El empeño de China para convertir a las minorías musulmanas en un ejército de trabajadores

Chris Buckley y Austin Ramzy

KASGAR, China — La orden procedente de los funcionarios chinos fue contundente y de carácter urgente. Los pobladores pertenecientes a minorías musulmanas deben ser presionados a trabajar, estén dispuestos a hacerlo o no. Se formarán contingentes y se castigará a las familias si se rehúsan a aceptar.

“Hagamos que la gente que no consigue empleo con facilidad abandone sus ideas egoístas”, declaró el año pasado la oficina del trabajo en Qapqal, un condado de la región occidental de Sinkiang, acerca de la disposición.

Dichas órdenes son parte de una agresiva campaña para transformar a las minorías musulmanas de Sinkiang —principalmente uigures y kazajos— en un ejército de trabajadores para fábricas y otras grandes empresas. Bajo la presión de las autoridades, los campesinos pobres, los pequeños comerciantes y los pobladores sin empleo en edad productiva asisten a cursos de capacitación y adoctrinamiento durante semanas o meses, y luego se les envía a coser ropa, hacer zapatos, barrer calles o realizar otros trabajos.

Estos programas laborales representan un elemento en expansión de un esfuerzo importante del dirigente chino, Xi Jinping, para consolidar el control sobre esta región, donde estas minorías constituyen cerca de la mitad de la población. Son fundamentales para la estrategia del gobierno con respecto a la restructuración social junto con los campamentos de adoctrinamiento, los cuales han albergado a un millón o más de uigures y kazajos.

La oficina del trabajo de Qapqal dio la orden de que los pobladores debían recibir un entrenamiento tipo militar para convertirse en trabajadores obedientes y leales a sus empleadores y al Partido Comunista en el poder. “Cambiemos sus arraigados comportamientos apacibles, negligentes, desordenados, irresponsables e individualistas para que obedezcan las reglas de la empresa”, decía la disposición.

El gobierno sostiene que los pobladores uigures y kazajos son una “fuerza de trabajo rural innecesaria” y que son una población subempleada que amenaza la estabilidad social. Según los funcionarios, al darles trabajos estables, supervisados y aprobados por el gobierno, la pobreza se acabará y se reducirá la propagación del extremismo religioso y la violencia étnica.

El gobierno dice que los trabajadores lo hacen de manera voluntaria, aunque los detractores dicen que es evidente que los obligan. Los documentos oficiales, las entrevistas con expertos y las visitas de The New York Times a Sinkiang señalan que los planes locales de desarraigar a los pobladores limitan sus movimientos y los presionan para que se queden en esos trabajos.

Los expertos dicen que esos métodos tan severos pueden ser equivalentes a trabajos forzados, lo que posiblemente enturbie la cadena de suministro a nivel global que emplea a los trabajadores de Sinkiang, en especial para los productos de algodón. Las empresas minoristas japonesas Muji y Uniqlo dicen que han utilizado algodón de esa región, mientras que Walmart ha adquirido mercancía de una empresa que hasta hace poco empleaba trabajadores de Sinkiang.

Debido al estricto control sobre Sinkiang, “por el momento, debemos suponer que existe un peligro importante de coerción”, señaló Amy K. Lehr, directora de derechos humanos en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y coautora de un estudio acerca de los programas de trabajo en Sinkiang.

El trabajo forzado puede existir “incluso si la coerción fuera implícita o si los programas les ofrecieran a los trabajadores un salario digno”, añadió.

Los programas laborales funcionan en paralelo con los campos de adoctrinamiento en Sinkiang, los cuales han sido objeto de repudio por parte de los gobiernos occidentales. Las personas confinadas en los campos también reciben capacitación laboral, y los funcionarios señalan que enviarán a muchas de ellas a trabajar en fábricas.

En su conjunto, las políticas están diseñadas para hacer que las minorías musulmanas de la región sean más seculares y urbanizadas como la mayoría han de China. Muchos chinos consideran que eso es encomiable. Los críticos uigures lo ven como un sometimiento étnico.

“Lo que están intentando hacer es integrar a la población uigur”, señaló Mustafa Aksu, uno de los coordinadores del programa del Proyecto de Derechos Humanos para la Población Uigur.

‘Fomentar una conciencia de la disciplina’

La fábrica dirigida por la empresa Jinfujie Clothing Co., en el extremo arenoso de Kasgar, una ciudad en el sur de Sinkiang, ha sido la estrella de la campaña laboral del gobierno.

