El Salvador congela bienes de empresa minera

Por MARCOS ALEMÁN

SAN SALVADOR (AP) — La Fiscalía General salvadoreña logró inmovilizar inmuebles, vehículos y cuentas bancarias de la empresa trasnacional OceanaGold —antes Pacific Rim— porque no ha cumplido con el pago de costos procesales derivados del arbitraje internacional promovido por la empresa minera.

La compañía había solicitado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial, que ordenara a El Salvador pagar 248 millones de dólares por la pérdida de ganancias potenciales cuando el país no otorgó una licencia para la extracción de oro en la zona de El Dorado, en San Isidro Cabañas, al noreste de la capital, y en otras regiones del país con potencial para la extracción de metales preciosos.

Sin embargo, en octubre 2016, el CIADI desestimó todos los reclamos de la empresa minera y la condenó al reembolso de ocho millones de dólares por los costos procesales. La compañía no ha cumplido.

El ministerio Público acudió ante la Corte Suprema de Justicia y se autorizó la inmovilización de nueve inmuebles ubicados en el municipio San Isidro, departamento de Cabañas, donde la trasnacional había solicitado el permiso para la exploración y explotación minera. También se inmovilizaron tres cuentas bancarias con 198.904 dólares y siete vehículos, en su mayoría todo terreno.

A inicios de 2000, la Dirección de Hidrocarburos del ministerio de Economía de El Salvador autorizó la exploración en la zona de El Dorado, pero cuando la compañía encontró yacimientos de oro y plata en el departamento de Cabañas, las solicitudes para los permisos de explotación nunca fueron respondidas por las dependencias gubernamentales correspondientes.

El ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó una evaluación ambiental de la minería metálica, que determinó que las condiciones del país no son adecuadas para el desarrollo de la actividad minera, ya que comprometía los recursos naturales, en específico el agua.

Pese a la sentencia en contra, la empresa mantuvo una campaña para buscar la autorización de exploración y explotación minera, pero recientemente la Asamblea Legislativa cerró toda posibilidad al aprobar una ley que prohíbe la minería metálica en todas sus modalidades.

La ley tiene como objeto prohibir la minería metálica en el suelo y el subsuelo del territorio salvadoreño. La prohibición incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o subterráneo. También se prohíbe el uso de químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros en cualquier proceso de minería metálica.

El Salvador es el país más pequeño y densamente poblado de Centroamérica. Noventa por ciento de sus aguas superficiales están contaminadas, según el ministerio de Medio Ambiente