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¿El control de migrantes de México equivale a pagar el muro fronterizo de Trump?

¿Ha levantado México un “muro” en su frontera sur y está incluso “pagando por él” en una suerte de realización de la cáustica retórica de Donald Trump? ¿A eso equivale el despliegue de la Guardia Nacional mexicana en la frontera sur de México y el freno a los migrantes que intentan avanzar hacia el norte?

Visto de modo simplista puede parecer así, aunque las actitudes, significados e implicaciones de la noción y las acciones de Trump en torno a la frontera y la migración resultan sustancialmente distintas a las del gobierno mexicano.

Migrantes centroamericanos, caribeños y africanos avanzan por una carretera cerca de Tapachula, Chiapas (México), el pasado 12 de octubre de 2019. (AP Photo/Isabel Mateos)
Migrantes centroamericanos, caribeños y africanos avanzan por una carretera cerca de Tapachula, Chiapas (México), el pasado 12 de octubre de 2019. (AP Photo/Isabel Mateos)

La migración masiva es un fenómeno social complejo y de hondo dramatismo, que tiene además punzantes ángulos políticos y es con frecuencia utilizado, en la retórica ideológico-electoral, para atizar prejuicios y odios en ciertos sectores estadounidenses y estigmatizar a comunidades enteras.

Eso es lo que Trump ha hecho desde que se postuló a la presidencia en 2015 y ha continuado haciendo desde la Casa Blanca: para él, a juzgar por su discurso y sus políticas, los migrantes que llegan o quieren llegar a Estados Unidos, y los indocumentados que ya viven en el país, son foco de crimen y abuso que se ha de frenar y expulsar, incluso con medidas crueles e inhumanas como la separación de familias, la reclusión de menores migrantes y la realización de redadas y deportaciones a gran escala.

La noción de alzar un muro fronterizo entre Estados Unidos y México es, en ese sentido, un ominoso icono de la política antiinmigrante y xenófoba de Trump, además de un empecinamiento personal que ha llegado al grado de alterar la conducción misma del gobierno estadounidense.

México, por su parte, ha rechazado la noción de que los migrantes sean criminales y considera que la solución al fenómeno de la migración en masa debe incluir tanto opciones humanitarias y de desarrollo económico y protección social (en México y en Centroamérica) como medidas de control en las fronteras.

Esa es una diferencia clave entre la justificación y la forma como los actuales gobiernos de Estados Unidos y México han encarado el tema de las oleadas de migrantes.

Migrantes haitianos y africanos chocan con policías federales mexicanos en Tapachula, Chiapas (México) en agosto de 2019 (Reuters/Jose Torres)
Migrantes haitianos y africanos chocan con policías federales mexicanos en Tapachula, Chiapas (México), en agosto de 2019 (Reuters/Jose Torres)

Trump lo entiende en términos punitivos y lo usa para apuntalar su posición político-electoral. Ejemplos de ello han sido su obstinación en hacerse con recursos para construir el muro fronterizo (que alguna vez dijo que México pagaría pero que sufragan los contribuyentes estadounidenses) incluso recurriendo a cierres del gobierno federal y a reasignación de fondos a contrapelo del Congreso, además de la aplicación de medidas especialmente crueles como la reclusión de menores, el devolver a solicitantes de asilo para que esperen la solución de sus casos en México y la imposición de considerables restricciones adicionales al proceso de asilo.

Las redadas, que rompen familias inmigrantes y afectan severamente a los hijos (que con frecuencia son estadounidenses), son otra cara de la rudeza del gobierno de Trump.

Y revelaciones de que Trump ha deseado que el muro que se levanta en la frontera sea de color negro y de puntas afiladas, para que su temperatura y su filo laceren a quien intente escalarlo, e indicaciones de que incluso planteó que se disparara a las piernas a los migrantes que cruzaran irregularmente la frontera o que se abrieran fosos llenos de cocodrilos y serpientes para frenar esos cruces dan idea de la actitud mental y del impulso detrás del muro de Trump.

En ese sentido, las operaciones de la Guardia Nacional mexicana en la frontera sur de México, aunque severas y ciertamente indeseables para los migrantes frenados por ellas, no son equivalentes al propagandístico e inhumano enfoque de Trump hacia la frontera.

