Elevan el rango de la Oficina Anticorrupción, pero surgen dudas sobre cuál será su rol

Maia Jastreblansky

Alberto Fernández anunció que le otorgará mayor independencia y jerarquía a la Oficina Anticorrupción (OA). Pero, en la práctica, se quedó a mitad de camino.

Hasta ahora, la OA dependía del Ministerio de Justicia. El Gobierno determinó ayer, vía decreto, que el organismo de control tendrá "mayor jerarquía institucional", equiparable a un ministerio. Y que pasará a ser "un organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación".

En lo concreto, el titular de la OA fue elegido a dedo por Fernández y su permanencia en el cargo seguirá estando a tiro de decreto de la Casa Rosada. "Aunque se declame que no recibe instrucciones del Ejecutivo, la independencia es un eufemismo", consideró un funcionario que conoce al dedillo el funcionamiento del organismo.

La figura del "organismo desconcentrado" es similar al lugar que tiene la Procuración del Tesoro, donde está hoy Carlos Zannini.

Fernández anunció al fiscal Félix Crous para conducir el organismo que previene e investiga hechos de corrupción en el Poder Ejecutivo. Se trata de un fiscal de trayectoria en el área de derechos humanos, miembro fundador la agrupación kirchnerista Justicia Legítima e histórico crítico del statu quo de la Justicia.

En los papeles, un "organismo desconcentrado" está a mitad de camino entre un ministerio del gabinete (que tiene dependencia administrativa y política del Presidente) y un ente autárquico, con autonomía plena y recursos propios (como se espera, por caso, del Banco Central).

El decreto publicado ayer señala que la OA "gozará de independencia técnica sin recibir instrucciones del Presidente".

La OA tiene dos grandes patas. El sector de "investigaciones" hace pesquisas contra funcionarios, radica las denuncias penales en la Justicia y, eventualmente, requiere a los jueces constituirse como parte querellante en las causas de corrupción. Durante la gestión de la macrista Laura Alonso, la OA se constituyó como querella en decenas de causas, la mayoría de ellas vinculadas a la corrupción kirchnerista. El área de "prevención" es el que administra las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y controla los conflictos de intereses.

El equipo de la OA puso sobre la mesa la idea de traspasarle las atribuciones de investigación a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que depende del Ministerio Público Fiscal y cuyo cargo se completa por concurso. De esa forma hubiera licuado la injerencia de la OA en los tribunales federales.

Según pudo reconstruir LA NACION, Fernández considera que la OA y la PIA duplican atribuciones y así se los manifestó a sus colaboradores.

Pero finalmente, la idea de traspaso, que hubiera licuado fuertemente la injerencia del organismo en la Justicia, quedó descartada. La explicación interna que se dio es que un cambio más de fondo hubiera requerido una ley del Congreso.

Se espera que, en la práctica, a partir de ahora el organismo adopte un rol predominantemente preventivo y que baje su perfil en las causas judiciales.

Según el decreto publicado ayer, los funcionarios del organismo seguirán integrando la dotación de personal del Ministerio de Justicia. Es decir, que esa cartera política seguirá liquidando sus sueldos. Fuentes oficiales explicaron que los empleados encuadrados en Justicia tienen sumas no remunerativas como derechos adquiridos y que resultaba complejo encuadrarlos en otra estructura.

La brasa caliente que recibe Crous es el rol de querellante que tiene la OA en varias causas contra Cristina Kirchner. Según supo LA NACION, la OA no dejará de querellar en esos expedientes ni retirará a sus abogados.