La energía solar ofrece un salvavidas a Puerto Rico

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Mientras Puerto Rico seguía aturdido tras su peor apagón en meses, uno que dejó a prácticamente todo el millón y medio de clientes de la isla sin electricidad durante días, el pueblo de Adjuntas fue un oasis.

Un jueves por la mañana de principios de abril, con las escuelas cerradas, los niños llenaban las butacas de un cine con aire acondicionado en un centro comunitario, una pizzería preparaba su cocina para la hora del almuerzo y la barbería local recibía a los clientes que buscaban un corte rápido.

El contraste muestra por qué Adjuntas, una comunidad de unos 18.000 habitantes en las montañas densamente boscosas del centro de Puerto Rico, se ha convertido en un escaparate para la energía solar y el modo en que podría resolver uno de los problemas más acuciantes de la isla: una red eléctrica que ha tenido problemas para recuperarse después de haber sido prácticamente arrasada por el huracán María en 2017.

Gracias en gran medida al trabajo de Casa Pueblo, una organización sin fines de lucro que trabaja por la conservación, unos 400 hogares y negocios de Adjuntas tienen sistemas de energía solar. Con baterías de respaldo, pueden funcionar incluso cuando el resto de la red se cae, lo que mantiene los negocios abiertos y convierte a la sede de la organización en un refugio para las personas que usan dispositivos médicos que necesitan ser recargados.

“Cuando tienes seguridad energética, le estás quitando un peso a tus empleados y a las familias que entran al negocio”, dijo Ángel Irizarry Feliciano, dueño de Lucy’s Pizza, que siguió funcionando durante el apagón. “Fue un alivio que pudimos seguir dándole un servicio a nuestra gente sin interrupciones y sin tener que reducir nuestras horas”.

Pero la situación de Adjuntas también pone de manifiesto lo mucho que le queda por recorrer al resto de Puerto Rico en lo que respecta a las energías renovables, a pesar de todas las razones aparentemente obvias para ello: los largos y soleados días de la isla, su necesidad de importar combustibles, lo que hace que la generación de electricidad sea costosa, y, por supuesto, su red eléctrica, que falla constantemente.

Aunque el número de instalaciones solares ha aumentado en los últimos años, la energía solar sigue representando únicamente el 2,5 por ciento de la producción total de energía de Puerto Rico, según datos del gobierno. El resto proviene de plantas alimentadas por gas natural, carbón y petróleo importados, y otra parte de la energía eólica.

Muchos puertorriqueños no pueden darse el lujo de gastar los 27.000 dólares que puede costar un sistema típico de energía solar, y el gobierno —que salió de una bancarrota sin precedentes en marzo— solo comenzó a establecer objetivos concretos de energía renovable en 2019. Algunos de los que pueden pagar para añadir paneles solares a sus hogares se han visto disuadidos por el caótico estado de las finanzas de Puerto Rico, en particular por la propuesta de cobrar una tasa a los clientes de energía solar para ayudar a apuntalar la empresa pública.

Las instalaciones de Casa Pueblo se pagan con dinero de fundaciones, tanto en Puerto Rico como en el extranjero, y con las ventas de café cultivado en Adjuntas. Desde el huracán María, la organización ha ampliado su impulso a la adopción de energía solar a comunidades de otras partes de la isla.

“Necesitamos una política pública que cree un modelo de negocio que se enfoque en ayudarte a generar tu propia energía, no solo que provea energía”, aseguró Arturo Massol Deyá, director asociado de Casa Pueblo. “La gente ya está cansada de los apagones constantes y que se dañen sus enseres”.

Tras el último apagón, que comenzó el 6 de abril tras un incendio en una central eléctrica de la localidad suroccidental de Guayanilla, se necesitaron cuatro días para restablecer la energía por completo. El apagón en toda la isla desencadenó una cascada de problemas: el agua también se cortó para muchos, los hospitales tuvieron que recurrir a generadores de reserva y las escuelas y empresas cerraron.

