España registra unos 350 casos de sustracción internacional de menores al año

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Barcelona (España), 11 jun (EFE).- España registra cada año unos 350 casos de sustracción internacional de menores, es decir, de padres que cambian de país de residencia a alguno de sus hijos sin avisar al otro progenitor, y el proceso de devolución suele ser largo y complejo, especialmente en países islámicos o de América Latina.

Según explicó a Efe la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y especialista en derecho internacional de familia, Flora Calvo, la sustracción internacional de menores está regulada por el Convenio de La Haya, al que están suscritos unos 80 países, y devolver al menor a su país de residencia original depende de la eficacia de los sistemas judiciales y del cumplimiento de sus sentencias.

Si el padre o la madre lleva al menor a un país que no ha firmado el Convenio de La Haya, el proceso judicial puede ser más largo y, sobre todo en países islámicos, disminuye mucho la probabilidad para devolver al menor a su residencia de origen.

En España, por el origen mayoritario de su inmigración, se da el caso de parejas en las que uno de los miembros es de origen latinoamericano o de un país de religión musulmana.

EFICACIA JUDICIAL: DEPENDE DEL PAÍS

Los países que están dentro del Convenio de La Haya deben tener una autoridad central que se encargue de tramitar el proceso judicial para los extranjeros que informen de que alguno de sus hijos está en su territorio con el otro progenitor de manera ilícita. Pero a la hora de llevar a cabo los trámites, no todos los Estados son igualmente eficaces. Calvo detalla que en muchos países latinoamericanos los casos se atascan en lentos procesos judiciales.

Los países de la Unión Europea también tienen particularidades porque, aunque existen normativas comunitarias que complementan los objetivos del Convenio de La Haya, en países de Europa del Este, por ejemplo, los procesos terminan de manera rápida, pero a la hora de ejecutar la devolución de los menores, tienen deficiencias.

No obstante, aunque un padre o madre se lleve a uno de sus hijos a otro país sin consultar al otro progenitor, el Convenio de La Haya dicta varios supuestos para denegar la devolución de los menores, como el riesgo físico o psicológico para el niño, peligros "intolerables" o que el propio menor exprese que no quiere volver.

Pero restituir la residencia de un menor no significa dar la custodia al progenitor que vive en el país de origen, porque el Convenio de La Haya no entra en el fondo del caso, sino que delega en un juez la responsabilidad de dictar a cuál de los dos progenitores corresponde la custodia final.

EL ROL DEL ABOGADO DEL ESTADO

Según el Convenio de La Haya dicta, son las autoridades centrales las encargadas del proceso de restitución en cada país y de responder a la petición de los padres o madres extranjeras perjudicadas; sin embargo, para la profesora Calvo, esas autoridades no siempre defienden al ciudadano extranjero como deberían.

El proceso de restitución se hace a través de abogados del Estado, que se encargan de contactar directamente con los jueces, por lo que, según esta experta, en ocasiones los procedimientos de restitución se cierran sin consultar ni informar a los ciudadanos de otros países que han requerido esa restitución de sus hijos a su país de origen, lo que crea una situación de indefensión.

La decana emérita del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Silvia Giménez Salinas, en declaraciones a Efe, achaca esa situación que describe Calvo a una falta de recursos por parte de las autoridades centrales de los Estados.

Si pasa un año desde la marcha de uno de los progenitores con el menor, se entiende que el segundo progenitor acepta "de facto" el cambio de residencia de su hijo; por eso es importante que el proceso judicial de restitución se haga de manera ágil.

En ocasiones, si los progenitores afectados tienen recursos para contratar a un abogado, inician la vía de la autoridad central y, a la vez, contratan a un letrado en el país donde se encuentra su hijo para impulsar un proceso judicial con independencia al abogado del Estado: "Es la mejor vía para asegurar que se lleva a cabo la restitución del menor, pero no todos tienen capacidad para hacerlo".

Con todo, Giménez defiende que las autoridades centrales sean los gestores de las restituciones de menores, y asegura que la clave es dotarlos de más efectivos: "El Convenio de La Haya es un instrumento maravilloso para parar los traslados ilícitos de menores, pero la eficacia del convenio depende de los recursos que pone cada país".

(c) Agencia EFE

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