“No hay ningún esfuerzo serio en investigar quién está detrás de las desapariciones”: HRW

Alberto Pradilla

“Es difícil identificar cambios o incluso hasta mejorías, las cifras lo desmienten”, sostuvo José Miguel Vivanco, director de la división para las Américas de Human Rights Watch, quien opina que las vulneraciones a los derechos humanos se han mantenido durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Como muestran los datos ofrecidos recientemente sobre desaparecidos por Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, de las 61 mil 637 personas desparecidas, según el informe hecho público el 6 de enero, 5 mil 184 corresponden al último ejercicio, con López Obrador ya en el poder.

Lo mismo ocurre con las cifras de homicidios. Con 34 mil 132 asesinatos, México cerró 2019 como el año más sangriento desde que se tienen estadísticas.

Human Rights Watch presenta este martes The World Report 2020, su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en más de 90 países, entre los que se incluye México y el resto de América Latina. El veto de las autoridades de Hong Kong a su director, Kenneth Roth, hizo que la publicación del documento se adelantase unas horas en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

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El resumen del capítulo sobre México muestra que los problemas que afectan al país desde que Felipe Calderón inició su “guerra contra el narcotráfico” en 2006 siguen presentes en la actualidad. Desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura o malos tratos contra los migrantes son algunos de los aspectos que se reflejan en el informe.

Como ejemplo, Vivanco apuntó la falta de avances en la lucha contra la impunidad. “A parte de (el caso de los estudiantes desaparecidos de) Ayotzinapa, donde el presidente y su equipo han mostrado interés especial, si buscas evidencias de progresos en el ámbito de justicia, es muy difícil encontrarlos”, afirmó.

Los trabajos de búsqueda de desaparecidos son, a juicio del director de la división de las Américas de HRW, “la única área en el que hay que aplaudir lo que el gobierno ha hecho”. En este sentido, mostró su satisfacción por el “liderazgo” mostrado por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la comisionada Quintana. Destacó los “esfuerzos para identificar, para saber el número total, sin cosmética” y consideró que el reciente informe, todavía incompleto por la falta de algunas fiscalías, es “devastador”.

“Se ha hecho un esfuerzo serio que refleja un compromiso genuino”, consideró.

Sin embargo, este esfuerzo tiene sus limitaciones, en opinión de Vivanco. “El objetivo es buscar cadáveres, revisar fosas, que coincidan los listados y las muestras de ADN. Pero uno se pregunta por qué los esfuerzos se circunscriben a la búsqueda y no a responder ¿por qué? ¿bajo qué circunstancias? ¿quiénes son los responsables?”, dijo.

Con esta metodología, dijo Vivancos, “sigues trabajando con la hipótesis de que eran narcos contra narcos”. “Sabemos que hay una responsabilidad por parte de agentes del Estado, Ejército, Marina y policías municipales”, afirmó.

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En opinión del directivo de HRW, “no hay investigaciones”, y esa es una de las grandes cuentas pendientes. Como ejemplo: “¿Cuántas de las 5 mil denuncias creíbles de desapariciones en el último año corresponden a agentes del Estado?”

Vivanco dividió las desapariciones en tres categorías que deberían investigarse: cuántos corresponden a carteles, cuántos a carteles en colusión con policías y cuántos corresponden única y exclusivamente a Ejército y Marina.

“No lo sabemos. Y no veo ningún esfuerzo serio en investigar quien está detrás de las desapariciones”, dijo.

“La ecuación está centrada única y exclusivamente en la búsqueda. El resto queda librado a su suerte”, indicó.

Esta misma idea, que las vulneraciones a los Derechos Humanos siguen perpetrándose en el México de López Obrador, está presente a lo largo del capítulo mexicano del informe de HRW.

“Las violaciones a los derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad -incluyendo tortura, desapariciones forzadas y abuso contra migrantes- han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que asumió la presidencia en diciembre de 2018”, arranca el documento. “Se siguen produciendo abusos contra migrantes y ataques contra periodistas independientes y defensores de los Derechos Humanos y persisten las limitaciones en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos”, indica.

Impunidad

La impunidad es uno de los principales problemas que observa el informe. “Es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones a los derechos humanos no obtengan justicia en el sistema penal mexicano”, señala el documento. Todo ello a pesar de la aprobación, en 2013, de la Ley General de Víctimas. Un dato preocupante: según el informe de 2018 del relator espacial para los Derechos Humanos de la ONU, el 98% de los delitos que se cometen en México quedan impunes. “Esto se debe a diversos motivos que incluyen corrupción, falta de capacitación y de recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos”, dice el documento.

Uno de los elementos que la actual administración no ha logrado poner freno son las quejas por los abusos militares. De este modo, entre enero y julio de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió un total de 241 quejas sobre este asunto. Sin embargo, la tendencia es a la baja, ya que “entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la CNDH recibió más de 4 mil 600 quejas sobre presuntos abusos militares”.

El informe alerta de que mientras la Suprema Corte de Justicia derogó en noviembre de 2018 la Ley de Seguridad Interior porque “normalizaba” el uso de los militares para cuestiones de orden público, el gobierno de López Obrador puso en marcha la Guardia Nacional apenas ocho meses después. “Inaugurada en junio, está integrada mayormente por militares y es dirigida por un general del Ejército que se retiró del servicio activo en agosto”, afirma.

