Elecciones 2021: van 3 candidatos asesinados y 35 cuentan con botón de pánico o escoltas

Redacción Animal Político
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En lo que va del periodo electoral, se han registrado 10 casos graves de desapariciones o agresiones, entre ellos el asesinato de dos candidatas y un candidato que buscaban un cargo local. Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los aspirantes a cargo locales son los más agredidos.

En la conferencia matutina de este viernes, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, presentó los resultados de la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, la cual tiene como objetivo principal prevenir y sancionar la violencia política ejercida por parte del crimen organizado o del crimen de cuello blanco.

Detalló que en determinados estados del país, los grupos del crimen organizado han emprendido campañas de intimidación, violencia, desaparición y hasta homicidios para aumentar su influencia política.

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, desde que se implementó la estrategia hasta ahora se han atendido 117 casos de amenazas contra aspirantes, de los cuales 71 son hombres y 46 mujeres.

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103 de esos eventos involucran a más de un aspirante y en 60 se han abierto carpetas de investigación.

Además se han detectado 58 casos preventivos (con alerta de probable violencia), 35 relevantes, en los que los aspirantes cuentan con medidas como un botón de pánico o escoltas, y 10 casos graves en los que se incluyen las desapariciones o asesinatos.

Sobre los asesinatos mencionó los casos de Carla Enríquez Merlín, aspirante a la presidencia municipal de Cosoleacaque, Veracruz, y su madre Gladys Merlín Castro, quienes fueron asesinadas el pasado 15 de febrero; así como el homicidio del expresidente de la Coparmex en San Luis Potosí, Julio César Galindo, quien aspiraba a un cargo de elección popular; y el asesinato de Juan Antonio Acosta Cano, que buscaba la presidencia municipal de Juventino Rosas, Guanajuato.

En el caso de Carla Enríquez Merlín y su madre, la secretaria de Seguridad dijo que 2 personas de su círculo cercano han sido vinculadas a proceso y que hay otras órdenes de órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse por los delitos de feminicidio y robo.

Con relación al homicidio de Julio César Galindo, la Fiscalía de San Luis Potosí ha cumplimentado 4 órdenes de aprehensión contra personas con quien tuvo diferencias por negocios, “una de ellas también con aspiraciones políticas a la Presidencia Municipal de Chalma, Veracruz.

Y en el caso de Juan Antonio Acosta, se detuvo recientemente a los responsables del asesinato y se descubrió que servidores públicos de Juventino Rosas estuvieron involucrados en el hecho.

82% de las víctimas aspiran a cargos locales

Por otro lado, Rosa Icela Rodríguez indicó que más del 47% de los casos de intimidación o agresiones se concentran en 6 estados: Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo.

Y que el 82% de las denuncias corresponden a aspirantes a presidencias municipales, diputaciones locales o ayuntamientos.

Solo el 18% corresponden a candidatos o candidatas a gubernaturas o diputaciones federales.

La titular de la SSPC explicó que si la denuncia viene de aspirantes a diputaciones federales o gubernatura, se brinda protección por parte del gobierno federal, y sin candidatos a cargos locales reciben apoyo en coordinación de las autoridades estatales municipales y federales.

Hasta ahora se han brindado medidas de protección para 41 aspirantes, de los cuales 22 cuentan con vigilancia de policías estatales, 16 de la Guardia Nacional y 3 de otras autoridades.

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Rosa Icela Rodríguez dijo que el protocolo para brindar protección consiste en que las víctimas denuncien la amenaza o agresión ante las autoridades locales. De ahí se inicia una carpeta de investigación, el caso es analizado por la mesa de paz estatal y la nacional, las cuales implementan un esquema de protección y dan seguimiento.

Aseguró que en la estrategia hay una coordinación permanente entre autoridades estatales y federales, y que hay un equipo de monitoreo que trabaja las 24 horas los 7 días de la semana, atendiendo las denuncias.

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