Escándalo judicial. Las pruebas contra el policía "organizador" de la banda del fiscal

Gabriel Di Nicola
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Su aporte fue esencial para el plan criminal. Fue él quien por su relación con Diego Xavier Guastini, el asesinado contador público y cerebro financiero detrás de las grandes bandas narcos que operaban en el país, obtuvo el dato clave para diseñar un operativo policial que, según la Justicia, derivó en el robo de entre 520 y 560 kilos de cocaína, valuados en US$ 2.800.000, para después, presuntamente, vender una parte del cargamento en la costa atlántica y, otra, traficarla a Brasil y Europa. Ahora, después de estar más de cinco meses prófugo, el sargento de la policía bonaerense Adrián Baeta, conocido como Palermo, fue procesado con prisión preventiva y se le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $1.000.000.000.

La decisión de procesar a Baeta, de 50 años, fue tomada por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, magistrada a cargo del expediente donde se investiga la denominada banda del fiscal, en referencia a Claudio Scapolan, el sindicado jefe de la organización criminal que se dedicaría a robar cargamentos de droga y de extorsionar a familiares de sindicados capos narco.

Hasta que estalló el escándalo, el 24 de julio pasado, Scapolan estaba al frente del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro. No fue detenido porque, como fiscal, tiene fueros e inmunidad de arresto. Por distintas presentaciones que hizo la defensa aún no fue indagado.

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Según la investigación, a cargo del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, la organización criminal estaba liderada por Scapolan e integrada por abogados y comisarios, oficiales y suboficiales de la policía bonaerense.

Uno de los abogados imputados, Gustavo Semorile, que defendía a sindicados capos narco, está prófugo desde el 24 de julio pasado.

Una de las imputaciones que se le adjudica a la denominada banda del fiscal es el robo de un cargamento de cocaína que estaba en poder de una organización de narcotraficantes. Se habrían quedado con una cantidad estimada entre 520 y 560 kilos de droga, con un valor cercano a los US$ 2.800.000.

Leones Blancos

Oficialmente solo se informó del secuestro de media tonelada de cocaína. El operativo, que se dio a conocer en diciembre de 2013, fue bautizado como Leones Blancos y en la presentación ante los medios de comunicación estuvo presente el por entonces gobernador Daniel Scioli, que se paseó entre los ladrillos de cocaína secuestrados por el fiscal Scapolan y los detectives de la policía bonaerense.

Parte de los 520 o 560 kilos de cocaína robados a la banda de narcotraficantes terminó en unas cabañas de Santa Clara del Mar. Antes del traslado a la costa, según la declaración de imputados arrepentidos y testigos de identidad reservada, la droga estuvo almacenada en un local (que funcionaba como concesionaria de autos y salón de fiestas) de Quilmes que pertenecería a Baeta.

Las cabañas donde habría sido escondido parte del cargamento de droga robado por la banda criminal pertenecían, según fuentes judiciales, a Luis Tourn, más conocido como El Polaco y amigo de Baeta. Según el expediente judicial, además de haber recibido la cocaína robada durante el procedimiento policial, el Polaco Tourn habría tenido la misión de comercializar la droga en la costa atlántica durante el verano de 2014.

"Tengo la idea, pero no lo puedo afirmar, de que parte de la droga robada se llevó a Mar del Plata y otra parte se envió a Brasil y desde allí, hacia Europa, pero esto son solo rumores...", dijo una persona que declaró bajo identidad reservada en el inicio de la investigación, en junio de 2016.

Parte de la droga secuestrada en el denominado operativo Leones Blanco fue robada por policías bonaerenses
Fuente: Archivo

Como se dijo, Baeta estuvo más de cinco meses prófugo. Fue detenido el 6 de este mes por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en un complejo de departamentos Rincón de Milberg, en Tigre.

"Los elementos probatorios que se han ido incorporando en el decurso de la investigación permiten concluir que el rol de Baeta en la organización no se reduce y/o limita al grado de miembro de la asociación ilícita, sino que por el contrario, su aporte exhibe claramente un mayor grado de protagonismo, y permite ser caracterizado como organizador", sostuvo la jueza Arroyo Salgado en su resolución, a la que tuvo acceso LA NACION.

Baeta, según el expediente judicial, tenía una relación de amistad de 12 años con Guastini. Es más, fue el sargento de la policía bonaerense la primera persona en llegar a la escena del crimen el 28 de octubre de 2019, el día que acribillaron, en Quilmes, al financista.

En una visita a la oficina de su amigo Guastini, el 27 de diciembre de 2013, Baeta obtuvo la información y los datos de los narcotraficantes dueños del cargamento decomisado y robado en el operativo Leones Blancos.

"El imputado Baeta ocupó en el desarrollo de la maniobra investigada un rol de significativa relevancia y con distintos puntos de intersección, tanto con el ambiente clandestino relacionado con la actividad propia del fallecido Guastini -lavado de dinero-, quien incluso contaba con canales para el envío al exterior de estupefacientes dentro del puerto, así también como con otros ámbitos delictivos encargados de comercializar estupefacientes en la costa atlántica -Tourn-, también como nexo con los falsos testigos del procedimiento e informantes y por cierto, con la fuerza policial que él mismo integraba, con el exclusivo propósito de valerse -tergiversadamente- de las facultades y herramientas conferidas por la actividad persecutoria estatal, puesto que las usaba en su propio beneficio", explicó la jueza Arroyo Salgado.

El 27 de diciembre de 2013, según se desprende del procesamiento de Baeta, el mismo día en que el sargento de la policía bonaerense visitaba las oficinas de Guastini, hubo una comunicación telefónica entre la "autoridad máxima" de la Delegación Narcotráfico de Quilmes de la policía Bonaerense, en ese momento, comisario mayor Marcelo Di Rosa y el fiscal Scapolan.

"El día en que Baeta comenzó a seguir la pista de la droga la máxima autoridad de la dependencia policial de Quilmes mantuvo comunicación con el fiscal Scapolan", explicó Arroyo Salgado en parte del procesamiento firmado en las últimas horas.

En diciembre pasado, por decisión de la Cámara Federal de San Martín, dos funcionarios judiciales de San Isidro, que cumplieron funciones como secretarios de Scapolan. La resolución que benefició a Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale se tomó en base a la falta de pruebas, según el tribunal de alzada.

"De contrario a lo aseverado por la magistrada de grado [por Arroyo Salgado], no se advierten elementos de cargo suficientes que recreen la efectiva pertenencia de los nocentes al esquema asociativo marginal, con los caracteres propios que demanda la figura en trato. A partir de ello, el vínculo entre los incusos, que deriva de la dinámica y funcionamiento propio de la oficina judicial a la que pertenecían, no puede interpretarse aisladamente, como argumento válido, para afirmar su integración a la estructura criminal apuntada", habían sostenido los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán.