Yahoo Noticias El fondo millonario que usan para silenciar acusaciones de abuso sexual y discriminación contra legisladores de EEUU
Las recientes acusaciones de acoso y abuso sexual formuladas contra poderosos políticos y figuras de los medios y el entretenimiento han sacudido a EEUU y comienzan a consolidar una necesaria y nueva actitud de rechazo frontal contra ese tipo de prácticas y de fin a la impunidad.
Algunos de los señalados como depredadores sexuales, presuntos o reconocidos, son personajes políticos de peso: el juez y candidato a senador por Alabama Roy Moore, el actual senador por Minnesota Al Franken y, cabe añadir, el entonces candidato y hoy presidente Donald Trump.
Pero en el caso de los legisladores, como se comenta en Vox, el Congreso tiene a su disposición un fondo especial, dotado con millones de dólares, especialmente dedicado a pagar arreglos extrajudiciales en los que estén implicados funcionarios o instancias del gobierno federal, como es el caso de representantes y senadores, en acusaciones de acoso sexual, discriminación racial y violaciones de los derechos de los discapacitados.
El citado portal indica que al amparo de la Ley de Transparencia del Congreso de 1995, desde el Capitolio se han pagado al menos 17 millones de dólares en acuerdos extrajudiciales por alegaciones como las citadas. Eso ha permitido que las acusaciones contra representantes, senadores y funcionarios legislativos queden silenciadas, muchas veces por el propio convenio de confidencialidad implícito en el pago, y que por ende los políticos implicados queden a salvo del escándalo y del escarnio público, que puede llegar a constarles el puesto.
Todo, para añadir al escándalo, pagado con dinero de los impuestos de los estadounidenses.
Por ejemplo, como informó BuzzFeed, en 2015 el representante John Conyers, de Michigan, que es parte de la Cámara de Representantes desde 1965 y es el más longevo de sus miembros, habría llegado a un acuerdo con una exempleada que lo acusó de haber sido despedida porque no aceptó los avances sexuales del político. Conyers ha reconocido que hizo ese trato, en el que se incluyó un pago a la acusadora de más de 27.000 dólares, aunque negó que las acusaciones hayan sido ciertas.
En ese caso el dinero habría salido de la oficina de Conyers y no del citado fondo federal especial, pero en todo caso se trató, cabe suponer, de recursos públicos.
Además del desembolso, se afirma que por lo general las personas que presentan esas quejas son presionadas severamente, al grado de que optan por mantener la confidencialidad de sus alegaciones a cambio de un pago y evitan ir a la corte o los medios para plantear sus demandas.
En EEUU es práctica común zanjar acusaciones que pueden llegar a procesos en tribunales mediante acuerdos económicos extrajudiciales, sujetos a la secrecía de un acuerdo de confidencialidad, pero cuando no se trata de situaciones entre particulares, sino de casos en los que entre las partes hay personas que ocupan cargos gubernamentales y posiciones de poder público, ese tipo de acuerdos en la sombra no ayudan a la transparencia y la rendición de cuentas ante la sociedad.
Algo que es imperativo y que hoy se exige con vehemencia.
De acuerdo a The Washington Post, el citado fondo para resolver quejas de abuso sexual o discriminación racial o contra discapacitados y otras violaciones laborales interpuestas contra instancias o funcionarios federales ha pagado 17 millones de dólares en 264 acuerdos desde 1997 relacionados al Congreso.
Cabe señalar que se trata de cuestiones específicas en la que empleados del Capitolio presentan alegaciones contra congresistas o funcionarios legislativos y que muchas de ellas podrían tener que ver con asuntos laborales no vinculados a cuestiones sexuales y a discriminación. Pero como no hay claridad sobre cuántos de esos arreglos tuvieron que ver con cuestiones de acoso, la gran interrogante y la molestia ciudadana al respecto siguen abiertas y punzantes.
Con todo, acusaciones como las que se han presentado contra Franken y las que pudieran aparecer contra otros legisladores de parte de personas que no son empleadas federales o del Congreso no estarían cubiertas por el citado fondo.
Pero cabe preguntarse cuál es la posibilidad de verdadera rendición de cuentas y de que los votantes puedan conocer realmente el perfil y la conducta de sus representantes si posibles y ominosos casos de abuso y discriminación pueden quedar en el silencio, cubiertos por un acuerdo bajo fuerte presión contra quien se queja y con un pago a cargo de los contribuyentes.
