El escándalo de Trump y Ucrania cataliza la presión para abrir un proceso de destitución

La Cámara de Representantes estaría hoy un paso más adelante, y quizá más cerca que nunca, de abrir un proceso de destitución –conocido como impeachment– contra el presidente Donald Trump luego de que se han realizado ominosas alegaciones de una supuesta presión a un mandatario extranjero para que abra investigaciones que afectarían al principal aspirante demócrata a la presidencia.

El súbito y nuevo escándalo que engulle a Trump y su entorno ha cobrado intensidad y, ante su impulso, tal parece que ni la Casa Blanca ni la oposición demócrata en el Congreso tienen una línea de acción clara y pertinente de cara a la opinión pública y la ciudadanía estadounidenses.

El exvicepresidente y precandidato presidencial demócrata Joe Biden y el presidente de EEUU, Donald Trump. (AP Photo/File)

Se afirma que Trump habría tenido una conversación con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la que habría presionado con retener casi 400 millones de dólares de ayuda estadounidense si no se abría una investigación en torno a las actividades en ese país de Hunter Biden, hijo del exvicepresidente y aspirante presidencial demócrata Joe Biden.

Trump ha negado haber condicionado la ayuda a Ucrania a la apertura de una investigación en torno a las actividades de Biden, pero sí ha afirmado –sin presentar evidencia– que el exvicepresidente y su hijo están sumidos en corrupción.

Pero otras voces han señalado que Trump ha impropiamente mezclado cuestiones político-electorales con la diplomacia estadounidense y que presionar a una país para que realice trabajo en contra de un potencial rival político –como se alega hizo Trump ante Ucrania en relación a Biden–constituye un flagrante abuso de poder y un golpe a la institucionalidad democrática.

Según sus críticos, si Trump en efecto hubiese realizado tal presión, o extorsión, para obtener un beneficio personal (como sería golpear a su rival demócrata), habría cometido un acto ilegal.

En realidad no se ha hecho público el contenido y el tono de la conversación entre Trump y Zelensky y por ello todo se encuentra actualmente en el entorno de la especulación. Pero es relevante que un funcionario de la inteligencia estadounidense que tuvo conocimiento de lo discutido entre ambos mandatarios lo consideró impropio y lo reportó al inspector general de Inteligencia de Estados Unidos, Michael Atkinson.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. (Reuters)

Pero cuando la Casa Blanca se negó a compartir con el Congreso la información requerida por Atkinson, este lo reportó a los legisladores, quienes exigen se les revele el contenido completo de la citada llamada.

El entorno de Trump ha descalificado la acción del informante de inteligencia y lo que Atkinson ha hecho al respecto por considerarla de “partidista”, pero numerosas voces han señalado que Atkinson es un funcionario judicial de carrera de singular ética y rigor y que si decidió llevar las cosas al nivel en que el asunto ha llegado es porque estaría convencido de que es su obligación legal actuar así.

Ahora, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes ha exigido al director interino de Inteligencia Nacional que revele por qué se negó a compartir con el Congreso la queja del informante y ya existe un citatorio oficial al respecto. Pero es previsible que ese funcionario invoque el privilegio ejecutivo de confidencialidad y se niegue a revelar detalles, lo que, si la Cámara de Representantes insiste en que se le revele el asunto, podría desencadenar nuevos citatorios y demandas ante tribunales.

En paralelo, la noción de que Trump usa la política exterior para golpear sus rivales con miras a las elecciones de 2020 es una razón de peso nueva y punzante que esgrimen los legisladores demócratas que exigen abrir un proceso de destitución contra el presidente.

Y, en este caso, la marea es de enorme calado y no será fácil contenerla para la líder de la mayoría en la Cámara, Nancy Pelosi, quien se ha opuesto hasta ahora a emprender el impeachment contra Trump. El propio Biden ha dicho que no apoya en este momento el inicio de ese procedimiento en contra del presidente.

Esas negativas, que algunos han justificado en la noción de que procesar al presidente enardecería a la base de seguidores de Trump y lo fortalecería electoralmente, ya han creado severas tensiones en el Partido Demócrata. Las alegaciones en torno a Trump y Ucrania han exacerbado esa situación y colocan al liderazgo demócrata en una posición difícilmente sostenible.

Los promotores del impeachment –entre ellos precandidatos presidenciales demócratas rivales de Biden– cuestionan el porqué de la resistencia a abrir un impeachment contra Trump cuando, a sus ojos, es claro que además de los numerosos escándalos y acusaciones que ya han pesado contra el presidente, Trump ha cometido un flagrante abuso de poder en el asunto de Ucrania y Biden.

Nancy Pelosi, líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. (Reuters/Jessica Orellana)

Ante ello, muchos analistas consideran que la mayoría en la Cámara ha de dar ya paso formalmente a un proceso de destitución, ya sea por cuestiones legales y éticas ante la impostura de la que se acusa al presidente o, en lo pragmático-electoral, para no ahondar la fractura del Partido Demócrata, situación que ciertamente sería beneficiosa para Trump.

Investigar actos de corrupción o de prácticas ilegales es un imperativo se trate de Trump, Biden o de cualquier otro gobernante o aspirante a serlo. Pero ello debe hacerse con el rigor y el balance que la ley y la relevancia del tema exigen.

Acusar de corrupción sin pruebas es en sí una actitud impropia de parte de un mandatario, pero presionar a un líder extranjero y condicionar la política exterior a cuestiones de beneficio personal, como se alega hizo Trump ante el presidente de Ucrania, resulta no solo cuestionable en términos éticos y democráticos, sino potencialmente contrario a las leyes y a los intereses de Estados Unidos.

Los presidentes estadounidenses rutinariamente presionan a mandatarios extranjeros para hacer avanzar la política exterior y los intereses estadounidenses, y en ello no hay novedad. Aunque muchos lo consideran una práctica intervencionista e imperial que ha tenido nefastos efectos en el pasado, desde la perspectiva estadounidense no habría reproche en el ejercicio de su poder de presión para hacer avanzar cuestiones legítimas de política exterior del país.

Pero usar esa presión para lograr ganancia electoralista resulta censurable y dilucidar si eso es lo que ha sucedido está en el centro de la presente controversia. En contrapartida, la presión de la opinión pública y de gran parte de los demócratas a favor de iniciar un impeachment ha llegado a niveles sustantivos: si el jueves, el límite dado por la Cámara a la Casa Blanca, no se le revela al Congreso el reporte del informante, comenzar el proceso de destitución sería un proceso inminente y muy difícil de frenar.

Y hay quienes incluso señalan que es tan patente la conducta impropia de Trump que no hace falta que se revelen o se oculten esos detalles y el impeachment debería comenzar de inmediato.

Las acciones y reacciones de Trump al respecto son indicativos de la abrasiva forma como se desenvolverá en la campaña en la que buscará su reelección. Y, en realidad, incluso aunque la Cámara presentara cargos formales contra Trump, es improbable que su destitución proceda en un Senado de mayoría republicana. Y si no se presenta y arde el campo demócrata por ello, eso también tendrá un efecto singular en el proceso electoral.

Todo, así, se dilucidará con el voto en 2020.