¿La derrota electoral favorecerá la moderación en la Argentina?

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En la noche de unas elecciones legislativas de medio término el 14 de noviembre el ánimo en el búnker de campaña de la oposición extrañamente era muy aplacado. Por todo Buenos Aires los peronistas a cargo del gobierno estaban eufóricos. El presidente Alberto Fernández llamó a una marcha esta semana a plaza de Mayo, escenario de los triunfos pasados del movimiento, “para celebrar la victoria”. En realidad la oposición obtuvo el 42% del voto nacional contra sólo el 34% para los peronistas. La celebración era porque esperaban un resultado peor. Esa no era la única cosa extraña: aunque la derrota preanuncia dos años difíciles para el gobierno de Fernández, también puede hacerle más fácil tomar algunas decisiones duras, tales como llegar a un acuerdo con el FMI.

Fernández, que se declara socialdemócrata, gobierna en un matrimonio político sin amor con su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Ella es una populista de izquierda que le ofreció el máximo cargo en la boleta peronista para la elección presidencial en 2019. En algunos sentidos es ella la gran perdedora esta vez. Los peronistas perdieron su mayoría en el Senado por primera vez desde que se restauró la democracia en la Argentina, en 1983. Aunque siguen siendo el partido más grande, la señora Fernández, que como vicepresidente dirige la Cámara Alta, ya no puede imponer su agenda. Cosa humillante, los peronistas quedaron terceros en Santa Cruz, su provincia adoptiva en la Patagonia que desde hace mucho es un feudo familiar.

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La elección puede marcar el comienzo del fin del kirchnerismo, el agrupamiento políticamente dúctil pero intransigente económicamente que la señora Fernández, que fue presidenta por ocho años luego de suceder a su marido en 2007, convirtió en la fuerza dominante dentro del movimiento peronista. Ha frustrado la inclinación del presidente Fernández por acordar con el FMI, al que la Argentina debe US$43.000 millones. Su respuesta a la dura derrota del peronismo en las elecciones primarias (PASO) en septiembre fue ordenar al gobierno que gastara más en subsidios y ayudas.

“Copiaron las peores prácticas de la política en la Argentina” dice Sergio Berensztein, un analista político. El gobierno transfirió fondos al conurbano de la provincia de Buenos Aires, los suburbios mayoritariamente pobres que albergan a uno de cada cuatro argentinos y son el centro del poder político de la señora Fernández. Este dinero fue no sólo a subsidios, sino también a pavimentar calles en barrios barrosos que aún no cuentan con cloacas ni agua corriente. Una encuesta concluyó que los que recibieron ayuda del gobierno fueron más proclives a votar por los peronistas. El resultado fue que en la provincia obtuvieron 460.000 votos más que en septiembre. Pero eso sigue siendo 2 millones menos que en 2019 y la oposición ganó, aunque por margen estrecho.

Esta relación con los votantes más pobres ha sido la práctica peronista desde que Eva Perón dominara la escena en la década de 1950 repartiendo empleos en el sector público. El margen para ello se está reduciendo. Unas 17 millones de personas (cuatro de cada 10) dependen del estado para sus ingresos a través de beneficios, jubilaciones o empleo público. El resultado son déficits fiscales persistentes. Desde que el FMI suspendió las entregas de fondos a la Argentina en 2019, se financian principalmente con la emisión monetaria, lo que impulsa la inflación.

A menos que negocie un nuevo préstamo, el Gobierno debe repagar al FMI US$21.000 millones en los próximos 13 meses. Las reservas del Banco Central ni se acercan a ello. Por lo que el Gobierno se enfrenta a una dura opción: el default, lo que dispararía otra huida del peso, o llegar a un acuerdo. “Es hora de resolver el problema”, dijo Fernández en un anuncio pregrabado la noche de las elecciones, agregando que enviaría un programa económico al nuevo Congreso a principios de diciembre, algo que previamente había sostenido que era innecesario. Dijo que el Gobierno buscaría el apoyo de la oposición.

Es probable que el FMI acepte un programa menos que riguroso, pero tendrá que incluir algo de reducción del déficit. Eso hasta ahora ha sido anatema para la señora Fernández. El programa propuesto es “una decisión política que tiene pleno respaldo” de toda su coalición, dijo puntualmente el Presidente. Probablemente pueda contar con el apoyo de gobernadores provinciales peronistas y la principal confederación sindical. Pero la señora Fernández aún tiene “influencia y poder de veto”, según Berensztein.

En 2001 un gobierno no peronista fue derribado por protestas luego de que impuso austeridad y perdió unas elecciones de mitad de término. Los peronistas aún controlan las calles y probablemente puedan andar a los tropezones hasta las próximas elecciones en 2023, pero no tienen ningún proyecto para el futuro. Ese es el mayor problema de la Argentina.

Traducción de Gabriel Zadunaisky

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