El padre racista y xenófobo de la norma que se usa en EEUU para criminalizar a los migrantes

Julián Castro, precandidato demócrata a la presidencia estadounidense, protagonizó uno de los momentos estelares en el debate del pasado miércoles 26 de junio en Miami, cuando pidió a sus oponentes sumarse al compromiso de abolir la Sección 1325 (Título 8) del Código de Estados Unidos, una norma más bien oscura pero que está en el centro de la presente embestida del gobierno de Donald Trump contra los migrantes que llegan a Estados Unidos cruzando la frontera sur.

La Sección 1325 tipifica como un delito con sanción de hasta seis meses de cárcel y multas a quien entre a Estados Unidos por un lugar o en un tiempo diferente al designado por las autoridades de inmigración y a quien eluda la inspección de esos oficiales o trate de ingresar o logre hacerlo tras haber ofrecido información engañosa u ocultando hechos relevantes.

Esa norma, así, convierte al cruce irregular de la frontera y el ingreso a Estados Unidos de ese modo en un delito menor. Y aunque eso ha estado establecido así desde hace casi un siglo, desde hace muchas décadas no se había aplicado con rigor extremo y severa crueldad como se ha registrado durante la administración Trump. Como dijo Castro en el debate, es en esa norma en la que el gobierno se ha apoyado para acusar penalmente a los migrantes adultos, recluirlos y separarlos de sus hijos menores de edad.

La política de “tolerancia cero” y detención y separación de familias de Trump, que personajes de su propio gobierno han aceptado que fue establecida para disuadir la llegada de migrantes al someterlos a la crueldad de la reclusión y la ruptura de familias, tiene en gran medida su fundamento jurídico en esa Sección 1325.

Es una disposición legal que, además de su ominoso uso presente, tiene un origen muy punzante y controversial pues fue impulsada, como narró The Washington Post, hace 90 años gracias al empuje de un senador calificado como racista y supremacista blanco impenitente.

El planteamiento de abolir esa norma como foco de la presente inhumanidad y crueldad contra los migrantes fue el ariete con el que Castro mermó a su oponente Beto O´Rourke, ambos texanos, y aupó al exalcalde de San Antonio y exsecretario de Vivienda, el único latino en la contienda presidencial, ante los reflectores mediáticos como no había logrado antes en su campaña.

Ciertamente, esa norma ha tenido punzantes aplicaciones contemporáneas en la criminalización de los migrantes, pero desde su misma formulación a finales de la década de 1920 tuvo una intencionalidad especialmente antiinmigrante. Su principal creador, el senador demócrata Coleman Livingston Blease, un político neoconfederado que apoyaba imponer controles a la inmigración basado en criterios raciales y xenófobos. Con esos criterios, por ejemplo, se prohibió la inmigración de personas asiáticas y se deportó en masa a mexicanos y méxicoamericanos en la década de 1930.

Esos lineamientos, que iban de la mano, de acuerdo a expertos citados por el Post, del régimen de segregación racial, fueron desmontados tras el movimiento por los derechos civiles de la década de 1960, pero la sección 1325 ha permanecido, quizá un tanto inerte por momentos pero ardiente en la actualidad como pilar de la “tolerancia cero” hacia los migrantes de Trump.

Blease nació en 1868 en Carolina del Norte, tres años después del fin de la Guerra Civil, que abolió la esclavitud, y se dedicó a partir de finales del siglo XIX a la política con un discurso de apoyo a los anglosajones pobres y de severa virulencia contra los afroamericanos. Incluso defendió la violencia contra ellos, a quienes consideraba inferiores, y fue un intenso promotor de la segregación racial. Incluso llegó a defender el linchamiento de afroamericanos y basó su política como legislador estatal y gobernador de Carolina del Norte en un abierto racismo.

Así, cuando Blease fue electo al senado federal en 1924, narra el Post, llevó ese afán de supremacismo blanco a Washington con propuestas como una prohibición constitucional del matrimonio interracial, que no prosperó, y la criminalización del cruce no autorizado de la frontera para controlar la inmigración desde México, que persiste hasta hoy en la Sección 1325.

En sus primeros 10 años de aplicación, la Sección 1325 se usó con fuerza y miles de personas fueron juzgadas por haber entrado ilegalmente al país. Pero después comenzó a declinar el interés por esa persecución, y por décadas no fue aplicada con el rigor previo y presente. El gobierno de Trump con todo la ha usado de modo enorme para criminalizar y procesar a migrantes y, por extensión, para separarlos de sus hijos menores en tanto se cumple con los procesos legales de los adultos.

Blease quizá se sentiría a gusto en el contexto de la actual Casa Blanca. Pero el llamado de Castro a eliminar la Sección 1325 es pertinente y es una vía para mitigarla crisis humanitaria presente en la frontera, que indudablemente se ha exacerbado por la “tolerancia cero” de la administración de Trump.