El error que podría regresarle su pensión de expresidente a Vicente Fox

Foto: Cuartoscuro
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Por 42 años los expresidentes de México tuvieron pensiones con las que pudieron continuar disfrutando un elevado nivel de vida. Los impuestos de los mexicanos pagaron esa “prestación” vitalicia, además gastos por el personal civil puesto a su disposición y personal militar que cuida de su seguridad, así como seguros de vida y de gastos médicos mayores para ellos y sus familias.

El tema de las pensiones vitalicias que se entregaban a los expresidentes fue de los preferidos en los discursos de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Lo utilizó porque indigna a muchos mexicanos que, para obtener una pensión del Seguro Social o del ISSSTE de 2500 a 8000 mil pesos, debieron trabajar entre 25 y 30 años, o más, mientras que a los expresidentes, que desempeñaron el cargo por seis años, recibían una pensión de más de 200 mil pesos mensuales.

El pasado 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que limita los salarios de los servidores públicos, establece que ninguno podrá ganar más que el Jefe del Ejecutivo y pone fin a las pensiones vitalicias para los expresidentes.

La noticia sobre el fin de las pensiones para los expresidentes fue bien recibida y comentada de manera positiva en diversos medios de comunicación, había llegado a su término la “prestación” que muchos consideraban injusta e inmerecida, en particular cuando se analiza que con sus acciones han generado crisis que retrasan el desarrollo nacional y alejan a la población de la equidad y la
justicia social.

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De este proceso legislativo llamó la atención lo rápido que fue resuelto el tema en la Cámara de Diputados por los legisladores de Morena que, en su afán por complacer a López Obrador, “descongelaron” una ley formulada y creada por el Senado de la República en 2011 y no la modificaron, por lo que, debido al desfase de sus datos, podría ser impugnada en tribunales por los abogados de los servidores públicos y desde luego por los expresidentes.

Los diputados de Morena aprobaron una ley que estuvo “congelada” por siete años y ello significa que contiene referencias a medidas, como los salarios mínimos, que ya no existen o menciones a instituciones que se denominan de manera diferente, como el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y dejaron fuera las reformas administrativas contra la corrupción y los principios relacionados con los derechos humanos y estas omisiones configuran un error.

El error de los legisladores podría desembocar en que los expresidentes recuperen su pensión, que por cierto, se encuentra entre las más altas del mundo. “Ni Obama la tiene”. El desaseo y poco profesionalismo de los diputados de Morena puso en evidencia su bajo sentido de responsabilidad, bajo nivel académico y escaso manejo de información, pero sobre todo abrió una puerta que muchos en México pensaron que se había cerrado y gracias al servilismo de los seguidores de López Obrador se mantiene vigente la posibilidad de que la pensión regrese a los expresidentes.

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Quitar la pensión a los expresidentes es una determinación política y también un reclamo popular que fue bien interpretado por López Obrador en su campaña, por ello quienes lo escuchaban aplaudían cuando prometía que terminaría con este abuso del poder presidencial en su último tramo.

Ahora vemos que terminar con el dispendio y la corrupción, que tanto ofende a millones de mexicanos, no es cosa fácil y que en el camino de las buenas intenciones existen hombres y mujeres que “hacen cosas malas que parecen buenas” y de ellos debemos cuidarnos porque simulan lo que no son y prometen lo que no tienen.