Empresas de PPP compraron un Porsche y una casa de $8 millones, dice reporte sobre las estafas en préstamos por el COVID

Algunos de los prestamistas en línea más prolíficos en el Programa Federal de Protección de Nómina (PPP) tenían controles de protección contra el fraude notablemente laxos, incluso mientras aprobaban préstamos por valor de miles de millones de dólares en el programa de asistencia para las pequeñas empresas por el COVID-19.

Es más, los ejecutivos vinculados a estos prestamistas obtuvieron ellos mismos millones en préstamos del PPP que podrían haber sido fraudulentos. Y al igual que las docenas de prestatarios del PPP que han sido arrestados hasta ahora por estafar al programa, estos ejecutivos parecen haber usado las ganancias de los préstamos y los millones que cosecharon en honorarios por su trabajo en el programa para hacer compras en efectivo de propiedades y autos deportivos de lujo.

Eso es según un revelador reporte publicado el jueves por la Subcomisión Selecta sobre la Crisis del Coronavirus de la Cámara de Representantes que investigó las prácticas de préstamo de varias empresas de tecnología financiera que procesaron préstamos en el emblemático programa federal de asistencia para las pequeñas empresas creado como parte de la Ley CARES en marzo de 2020.

Según los términos del programa, los préstamos, que podían alcanzar los $10 millones, serían condonados si se usaban para fines aprobados, como la nómina.

El dinero para el programa procedía del gobierno federal, pero prestamistas privados se encargaron de examinar a los solicitantes de pequeñas empresas para el programa, y la cantidad de los préstamos estaba vinculada a la nómina previa a la pandemia de los solicitantes. Los prestamistas recibían honorarios según una escala móvil basada en la envergadura de los préstamos que aprobaban.

La Administración de Pequeñas Empresas (SBA), que administraba el programa, aconsejó a los prestamistas que aceptaran efectivamente la palabra de los prestatarios, lo que, según los expertos, condujo desde el principio a estafas desenfrenadas en el programa.

El reporte de la Cámara de Representantes cita reportajes del Miami Herald y de otros medios noticiosos al principio del programa que identificaban millones de dólares en préstamos del PPP potencialmente fraudulentos, muchos de los cuales habían sido procesados por las empresas de tecnología financiera, que no están sujetas a las mismas normas que los bancos tradicionales.

Un cálculo cifró el importe total de los préstamos potencialmente fraudulentos en más de $64,000 millones e indicó que esos prestamistas tuvieron gran parte de la culpa.

Samuel Kruger, coautor del estudio y profesor de Finanzas de la Universidad de Texas en Austin, dijo que el hecho que los prestamistas no tuvieran que poner en riesgo su propio dinero —y se enfrentaran a pocas sanciones por aprobar préstamos fraudulentos— creó una atmósfera propicia para la estafa.

“Muchos de los mecanismos que normalmente rigen el otorgamiento de préstamos estuvieron ausentes en este programa”, dijo.

El representante James Clyburn, demócrata de Carolina del Sur que preside la comisión, denunció a las empresas señaladas en el reporte por no emprender las medidas adecuadas para evitar el fraude mientras se enriquecían.

“Incluso cuando estas empresas fracasaron en la administración del programa, obtuvieron enormes beneficios de las tarifas de gestión del programa, gran parte de los cuales se embolsaron los propietarios y ejecutivos de las empresas”, dijo Clyburn en un comunicado. “Además de las ganancias inesperadas obtenidas por permitir a otros participar en el fraude, algunos de estos individuos quizás hayan aumentado sus ganancias mal habidas participando ellos mismos en las actividades ilícitas”.

‘Posibles infracciones penales’

El informe de la Cámara no llega a recomendar la presentación de cargos penales contra ninguna de las empresas examinadas, pero anima al inspector general de la SBA a llevar a cabo una revisión exhaustiva de los prestamistas y de varios ejecutivos a los que se hace referencia en el reporte y a “remitir cualquier posible infracción penal a los organismos de aplicación de la ley pertinentes”. Clyburn añadió que había “informado [al Departamento de Justicia, DOJ] de que algunos de nuestras conclusiones pueden justificar su atención”.

Además de los escasos controles de fraude y de los préstamos potencialmente fraudulentos obtenidos por algunos de los propios ejecutivos, el informe también destaca los intentos de los fundadores de Blueacorn, una de las firmas revisadas en el reporte, de cobrar a los prestatarios comisiones por procesar los préstamos, lo que estaba prohibido por las normas del programa.

Como el Herald informó anteriormente, Kabbage, una de las empresas de tecnología financiera examinadas en el informe, ha indicado que enfrenta investigaciones de fiscales federales de Massachusetts y Texas.

Los prestamistas de un programa federal pudieran, en teoría, ser considerados responsables si aprueban a sabiendas préstamos no elegibles, o no hacen lo suficiente para evitar que se aprueben préstamos fraudulentos, dijo Caleb Hayes-Deats, ex fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York y socio de MoloLamken.

