Otra empresa que creció fuerte en tiempos K, en problemas financieros

LA NACION

Electroingeniería, la empresa dedicada a la ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de grandes obras y servicios electromecánicos que tuvo fuerte crecimiento durante la administración Kirchner, incumplió anteayer con el pago de un bono colocado en el mercado y ahora cuenta con un período de gracia de 30 días para honrarlo si quiere evitar incurrir en default.

Se trata de una cuota de interés y amortización parcial del capital (15%) de la Obligaciones Negociables (ON) Clase I por $400 millones emitida el 18 de noviembre de 2015 y a 37 meses de plazo, lo que supone un pago cercano a los $ 100 millones, tomando en cuenta que el título paga trimestralmente una tasa de interés Badlar+2 puntos que hoy equivale al 25% nominal anual.

Al quedar impago se considera un "default técnico", lo que obligó a la agencia Fix SCR, filial de la agencia global Fitch Ratings, a reducirla la calificación deudora de Electroingeniería desde B a CC, lo que "supone un riesgo crediticio extremadamente vulnerable respecto de otros emisores o emisiones dentro del país" y alerta sobre una "alta probabilidad de incumplimiento dado que sus "flujos de fondos futuros se encuentran sensiblemente expuestos a riesgo regulatorio y de contraparte con el Estado nacional".

La calificadora cargó contra el manejo "discrecional de fondos" que lleva adelante el grupo controlante de Electroingeniería al que consideró agresivo porque "afecta la liquidez y flexibilidad financiera de las compañías operativas del grupo". La empresa con sede en Córdoba viene reportando en los últimos 18 meses pérdidas que muestran el impacto del retraso en las obras relacionadas con el proyecto de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz pero si se reactiva esa obra "contará en el mediano plazo con ingresos de provendrán de la construcción de esos aprovechamientos y de la central termoeléctrica Manuel Belgrano II ubicada en la localidad bonaerense de Campana", detalló la calificadora que reconoce que, pese a sus complicaciones aún mantiene una "sólida posición competitiva"

La complicación es que la emisión había sido encuadraba al momento de salir al mercado por el Ministerio de Economía en el denominado inciso K que, desde el año 2012, obligaba a las aseguradoras -y luego a los fondos comunes de inversión- a destinar del 18 al 30% de sus carteras para financiar distintos proyectos productivos vinculados a la infraestructura, algo de lo que se valió básicamente la reestatizada YPF (y muchas constructoras contratistas del Estado) para tener capital de trabajo barato tras la eyección de Repsol y la familia Eskenasi. Esto quiere decir que el título se encuentra en cartera de las distintas compañías de seguros e inversores institucionales locales que pasaron a tener un faltante en el flujo de fondos previstos y un crédito a favor de peor calidad.

En la nota mediante la que informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) el incumplimiento, Electroingeniería aseguró que "informará debidamente" la fecha de pago del monto adeudado "dentro de los plazos indicados en los documentos de emisión". Desde la compañía, en un contacto con La Nacion, tradujeron este párrafo como un más contundente "vamos a cumplir con el pago dentro de los plazos que nos otorga el período de gracias". "Estamos haciendo todas las previsiones necesarias para hacer frente a esta obligación", insistieron tras puntualizar que el problema financiero que enfrenta la compañía deriva de la paralización de las obras previstas para avanzar con las represas en Santa Cruz.

Desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, las represas de Santa Cruz fueron detenidas, reevaluadas y renegociadas ante planteos de los socios chinos de Electroingeniería en la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que ganara oportunamente la licitación, lo que dilató el inicio de las obras. Por lo pronto por estos días se está celebrando en Puerto Santa Cruz, la ciudad más cercana al proyectado embalse, la audiencia pública para evaluar el impacto ambiental de las mismas. Cumplido este prerrequisito podrían reanudarse las obras en ambas centrales hidroelétricas que están planificadas para aportar una potencia instalada de 1.310 megawatts, lo que representa el 5% del máximo consumo nacional en punta.