El equipo de Trump sigue buscando pruebas de fraude, pero ha tenido pocas victorias legales hasta el momento

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PHILADELPHIA (AP) — Esta semana, durante una audiencia en la corte de Pensilvania sobre una de las muchas demandas electorales presentadas por el presidente Donald Trump, un juez le preguntó a un abogado de campaña si había encontrado signos de fraude entre las 592 papeletas impugnadas.

La respuesta fue que no.

“Acusar a las personas de fraude es un paso bastante grande”, dijo el abogado Jonathan Goldstein. "Todos, simplemente, estamos intentando que se hagan las elecciones”.

Sin embargo, Trump no ha sido tan cauteloso. Ha insistido en que le han robado las elecciones, aunque no tiene evidencias y los funcionarios electorales de ambos partidos en todo el país han dicho que no existe tal conspiración.

El miércoles, Trump apuntó contra Filadelfia, el bastión demócrata que contribuyó a catapultar al presidente electo Joe Biden por encima de los 270 votos del Colegio Electoral necesarios para ganar la carrera. El presidente acusó a un funcionario electoral republicano local, Al Schmidt, de ignorar “una montaña de corrupción y deshonestidad”. Twitter agregó una etiqueta que decía que el reclamo de fraude electoral está en disputa.

Las personas leales a Trump han presentado al menos 15 impugnaciones legales solo en Pensilvania, en un esfuerzo por reclamar los 20 votos electorales del estado. También se han emprendido acciones en Georgia, Arizona, Nevada y Michigan.

En la corte, sus abogados deben caminar por una línea precaria entre defender a su cliente y mantener su juramento profesional.

Los especialistas en ética legal y los activistas a favor de la democracia han cuestionado la participación de los abogados en esta búsqueda, mientras Trump se aferra al poder y el presidente electo Joe Biden implementa su agenda.

“Este puede ser un intento por apaciguar el ego del jefe, pero eso tiene consecuencias en el mundo real para personas reales”, advirtió Justin Levitt, profesor de la Facultad de Derecho de Loyola y exfuncionario electoral del Departamento de Justicia. “El intento de calmar el ego del presidente no es un crimen sin víctimas”.

Schmidt le dijo a 60 Minutes de CBS que su oficina ha recibido amenazas de muerte solo por contar votos.

“Cuando estás dentro y miras hacia afuera, sientes que todo está muy trastornado”, dijo Schmidt en una entrevista transmitida el domingo. “Contar los votos emitidos el día de las elecciones o antes por los votantes elegibles no es corrupción. No es trampa. Es democracia”.

Sin embargo, incontables votantes están aceptando el reclamo de Trump sobre una elección amañada y están donando dinero a su fondo legal.

Parece que un bufete de abogados involucrado en las demandas electorales con sede en Ohio, Porter Wright Morris & Arthur, eliminó su cuenta de Twitter el martes después de recibir una infinidad de ataques. La firma se negó a responder las preguntas de The Associated Press sobre ese hecho en un comunicado emitido el miércoles en el que decía que tenía un largo historial de trabajo electoral.

Una segunda firma, Jones Day, dijo que no representaba a la campaña de Trump, sino al Partido Republicano de Pensilvania, en un litigio ante la Corte Suprema de Estados Unidos por la extensión de tres días para aceptar las papeletas por correo.

A nivel nacional, la estrategia está siendo dirigida por aliados de Trump como Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente; el agente político David Bossie, quien no es abogado; y Jay Sekulow, abogado principal durante el juicio político del presidente realizado este año. Hace poco Bossie dio positivo por COVID-19.

El experto en derecho electoral, Rick Hasen, dijo que, si Trump tuviera un caso sólido, probablemente se involucrarían los principales litigantes de la Corte Suprema, como dos exprocuradores generales, Paul Clement o Theodore Olson.

“Hay ciertos nombres de abogados de élite que le indican a la Corte Suprema que algo va en serio”, dijo Hasen, profesor de la Universidad de California en Irvine. En cambio, “la campaña anunció que estaba poniendo a cargo a Rudy Giuliani y David Bossie”.

Sin duda, el punto más bajo de esos esfuerzos se produjo el sábado, cuando Giuliani celebró una conferencia de prensa fuera del Four Seasons Total Landscaping en Filadelfia, justo después de que le dieran la victoria a Biden. De pie, a la sombra de una tienda erótica y un crematorio, justo al final de la calle de una prisión estatal, Giuliani llamó a un observador electoral descontento al micrófono para que hablara sobre las “travesuras” de la ciudad. Los observadores políticos que sintonizaron desde la cercana Trenton, Nueva Jersey, reconocieron inmediatamente al hombre como un delincuente sexual convicto y un candidato perenne para el cargo.

En otro momento increíble, mientras la campaña intentaba detener el conteo de votos en Filadelfia la semana pasada, un juez intentó llegar al fondo de una queja republicana sobre el acceso de observadores a la sala donde los trabajadores electorales procesaban las papeletas por correo.

“Te estoy preguntando como miembro del colegio de abogados de este tribunal, ¿hay personas en esta sala que representen la campaña presidencial de Donald J. Trump?”, preguntó el juez federal de distrito Paul S. Diamond.

“Hay un número de personas en la sala distinto de cero”, respondió el abogado de campaña Jerome Marcus.

Diamond hizo que ambas partes llegaran a un acuerdo y amenazó con acusarlos de desacato si no mantenían la paz.

Parece que algunas de las demandas presentadas a nombre de Trump fueron rellenadas apresuradamente: contienen errores de ortografía, como “ballet” en lugar de “ballot”, la palabra en inglés que se refiere a las papeletas electorales, errores de procedimiento y pocas pruebas que respalden sus afirmaciones. Los jueces se han mostrado escépticos.

En Michigan, la jueza Cynthia Stephens desestimó una demanda calificándola como “un rumor inadmisible dentro de otro rumor”. Cuando los abogados de Trump apelaron, el siguiente tribunal rechazó la demanda por ser “defectuosa”.

La campaña solo obtuvo una pequeña victoria, lo que les permitió a sus observadores estar un poco más cerca de los trabajadores electorales que procesan las papeletas por correo en Filadelfia. Pero el litigio continúa, generalmente centrado en acusaciones de los observadores electorales partidistas, que no han tenido ningún papel como auditores en las elecciones, de que pudo haber sucedido algo negativo, sin evidencias que lo respalde.

Mitch McConnell, republicano por Kentucky y líder de la mayoría en el Senado, insiste en que el presidente está “100 % en su derecho” de investigar las acusaciones de fraude y usar sus opciones legales. El fiscal general William Barr ha autorizado al Departamento de Justicia a investigar “denuncias de irregularidades claras y aparentemente creíbles”.

En cualquier caso, los expertos dudan de que las demandas puedan revertir el resultado en un solo estado y mucho menos de las elecciones. Los ayudantes y aliados de Trump lo han admitido en privado, lo que sugiere que esos desafíos están diseñados más para avivar a sus bases.

MARYCLAIRE DALE y ALANNA DURKIN RICHER