“Un solo asesinato o una sola entrega causa estragos en un enorme círculo de personas”, afirma el informe de Freedom House. Incluso las campañas de desinformación o acoso “crean una atmósfera de miedo entre los exiliados que impregna las actividades cotidianas”.

This article originally appeared in The New York Times.

© 2021 The New York Times Company

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