El Salvador: presentan cargos contra capo de la droga

Por MARCOS ALEMÁN

SAN SALVADOR (AP) — La Fiscalía General de la República presentó el viernes una acusación formal de lavado de dinero y activos contra el empresario José Adán Salazar Umaña y otras ocho personas de su núcleo familiar y allegados, quienes según las autoridades no han logrado justificar el origen de 215,1 millones de dólares.

El 30 de mayo de 2014, Chepe Diablo fue señalado por el gobierno de Estados Unidos como capo del narcotráfico internacional y el tiempo transcurrió sin que fuera tocado por la justicia salvadoreña.

Ahora la embajada estadounidense en El Salvador informó que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, excluyó de la lista de cabecillas de carteles a José Adán Salazar Umaña. El comunicado de prensa señala que Chepe Diablo fue incluido en esa lista "debido a que información disponible en ese momento proporcionaba razón para creer que él tenía un papel significativo en el narcotráfico internacional", pero éste pidió que se revisara su caso y se decidió excluirlo.

Sin embargo, se aclara que la exclusión de su nombre "no debe ser visto en el contexto de otras actividades delictivas en la que esta persona pueda estar o haber estado involucrado, significa simplemente que la información actual que tiene el Departamento de Estado es insuficiente para apoyar el fundamento que el sigue desempeñando un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos".

Se explica que las instancias legales dentro o fuera de Estados Unidos pueden tomar acciones civiles o criminales contra personas identificadas o excluidas de la lista, de acuerdo con las leyes y procedimientos de cada país y que en estos casos podrían tener una base judicial en pruebas que podrían no estar necesariamente a disposición de la OFAC.

Salazar Umaña, conocido como "Chepe Diablo", su hija, su exesposa y otra mujer, fueron presentados ante el Juzgado Cuarto d Paz de San Salvador, donde escucharon los cargos que se les atribuyen.

Otras cinco personas —el alcalde del municipio de Metapán, Juan Umaña Samayoa; Wilfredo Guerrea Umaña, hijo del alcalde; Tránsito Ruth Guerra, exesposa del alcalde; José Adán Martínez, hijo de Chepe Diablo y Romelia Guerra Argueta, exesposa del alcalde— están prófugos y son buscados por la policía.

Chepe Diablo, Juan Umaña y su hijo Wilfredo Guerra, han sido señalados como los cabecillas del Cartel de Texis, ligado al narcotráfico internacional. Sus familiares también están vinculados como testaferros.

Según las investigaciones de la Unidad Financiera del ministerio Público, Chepe Diablo, sus socios y familiares, crearon decenas de sociedades, de las cuales algunas fueron activadas y otras solo fueron usadas como fachada y se ha logrado determinar que 215,1 millones de dólares no fueron justificados y no tiene respaldos.

Solo la empresa Gumersal, en 12 años de trabajo, tuvo un aproximado de 320.000 operaciones financieras valoradas en un aproximado de mil millones de dólares, según las investigaciones.

El Fiscal General, Douglas Meléndez, dijo que durante el proceso podrían incluir el delito de narcotráfico, ya que han detectado alguna operación o traslado de fondos, de un condenado por narcotráfico, que no identificó, a cuentas de Chepe Diablo.

También ha detectado que las sociedades vinculadas al caso, sobre todo la empresa Gumersal, tienen negocios en Guatemala, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos.

Meléndez señaló que tienen bajo investigación la sociedad Desarrollos Montecristo, en la que Chepe Diablo fue socio fundador junto al vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, una empresa fundada en el año 2000, pero que ahora se alega nunca funcionó.

Ortiz que se ha puesto a la orden de las autoridades en la investigación, aseguró que no tiene ningún vínculo con el capo internacional de la droga. "Yo no tengo absolutamente nada que ver con eso y simplemente y sencillamente, y en términos personales y en términos de funcionario, no tengo sociedades, ni negocios con nadie", manifestó el vicemandatario", pero dijo que si es requerido "cualquier información puntual, no tengo ningún problema en dársela a cualquier institución que me lo demande".

El jefe del ministerio Público destacó que simultáneamente al proceso penal contra los implicados se ha iniciado el proceso de extinción de dominio de la empresa Gumersal, la empresa Molinos San Juan, contra siete hoteles y ocho de las 13 residencia allanadas. Al resto de inmuebles, entre ellas siete gasolineras, se les estableció medidas cautelares para que se realicen ventas o traspasos.