El apagón provocó protestas y llamamientos para que el gobierno cancele su contrato con Luma Energy, la compañía privada de electricidad que se hizo cargo del servicio público en junio pasado con la promesa de restablecer la red. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, rechazó la idea, pero las constantes interrupciones de energía, junto con el aumento de las facturas mensuales de electricidad, que se han disparado un 46 por ciento en el último año, han aumentado la frustración con la empresa de servicios públicos, que es administrada por una compañía canadiense en virtud de un contrato de 15 años firmado el año pasado.

“Mientras algunos políticos optan por ignorar el estado de la red eléctrica que heredó Luma y asignan culpas sin hechos, nosotros seguiremos centrados en el futuro energético de Puerto Rico”, escribió Luma en un comunicado a The New York Times.

Puerto Rico tiene la ambición de hacer más con la energía renovable. En 2019, el gobierno aprobó una ley de energía limpia que requiere que el 100 por ciento de la electricidad de la isla provenga de fuentes renovables para 2050 e incluye promesas de usar fondos federales para construir proyectos de energía renovable que lleguen a las comunidades de bajos ingresos.

La junta que supervisa las finanzas de Puerto Rico aprobó en marzo 18 proyectos de energía renovable con el objetivo de elevar la producción de energía limpia al 23 por ciento del total de la isla para finales de 2024. En febrero, el Departamento de Energía de EE. UU. comenzó un estudio de dos años sobre las opciones de energía limpia de Puerto Rico. Y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano han asignado 12.000 millones de dólares para renovar la industria energética de la isla.

Incluso cuando propuso un objetivo tan ambicioso para la energía renovable, la junta de supervisión planteó la posibilidad de cobrar a los consumidores que tienen paneles solares en sus casas, haciéndoles pagar por la electricidad que generan.

Según la propuesta, planteada como una forma de ayudar a pagar los 9000 millones de dólares de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, los nuevos clientes tendrían que pagar por cada kilovatio de energía solar que generen. Debido a que la propuesta también incluía un plan para aumentar las tarifas de la electricidad convencional, fue desechada en marzo por el gobernador, pero a los defensores de la energía solar les preocupa que, a medida que continúan las negociaciones para un nuevo acuerdo, la tasa —al que algunos se refieren como el impuesto al sol— podría ser revivida.

“Tenemos que buscar una manera para atender la deuda”, dijo Francisco Berrios Portela, director del Programa de Política Pública Energética del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. “Pero no puede ser añadiendo un impuesto a la producción que genera este tipo de sistema que estamos promoviendo”.

La incertidumbre sobre si tendrán que pagar más tasas por un sistema de energía solar en una casa o negocio ha disuadido a consumidores como María Lizardi Córdova, una contadora que vive en San Juan. Lizardi Córdova puede ver los paneles solares de un vecino desde la ventana de su cuarto y conoce a muchas otras personas del barrio que decidieron invertir en energía solar, pero cree que todavía es demasiado pronto para ella hacer la transición.

“Este no es el momento, y tiene que ver con toda la incertidumbre del impuesto al sol y cuáles serían mis gastos”, dijo Lizardi Córdova. “La situación se complica con la deuda”.

Para los puertorriqueños con necesidades médicas, como la refrigeración para la insulina o la electricidad para las máquinas de diálisis, las interrupciones del servicio pueden ser traicioneras, y los beneficios de un sistema de respaldo con energía solar son abrumadores.

En Adjuntas, Casa Pueblo dirige un proyecto especial que proporciona paneles solares a personas con necesidades médicas, como Juan Molina Reyes, un agricultor que cultiva bananas, café y naranjas.

El padre de Molina Reyes, Luis, de 75 años, sufrió un derrame cerebral en agosto y necesita ayuda para respirar. Cuenta que usó siete generadores de gas para mantener en funcionamiento el concentrador de oxígeno de su padre cuando la red eléctrica se cayó.

Eso cambió en febrero, cuando la familia de Molina Reyes recibió paneles solares después de pedir ayuda a la organización benéfica. Dice que se siente afortunado de tenerlos.

“Desesperaba saber que, si el sistema me fallaba en cualquier momento, mi papá se nos iba”, dijo Molina Reyes. “Era una lucha constante”.

Coral Murphy Marcos es reportera de negocios. @coralmerfi

© 2022 The New York Times Company

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