“En el pasado, el DOJ ha demandado a los prestamistas en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas basándose en el alegato de que ‘imprudentemente’ no detectaron e impidieron la presentación de préstamos fraudulentos o no elegibles al gobierno”, dijo Hayes-Deats.

Sin embargo, señaló que pudiera ser difícil para los fiscales conseguir la presentación de casos contra los prestamistas que participaron en el programa porque éste prometió que los prestamistas no enfrentarían ninguna sanción por aprobar préstamos fraudulentos siempre que actuaran “de buena fe”.

Controles poco estrictos

El reporte también alienta a la SBA a considerar los “riesgos sistémicos” que plantea la participación de las llamadas fintech en los programas de préstamos de la SBA, investigar mejor a los nuevos prestamistas que participan en los programas de préstamos de la SBA y aclarar mejor los requisitos de cumplimiento de los prestamistas que participan en sus programas y los contratistas de terceros que esos prestamistas emplean.

En el programa PPP, las empresas de tecnología financiera se asociaron con los bancos tradicionales y otros prestamistas para procesar los préstamos en el programa, confiando más en los algoritmos que en las personas para hacer el trabajo de aprobar rápidamente las solicitudes. Las fintech y los prestamistas se repartieron las comisiones generadas por la aprobación de los préstamos, que ascendieron a miles de millones de dólares.

A pesar de las ganancias inesperadas de estas comisiones, el reporte descubrió que muchas de las fintech gastaron poco en la protección contra el fraude y en algunos casos, incluso redujeron sus equipos de protección contra el fraude, ignorando los primeros indicios de que muchas de las solicitudes que ya habían aprobado eran fraudulentas. Y aunque los prestamistas que se asociaron con estas empresas plantearon su preocupación por los altos niveles de préstamos aparentemente no elegibles aprobados por las empresas fintech, emprendieron acciones limitadas para obligarlas a mejorar sus prácticas.

El prestamista en línea Kabbage redujo su personal de prevención de fraude de tiempo completo a casi la mitad durante el período de máxima actividad en la tramitación de préstamos del PPP, según el informe. Y en un momento dado, un directivo que supervisaba a los especialistas en fraude les aconsejó que fueran menos diligentes en la revisión de los préstamos del PPP en comparación con los préstamos normales de Kabbage porque “el riesgo no es nuestro, es de la SBA”.

Mientras tanto, Blueacorn, una fintech de Arizona creada en abril de 2020 con el único propósito de procesar las solicitudes del PPP, ganó más de $1,000 millones en honorarios por su trabajo en el programa, pero gastó menos del 1% de ese dinero en la prevención del fraude y solo tenía un empleado directo responsable de procesar los 1.7 millones de préstamos que la compañía revisó.

En su lugar, Blueacorn subcontrató gran parte de la investigación a otra empresa de Arizona llamada Elev8 Advisors. Los propietarios de Elev8 vieron en su trabajo una oportunidad para sacar provecho y contrataron a más de 30 amigos cercanos y familiares para que revisaran los préstamos del PPP para Blueacorn, a pesar de que pocos tenían experiencia.

Ex empleados de Blueacorn y Kabbage expresaron su preocupación por el alto nivel de fraude que sospechaban en los préstamos que sus empresas habían aprobado, pero esas preocupaciones fueron ignoradas, según los registros obtenidos por la comisión del Congreso y las entrevistas a antiguos empleados.

‘Dinero que cambiará la vida’

Una de las fundadoras de Elev8 Advisors, Kristen Spencer, dejó al descubierto sus intenciones en un mensaje de texto obtenido por la comisión.

“Estamos haciendo esto para que las personas que contratamos ganen dinero. Nuestros amigos y familiares”, escribió Spencer. “Ahí es donde va el dinero. Y será un dinero que cambiará la vida de cualquiera que lo haga”.

Para los Spencer, ciertamente así fue.

Kristen y su esposo, Adam Spencer, cofundador de la empresa y ex ejecutivo de procesamiento de pagos, usaron los ingresos del programa para comprar una casa de casi $8 millones en Scottsdale, Arizona, con dinero en efectivo en julio de 2021. Adam Spencer también compró un Porsche Taycan Turbo, que se vende por más de $150,000.

En una publicación en las redes sociales para celebrar la adquisición de la casa, Adam Spencer escribió: “Empezamos desde el fondo... ahora estamos aquí... La vida es lo que haces de ella”.

Elev8 Advisors y las empresas vinculadas a los Spencer y a sus hijos también recibieron más de $100,000 en préstamos del PPP, además de los honorarios que se les pagaron por su trabajo de investigación de préstamos para Blueacorn. Todos los préstamos del PPP que recibieron llegaron a través de Blueacorn, y los directores de Blueacorn participaron personalmente en la presentación de su documentación. La comisión de la Cámara encontró incoherencias en la información presentada como parte de las solicitudes, lo que sugiere que podrían haber sido fraudulentas.