La arenga que, cerca de Tapachula, Chiapas, dio un oficial de la Guardia Nacional mexicana a su tropa cuando se disponían a detener a una caravana de migrantes que buscaban avanzar hacia el norte causó ciertamente malestar (dijo en alusión a esos migrantes que “nadie va a venir a pisotear nuestras leyes…, nadie va a venir a pisotear nuestro país, nuestra tierra”) pero palidece ante la reiterada retórica estigmatizante e inhumana de Trump y su entorno.

México, en cambio, ha ofrecido opciones de residencia y trabajo para los migrantes y aunque ello ciertamente resulta insuficiente ante la enormidad del fenómeno, ha insistido en que el desarrollo económico es indispensable para atender las causas de la migración masiva y lograr su reducción. Algo que, con todas sus limitaciones y excepciones, contrasta con el rechazo y la crueldad hacia los migrantes que emana del gobierno de Trump.

Con todo, ante las severas presiones del gobierno estadounidense (por ejemplo imponer ingentes aranceles a las exportaciones mexicanas a EEUU, lo que golpearía severamente la economía mexicana), México también ha realizado acciones restrictivas en sus fronteras, en específico el despliegue de la Guardia Nacional para contener el flujo de migrantes hacia el Norte.

Ha sido una reacción ciertamente agridulce, pues si bien logró con ello evitar esos aranceles también debió restringir considerablemente el ingreso y el tránsito de migrantes desde la frontera sur de México, algo que muchos han asociado con una vulneración de la apertura histórica que México ha tenido hacia los extranjeros que buscan refugio.

En ese sentido, se ha criticado que el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur de México, y el uso de esa agrupación para detener a migrantes que buscan avanzar a través de territorio mexicano hacia Estados Unidos le hace el “trabajo sucio” al gobierno estadounidense y equivale a un muro deseado por Trump pagado por México.

Aunque la comparación podría parecer plausible en un primer vistazo, y ciertamente es deseable que México dé prioridad a la atención humanitaria sobre la detención por la fuerza, resulta equívoca al considerar el escenario de modo más amplio: los migrantes detenidos por la Guardia Nacional ya habían sido admitidos en México y se les albergaba en Tapachula en espera de que se dilucidara su situación migratoria dentro de México.

El muro de Trump y sus restricciones al asilo, en cambio, pretenden bloquear de tajo el acceso de los migrantes y que estos permanezcan fuera de su territorio.

La desesperación que aqueja a esos migrantes en Tapachula es ciertamente honda y los impulsa a no esperar y lanzarse hacia el Norte. Atender con espíritu humanitario y evitar que ello suscite tensiones mayores son obligaciones de México, país que por otra parte tiene el derecho, como lo tiene Estados Unidos y cualquier otro, de regular sus fronteras.

Ese derecho, con todo, debe ejercerse en paralelo a medidas humanitarias y de perspectiva para mitigar el drama de la migración masiva y comenzar a construir, en lo posible, opciones de vida digna para los migrantes, sea vía el asilo y, preferentemente, el desarrollo en sus países de origen.

En ello también hay una diferencia entre el muro de Trump y el control en la frontera sur de México. El primero es profundamente inhumano, no plantea soluciones de fondo y enfrenta enconada oposición en el Congreso y la sociedad estadounidenses. El segundo es una acción ciertamente punzante y que genera malestar, pero tiene aparejado un componente de asistencia a los migrantes y fue una respuesta a la ominosa presión de la Casa Blanca, que el gobierno mexicano optó por aliviar mediante el freno de la oleada migrante para prevenir daños sustantivos a la economía mexicana.

Ese pragmatismo ha generado ciertamente críticas y podría resultar en vano si, dada la patente volubilidad e impulso electoralista de Trump, el mandatario estadounidense optara de todos modos por imponer aranceles a México. Pero el hecho de que México se niegue a asumir el estatus de “tercer país seguro” (es decir, que se mantiene abierto a un flujo ordenado de migrantes hacia el norte) y que prefiera, con todas sus limitaciones y problemas, no impedir de tajo sino controlar los flujos de migrantes son también diferencias que rompen la “equivalencia” entre las medidas en la frontera sur de México y la noción de muro y la política hacia la migración de Trump.