El gobierno de Trump quiere revocarles la ciudadanía a inmigrantes que se naturalizaron fraudulentamente

La presión del gobierno de Donald Trump en materia de inmigración es fuerte y en severo recrudecimiento. Y además de la embestida de criminalización y separación de familias indocumentadas en la frontera, de las redadas contra indocumentados dentro del país y del desamparo en el que se ha dejado a miles y miles de beneficiarios de DACA o del TPS, la administración está enfocando también su afán persecutorio en los inmigrantes documentados. Incluso en algunos que ya se han naturalizado y son ciudadanos estadounidenses.

Así, el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Francis Cissna, dijo a la agencia AP que está contratando “docenas de abogados y oficiales de inmigración” con el fin de revisar casos de naturalización para detectar aquellos en los que solicitantes que tenían orden de deportación pudiesen haber utilizado falsas identidades para obtener primero la residencia y luego la ciudadanía estadounidense.

Una ceremonia de naturalización en Mississippi, Estados Unidos. (AP)

Cissna añadió que a quienes se identifique en ese caso serán remitidos al Departamento de Justicia para que se proceda ante una corte a retirarles la ciudadanía e, inclusive, podrían ser acusados penalmente por fraude. Y ciertamente revocar la ciudadanía a quienes usaron identidades falsas o usurpadas o que eran inelegibles por tener procesos previos de deportación se justificaría legalmente.

No se trataría en algunos casos de una mera suposición, pues en septiembre de 2016, al final del gobierno de Barack Obama, se identificó que cerca de 315,000 registros de huellas digitales de personas que fueron deportadas o condenadas por un delito no fueron incluidas en la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional que verifica los antecedentes de los inmigrantes que solicitan residencia o ciudadanía. Eso no significa que todas esas personas estén necesariamente en situación improcedente, pero ese reporte sí ubicó 800 casos de personas que fueron deportadas y que luego utilizaron una identidad distinta para obtener la ciudadanía.

En el pasado se han dado casos de “desnaturalización” o revocación de la ciudadanía estadounidense, pero en general han sido escasos y por razones muy concretas. Por ejemplo, de acuerdo a AP, personas que mintieron al presentar su solicitud sobre su implicación en crímenes de guerra. Pero, ahora, las autoridades al parecer se disponen a analizar con más detalle, sobre todo para identificar y “desnaturalizar” a aquellos que ocultaron que estaban en situación de deportación y/o usaron identidades falsas para obtener su ciudadanía, privilegio que en esa condición no debieron haber obtenido.

Un caso al respecto sucedido a principios de este año es el de un hombre de origen indio que entró al país en 1991 con el nombre de Davinder Singh, se le impuso en 1992 una orden de deportación pero poco después solicitó asilo con el nombre de Baljinder Singh. Se casó luego con una estadounidense y con el tiempo obtuvo la residencia y la ciudadanía. Las autoridades le despojaron, por orden de un juez, de su ciudadanía por no haber mencionado que previamente estuvo sujeto a deportación y haber usado una identidad diferente.

Pero dado que el afán de emprender esas “desnaturalizaciones” a escala mayor, como comenta Masha Gessen en The New Yorker, se inscribe en el contexto de la rudeza antiinmigrante de la actual administración, ante esa actitud de severidad persecutoria muchos ciudadanos naturalizados, incluso aquellos que no cometieron faltas, pueden sentir inquietud ante la posibilidad de ser sujetos de escrutinio y procesamiento.

Francis Cissna, director del Servicio de Ciudadanía en Inmigración (USCIS) de Estados Unidos. (AP)

Se ha dicho que USCIS solo pretende perseguir a quienes mintieron o engañaron deliberadamente durante su proceso de naturalización y no a quienes cometieron errores u omisiones sin intención. Y, de acuerdo a Cissna, al gobierno no le interesan casos con discrepancias menores, como expedientes de personas de origen latinoamericano que tienen dos apellidos.

Pero algunos han alertado que hay detalles en el proceso de naturalización que podrían ser interpretados de modo muy abierto y, en ese sentido, muchos residentes o naturalizados podrían ser considerados sospechosos.

Gessen cita, por ejemplo, una de las preguntas en la solicitud para obtener la residencia permanente, que cuestiona al solicitante si en cualquier momento cometió cualquier clase de crimen incluso si no fue arrestado, acusado o juzgado por ello. Dado que no se especifica si ese posible crimen se circunscribe a la ley estadounidense o a una época específica, cabría la posibilidad, si la autoridad tomara una actitud persecutoria extrema, que se determinara que una persona homosexual originaria de un país en el que tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo es considerado un delito (no lo es en Estados Unidos) podría haber mentido si no reveló su actividades íntimas en su solicitud, como se comenta en The New Yorker.

No es lo que, al menos por lo que ha dicho el director de USCIS, el gobierno federal pretende perseguir, sino aquellos casos patente y deliberadamente fraudulentos. Pero en el presente contexto de presión oficial antiinmigrante, el potencial efecto de una “fuerza de desnaturalización” inquieta a abogados, activistas y desde luego a residentes y ciudadanos naturalizados, que temen que errores no intencionados o malos entendidos puedan ponerlos súbitamente ante una corte para decidir sobre su estatus.

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