Elev8 publicó un comunicado en su portal digital en que rebate las conclusiones del reporte de la Cámara de Representantes e indica que presentaría “rápidamente” una refutación del informe.

“elev8 y Adam y Kristen Spencer, a diferencia de otros, cooperaron plenamente con la subcomisión, proporcionando más de 800 páginas de documentos y respondiendo cada una de sus aproximadamente 100 preguntas, y lo hicieron sin solicitar el anonimato”, decía el comunicado. “elev8 no se involucró en ninguna negociación propia y sus propios préstamos fueron completamente apropiados y pasarían la prueba en cualquier revisión objetiva”.

Los fundadores de Blueacorn, el matrimonio Nathan Reis y Stephanie Hockridge, también obtuvieron más de $300,000 en préstamos a su nombre y a nombre de sus empresas, según el reporte, y la mayoría de los préstamos procedían de los bancos asociados a Blueacorn. Esos préstamos también contenían información aparentemente falsa, incluyendo la identificación errónea de Reis como afroamericano y veterano.

La empresa de tecnología financiera Womply obtuvo aún más préstamos del PPP, recibiendo más de $5 millones en 2020 y 2021 del banco asociado con el que hizo más negocios. Pidió la condonación de los préstamos en 2021, a pesar de que Womply supuestamente obtuvo más de $2,000 millones en ingresos en 2021, en gran parte debido a las comisiones que obtuvo al aprobar los préstamos del PPP. La SBA determinó finalmente que Womply no era elegible para los préstamos y exigió su devolución.

El informe cuestiona si se debería haber permitido a Womply participar en el programa en primer lugar. La SBA puede prohibir que participen en su programa de préstamos las entidades que tengan un historial de conducta poco ética o legal, y el presidente ejecutivo de Womply, Toby Scammell, se había declarado previamente culpable de fraude en relación con una trama de uso de información privilegiada y fue excluido del sector de los valores. Scammell supervisaba la operación de prevención del fraude de Womply.

Blueacorn, Elev8 Advisors, Womply y la SBA no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Más allá de los controles de fraude laxos, el reporte del Congreso encontró que muchas de las empresas fintech, y algunas de las instituciones financieras con las que se asociaron, no tenían los recursos operativos y tecnológicos para manejar adecuadamente el volumen de solicitudes que procesaron.

Un prestamista que se asoció con Womply describió el software de Womply como “armado con cinta adhesiva y goma de mascar”.

Y, como informó previamente el Herald, Kabbage ha pasado muchos apuros para procesar los préstamos de condonación para miles de prestatarios del PPP después de que la compañía fue vendida a American Express en 2020, lo cual dejó la cartera del PPP en una sociedad de cartera mal financiada.

Kabbage, que ahora opera bajo el nombre de KServicing, proporcionó una declaración indicando que había cooperado con la comisión de la Cámara de Representantes, pero criticó la descripción del informe sobre el papel que las fintech jugaron en la administración de los préstamos del PPP.

“Kabbage trabajó diligentemente con la subcomisión para proporcionar información oportuna y transparente mientras participaban en esta investigación. Lamentablemente, el reporte hace un flaco favor al pueblo estadounidense al analizar fragmentos de información fuera de contexto para llegar a una conclusión predeterminada”, dice el comunicado. “Mirando en retrospectiva, en la tumultuosa época del apogeo de la pandemia del COVID-19, la comunidad de las fintech desempeñó un papel vital para ayudar a reforzar la comunidad de las pequeñas empresas de Estados Unidos y estamos orgullosos de haber formado parte de ese esfuerzo”.

La Cámara de Representantes ofrece una visión algo más favorable de una empresa fintech, Bluevine, que mejoró sus controles contra el fraude a petición de su socio prestamista, Celtic Bank, tras los elevados niveles iniciales de fraude.

Bluevine dijo en un comunicado que estaba orgullosa del trabajo que hizo en el programa del PPP y agradeció el reconocimiento del informe de las mejoras que hizo para prevenir mejor el fraude.

“Como señaló la Subcomisión, no todas las empresas fintech son iguales, y Bluevine ‘se adaptó a las amenazas en curso mejor’ que algunas de las otras empresas de tecnología financiera examinadas en la investigación”, dice el comunicado.

Jim Richards, ex responsable de Riesgos Financieros en Wells Fargo y Bank of America y director de la consultora RegTech, dijo que no hay que felicitar a Bluevine por hacer lo que debería haber hecho.

“Es una empresa que debía tener controles contra el fraude, pero no los tenía, el prestamista real les llama la atención y luego mejoran”, dijo.

También dijo que los bancos tradicionales con los que se asociaron muchas fintech, como Celtic Bank, Cross River Bank y Customers Bank, merecen más culpa por el fraude desenfrenado del PPP facilitado por las fintech.

“Se trata de entidades fuertemente reguladas que saben cuáles son sus responsabilidades y las transfirieron a estas entidades que no podían procesar tantos préstamos y sabían que no podían hacerlo”, dijo.