Qué hay detrás del polémico decreto que pretende expulsar extranjeros en Argentina

La Argentina mantiene una tensión en su forma de ver a los extranjeros. Por un lado, su sociedad está cimentada en fuertes olas migratorias que definieron el tejido social en 1880 y 1929. Y la Constitución dice claramente que el país está abierto a “todo aquel que quiera habitar el suelo argentino”. Sin embargo, hubo momentos de la historia de este país en los cuales las leyes se endurecieron contra los migrantes. Que se tradujeron en xenofobia. Y un decreto podría intensificar esto.
Se trata del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU, una prerrogativa que tiene el Ejecutivo) que el presidente argentino, Mauricio Macri, firmó en enero de 2017 para endurecer los controles migratorios en la Argentina y agilizar la deportación de los extranjeros vinculados con el delito.

¿Cuál es el problema principal de esta idea, si se sostiene en la expulsión de los inmigrantes acusados de cometer delitos?

Principalmente, las estadísticas: la Justicia argentina consideró en marzo de este año que los números no apoyan la idea de que los inmigrantes cometen delitos en Argentina. Por eso la declaró inconstitucional.

“Las estadísticas no indicaban ningún problema de seguridad vinculado directamente con los inmigrantes, eran las mismas de hace 15 o 20 años, que señalaba claramente que los extranjeros cometen menos delitos proporcionalmente que los argentinos”, explica a Yahoo Pablo Ceriani, especialista en derechos de migrantes y fue vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de Migrantes de la ONU. Actualmente es Director del Programa Migración y Asilo del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús.

“Decimos los extranjeros que viven en Argentina, otra cosa es un extranjero que lo agarran en el aeropuerto entrando con droga; en este sentido, el Gobierno alegó una cuestión de emergencia que terminó usando a los inmigrantes como chivo expiatorio, a pesar de que los números no representaban ningún problema”, agrega Ceriani.

Pero el 24 de abril pasado la Cámara de Casación confirmó la constitucionalidad de un artículo de 2003 que afecta a los extranjeros. Será, así, una próxima instancia judicial en la Corte Suprema la que tenga que rever este polémico decreto.

Esta tradición xenófoba tiene raíces en la historia argentina. La ley de residencia de 1902 señalaba que ante un conflicto social, los extranjeros eran los responsables, en vez de hablar de los problemas sociales y laborales que había en el gobierno de aquella época, explica Ceriani. “Después está la ley de la dictadura, la Ley Videla de 1981, 22439, que era una ley muy restrictiva que permitía la detención administrativa por parte de Migraciones, Policía Federal y Gendarmería. Había miles de personas detenidas sin pasar por la Justicia, y eso se aceleró en los 90 en el contexto del incremento de la xenofobia de los gobiernos de Menem”, agrega.

Este tipo de políticas tiene un impacto directo en la vida de los migrantes. Ceriani habló con Yahoo para aclarar un poco el decreto, sus efectos, y qué puede llegar a pasar respecto de su constitucionalidad.

─¿De qué se trata este decreto del año pasado para expulsar extranjeros involucrados en delitos?

─ La ley de migraciones es del año 2003. Incluye causales de expulsión del territorio y por lo general una de las causales es la comisión de delitos. Lo que cambió con el decreto de 2017 es que mientras que antes la expulsión era por delitos graves, que tuvieran entre 3 y 5 años de pena, invocando una emergencia de seguridad, fue bajar eso a cero prácticamente: cualquier delito, por más leve que sea, podría dar lugar a una expulsión. Esto es una barbaridad, porque se puede pensar en un delito culposo, por ejemplo: podría dar lugar a que se lo expulse.

─¿Es frecuente este tipo de medidas?

─Esto está desde 2003 y prácticamente todos los países del mundo incluyen este tipo de cosas: darse la facultad de delimitar qué delitos son graves como para legitimar que a una persona que se le da el permiso de residencia, se pueda ir del país. Está desde hace un siglo en casi la mayoría de los países. Hay discusiones dentro de esto, como ser si no es una doble pena, porque si es alguien que comete un delito y ya está siendo investigado y eventualmente condenado, por qué habría que expulsarlo del país, lo que podría impedir por ejemplo que esa persona se vea con su familia, y entran otros derechos en juego como los derechos de los niños.

─¿Qué tipo de reclamos motivan estas leyes?

─Cada vez más, en los últimos años, está una idea en el aire de usar a la inmigración como una cuestión política: la idea de que los extranjeros son fuente de todos los males y sobre eso crean una demanda social de este tipo de leyes. Hay una construcción del discurso de los medios y gobiernos no sólo en Argentina. Porque eso genera una reacción social que demanda eso, y sobre eso se monta una reforma. Pero por lo general es una construcción eso, tiene algo de ficticio.

Y esto pasa en todos lados: Estados Unidos, Chile, países europeos. A veces el uso electoralista de este tema lleva a generar una demanda social frente a una realidad social que no existe.

─¿Qué requisitos deberían cumplirse cuando un extranjero es sospechado de un delito?

─Los requisitos habituales cuando una persona, sea extranjera o no, está en una situación de sospecha de un delito, tienen que ver con el debido proceso. Deben ser notificados, tienen que tener derecho a un abogado, a apelar, se les deben dar plazos razonables. Buena parte de estas cosas fueron recortadas por el DNU. Y es por eso que la cámara en lo Contencioso Administrativo declaró la inconstitucionalidad de todo eso. De la reforma por decreto y del contenido.

─¿Cómo puede afectar la vida de los extranjeros que viven en Argentina?

─De muchas maneras. La expulsión del territorio donde vive una persona afecta por muchos lugares. Una persona tiene un trabajo, una familia, una vivienda, miedo de volver a su país. Puede estar tanto tiempo en Argentina que ya no tenga una red social en su país. Muchas veces es un catálogo de derechos que se ven afectados, incluso en el aspecto psicológico. Por eso es importante que haya un debido proceso.

─A nivel social, ¿cómo repercute en un inmigrante?

─El decreto también genera una situación particular para los inmigrantes que viven en Argentina porque aún siendo inocentes, en pleno proceso, pueden ser expulsados. Eso es una barbaridad en términos migratorios y en términos penales: una persona culpable puede ser expulsada sin juicio previo. Eso habla de que el decreto no pretende fortalecer una política contra los criminales, sino legitimar la impunidad de ciertos delitos pero sí poner un manto de sospecha sobre la población migrante.

─¿En qué situaciones podría verse expulsado un inmigrante?

─Un migrante puede ir a una marcha, puede tener un altercado con un policía o un problema en el cual incluso no ha hecho nada, y ya por eso puede ser expulsado. Este decreto, si se llegara a confirmar, yo entiendo que no, sería preocupante porque habría una amenaza latente sobre cualquier inmigrante que vive en Argentina, porque ante cualquier problema, la expulsión es una opción disponible.

─¿Contribuye a la xenofobia este tipo de políticas?

─Ese es el otro problema de fondo del decreto y los mensajes de este tipo: la xenofobia. Se profundiza el odio hacia los migrantes que existe en Argentina, convirtiéndolo en política de Estado. Y esto genera problemas para los migrantes en todo sentido: en cómo los ven sus vecinos, en cómo los tratan en el trabajo, en la interacción de los niños en las escuelas.

La xenofobia es gravísima, más cuando se impulsa desde el Estado. Los mensajes que transmiten este tipo de políticas son gravísimos, porque llegan rápido a la población y para revertirlos hay que trabajar décadas con políticas educativas y formación, que informen seriamente sobre la población migrante y no consolidando estereotipos o tergiversando estadísticas.

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