El Gobierno recurre ante la Justicia los presupuestos de Cataluña

El Consejo de Ministros aprobó el viernes recurrir los presupuestos de la Generalitat catalana para este año por incluir una partida para la celebración de un referéndum de independencia antes de septiembre. En la imagen, el presidente catalán, Carles Puigdemont, pasea por el Palau de la Generalitat en Barcelona, el 10 de febrero de 2017. REUTERS/Albert Gea

MADRID (Reuters) - El Consejo de Ministros aprobó el viernes recurrir los presupuestos de la Generalitat catalana para este año por incluir una partida para la celebración de un referéndum de independencia antes de septiembre.

El anunciado recurso del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que planteará la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, pide que se suspendan las partidas relativas a las consultas populares, cuya convocatoria es de competencia estatal.

"El referéndum no va a ningún lado porque vulnera la Constitución y la legalidad, eso lo ha dicho en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional", dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros.

El Parlamento catalán, de mayoría soberanista, aprobó la semana pasada los presupuestos para 2017 pese al aviso del letrado mayor de la cámara de que la inclusión de una partida para una consulta podía incurrir en un delito de desobediencia al Constitucional, que prohibió ya un referéndum simbólico en 2014.

La decisión de plantear el recurso, que conllevará la paralización de las partidas tras su previsible admisión a trámite, se produce tras un informe favorable del Consejo de Estado y será paralelo a otros anunciados por Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos.

Las autoridades catalanas, que llevan años reclamando una votación vinculante sobre la independencia, insisten en que colocarán las urnas este año pese al rechazo frontal del Gobierno central, que se apoya en la indivisibilidad del Estado que recoge la Carta Magna.

Además de plantear el recurso, el Gobierno pedirá al alto tribunal que notifique la providencia al presidente catalán, Carles Puigdemont, y a los altos cargos implicados en la gestión de los presupuestos, apercibiéndoles de las posibles consecuencias penales en caso de desobediencia.

"Hay dos cuestiones que deberían llevar a reflexionar: no pueden ir en contra de la Constitución y las leyes en ningún estado democrático", añadió Sáenz de Santamaría, que como ministra de Administraciones Territoriales está a cargo de la negociación con Cataluña.

"Eso les está llevando a que no tengan ninguna cobertura internacional, y que el apoyo social se está viendo reducido a medida que se refleja el hartazgo respecto a un proceso que no conduce a ninguna parte", añadió.

Aunque la mayoría de los catalanes quieren votar, los apoyos a la escisión de España han sufrido un desgaste en los últimos meses y hoy son mayoría los contrarios a la independencia, según recogió un sondeo de la Generalitat difundido el jueves.

En un intento por desactivar el auge soberanista de los últimos años, el Gobierno de Mariano Rajoy prometió esta semana en Barcelona 4.200 millones de euros en infraestructuras en la región, que representa un 20 por ciento de la economía española.