Jinfujie, la cual se autodenomina Futuro Dorado, capacitó y empleó a 2300 trabajadores de las aldeas. El año pasado, un ejecutivo de la empresa les dijo a los funcionarios que esta también abrió una fábrica en un campo de adoctrinamiento, donde puso a trabajar a más de 500 personas.

Este ejecutivo, Sun Yijie, un antiguo soldado, dijo que la empresa manejaba una operación bien organizada para convertir a los pobladores en trabajadores. “Por medio de ejercicios militares antes de comenzar su trabajo, fomentamos una conciencia de la disciplina”, comentó.

Grabaciones de video publicadas en internet muestran a los trabajadores de Jinfujie con uniformes grises con anaranjado formados para asistir a una asamblea motivacional. “Un futuro exitoso”, gritaban al unísono.

El programa laboral se basa en atraer empresas de la costa este de China, donde hay más recursos y menos jóvenes quieren trabajar en líneas de producción. Sinkiang les ha ofrecido a los fabricantes mano de obra barata, así como generosos incentivos fiscales y subsidios.

“Aún no son tan rápidos como los trabajadores de otras regiones de China”, comentó He Tan, un empresario que es propietario de una pequeña fábrica en las afueras de Jotán, una ciudad en Sinkiang.

Las metas del gobierno son de gran envergadura. Un plan emitido en 2018 ordenaba poner a trabajar a 100.000 personas de las zonas más pobres del sur de Sinkiang, una región con una población densa de uigures, para finales de 2020. Recientemente, el gobierno informó que la meta se cumplió un año antes de lo programado. Otro plan señala que para finales de 2023, Sinkiang quiere que un millón de personas estén trabajando en sus industrias de ropa y textiles, a diferencia de las 100.000 que trabajaban en 2017.

En la fábrica de He, decenas de mujeres uigures de las aldeas cercanas estaban sentadas en hileras y sin hablar cosiendo uniformes escolares. Guzalnur Mamatjan, una joven uigur de 20 años, dijo que ganaba unos 200 dólares al mes.

“Quisiera trabajar aquí dos o tres años y luego abrir mi propia tienda de ropa”, comentó en una breve entrevista en presencia de los funcionarios.

‘Se presiona mucho a las personas’

Proyectadas contra las dunas del desierto, las nuevas zonas industriales en Sinkiang por lo general están rodeadas de muros altos, alambres de púas y cámaras de seguridad. Algunas están construidas cerca de los campos de adoctrinamiento y emplean a antiguos internos.

La campaña de Sinkiang para darles empleo a las minorías a menudo se percibe más como una convocatoria del ejército que como un evento para obtener empleo.

Por lo general, los trabajadores que están en capacitación primero asisten a cursos de política parecidos a los que se usan en los campos de adoctrinamiento. Realizan ejercicios militares, aprenden canciones patrióticas chinas y escuchan conferencias que les advierten sobre el fervor islámico y les aconsejan agradecer al Partido Comunista. En ocasiones, los nuevos trabajadores aparecen en las noticias del país con uniformes estilo militar y en posición de firmes mientras los llevan con sus empleadores.

A muchos los separan de sus familias. Una disposición del gobierno de Qapqal ordenó que se llevara a los hijos de parejas trabajadoras a guarderías en sus aldeas natales si eran pequeños, o a internados si eran más grandes, de tal modo que los padres pudieran mudarse para trabajar fuera del condado.

Los movimientos de los trabajadores están muy controlados si están lejos de casa. Según las reglas del gobierno local, en el condado de Yanqi, al norte, a los trabajadores que mandan del sur no se les permite renunciar a menos que obtengan un permiso escrito de diversos funcionarios.

Las personas que se reclutan para trabajar pasan por una “investigación política” para determinar si constituyen un peligro para la seguridad. En el condado de Qapqal, los funcionarios impusieron parámetros para calificar a los posibles reclutas de más confiables a menos confiables. Los menos confiables tenían que asistir a clases de adoctrinamiento en las noches, mientras que solo los más confiables podían salir del condado para trabajar.

“Se presiona mucho a las personas para que firmen contratos de trabajo”, afirmó Darren Byler, un experto en Sinkiang que trabaja en la Universidad de Colorado en Boulder.

Byler señaló que muchos residentes creían que podrían arrestarlos si se negaban a los traslados por trabajo. “La amenaza de los campos de adoctrinamiento se cierne sobre todos, así que, de hecho, no se oponen al trabajo que les asignan en las fábricas”, comentó.

Una fábrica recién construida en un complejo industrial que incluye campos de adoctrinamiento, en Jotán, China, el 2 de agosto de 2019. (Gilles Sabrie/The New York Times)

This article originally appeared in The New York Times.

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