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Tortura

“Es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. La tortura se aplica más frecuentemente desde que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este tiempo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares o centros de detención ilegales. En ocasiones, las confesiones obtenidas bajo tortura se usan como prueba en procesos penales”.

Entre enero y septiembre de 2019, la CNDH recibió 84 quejas de tortura, según HRW.

Uno de los casos significativos, aunque afecta a la administración de Enrique Peña Nieto, es el de la investigación por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. “En 2018, la Oficina en México de la ACNUDH publicó una investigación en la que indicó haber hallado “sólidos motivos” de que al menos 34 detenidos habían sido torturados durante la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

En junio de 2019, medios locales difundieron un video en el cual se ve a uno de los 34 detenidos atado, con los ojos vendados y sometido a asfixia, descargas eléctricas y golpizas durante el interrogatorio realizado por las autoridades. En septiembre, se absolvió a uno de los principales sospechosos de las desapariciones de Ayotzinapa debido a irregularidades y violaciones de derechos humanos durante las investigaciones, incluyendo tortura. Cuando se elaboró el presente informe, 77 personas habían sido absueltas en el caso, por motivos similares”, indica.

En este asunto, las administraciones tienen un largo camino por delante. A pesar de que en 2017 se aprobó la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura, “su implementación ha sido lenta”, dice el documento. De hecho, “hasta noviembre de 2019, la FGR todavía no había cumplido el requisito establecido en la ley de contar para diciembre de 2017, con infraestructura para un registro nacional de tortura”.

Desapariciones forzadas

“Desde 2006, las desapariciones forzadas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han sido una problemática generalizada. Las organizaciones delictivas también han sido responsables de numerosas desapariciones”, constata HRW.

“Para enero de 2019, la FGR había iniciado 975 investigaciones sobre señalamientos de desapariciones forzadas y había presentado cargos en apenas 12 casos. En septiembre de 2019, la unidad especializada en investigación de secuestros de la FGR informó tener apenas una investigación abierta sobre desapariciones cometidas por agentes no estatales”, señala.

El informe está elaborado antes de que Karla Quintana, comisionada nacional de búsqueda, hiciera pública la nueva cifra de 61 mil 637 desaparecidos y mantiene los 40 mil con los que se contaba en el pasado.

Las tareas que HRW indica sobre este asunto son muchas: “Hasta septiembre, el SNB todavía no era totalmente operativo. Tampoco se ha concretado un Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desparecidas y No Localizadas, para cuya creación la ley había dado plazo hasta abril de 2018. Hasta septiembre, siete de 32 estados no habían establecido las comisiones u oficinas de búsqueda locales que exige la ley.

En mayo, la Comisionada Nacional de Búsqueda anunció el inicio del proceso para establecer un plan de búsqueda regional en el noreste de México, y el gobierno federal creó un subsidio para financiar a comisiones de búsqueda locales. Familiares de víctimas han denunciado reiteradamente graves deficiencias en la identificación y el almacenamiento de cuerpos. Funcionarios públicos admitieron que más de 26 mil cuerpos siguen sin ser identificados. En agosto, la Comisionada Nacional de Búsqueda informó de la creación de una evaluación forense nacional para abordar obstáculos en la identificación y el almacenamiento de cuerpos. Ese mismo mes, tras los reclamos de familias, el gobierno anunció la creación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense para identificar cuerpos”, dice el informe.

Violencia contra las mujeres

Acabar con la violencia contra las mujeres sigue siendo una asignatura pendiente en México. “El derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual. Algunas disposiciones, como aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima, contravienen estándares internacionales”, dice el informe.

En el último año se registraron avances como la despenalización del aborto en Oaxaca o la decisión de la Suprema Corte de que las víctimas de violación sexual no necesitan presentar una denuncia penal para acceder a servicios de aborto, y que los proveedores de servicios de salud no necesitaban verificar que se hubiera cometido un delito para practicar el aborto.

Sin embargo, el nivel de violencia contra las mujeres sigue siendo “alarmante”, según HRW.

Migrantes y solicitantes de asilo

“Migrantes que atraviesan el territorio de México frecuentemente sufren abusos y violaciones de derechos humanos. En algunos casos, se ha señalado que estarían implicadas autoridades gubernamentales. Entre enero y septiembre de 2019, la CNDH recibió 599 quejas de abusos contra migrantes, en su mayoría contra miembros de la policía federal”, señala el informe.

El documento hace referencia al acuerdo firmado en junio entre México y Estados Unidos para frenar el flujo migratorio a cambio de que Washington no impusiera aranceles. Denuncia la aplicación del plan “Remain in México”, por el que casi 60 mil solicitantes de asilo en Estados Unidos fueron devueltos a México, “muchos hacia condiciones peligrosas e inhabitables, y con obstáculos importantes a la posibilidad de obtener representación legal y una audiencia justa. Esto incluía a solicitantes de asilo con discapacidades u otras condiciones de salud crónicas”.

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