El drama de las 10 millones de personas que viven como apátridas en el mundo

Boris Leonardo Caro

Humica nació en Yugoslavia, antes de que ese estado de los Balcanes se desintegrase. Sus hijos nacieron en Italia, en un suburbio de Roma. Maslina Madsail nació en Borneo, Malasia, como otros miles de niños, hijos de padres inmigrantes y de los nómadas Bajau. Valentina Pugachevska ha vivido la mayor parte de su vida en Letonia, aunque nació en Bielorrusia. Todas estas personas nacieron en algún lugar preciso, un día preciso. Existen. Sin embargo, comparten una extraña condición: son apátridas.

La condición de apátridas limita el acceso de los niños a servicios elementales como la educación y la salud (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Según Naciones Unidas, 10 millones de personas viven en esa situación. Diez millones, un poco más que los habitantes de la Ciudad de México. Imaginemos que un absurdo decreto informase a los residentes en esa urbe: “a partir de hoy ustedes no son mexicanos”. Diez millones de vidas quedarían de pronto suspendidas en un limbo legal donde abundan las violaciones y escasean los derechos.

La falta de reconocimiento legal compromete el futuro de los niños apátridas (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Hijos sin patria

Una persona apátrida es aquella “a la que ningún Estado considera como nacional conforme a su legislación”, de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954. En consecuencia, las autoridades la consideran extranjera y la tratan como tal, poco importa si su lugar de origen se sitúa dentro de las fronteras del país en cuestión. De hecho, en la actualidad la mayoría de los apátridas residen en las regiones donde nacieron.

¿Cómo alguien puede caer en semejante abismo legal? Las intrincadas leyes para conferir la nacionalidad contribuyen a incrementar el número de apátridas. Muchos países no otorgan ese estatus por nacimiento, sino por ascendencia, mientras otros reconocen a los nuevos ciudadanos por el lugar donde haya dado a luz la madre, no por la ciudadanía o la residencia de los progenitores.

En Borneo, alrededor de 50.000 niños no aparecen en los registros civiles porque la ley prohíbe a sus progenitores casarse y procrear. O sea, estos trabajadores inmigrantes alimentan con su sudor la economía local en las plantaciones de palma aceitera, la construcción y la pesca. Sirven como mano de obra barata. Sin embargo, el acto esencialmente humano de concebir les está vedado. Los menores viven en constante zozobra por miedo a que las autoridades los detengan y deporten. En ocasiones pasan la noche en la selva, cuando la policía lanza una nueva redada.

Refugiados del pueblo Rohingya, que han sido desplazados a países vecinos por la represión del gobierno de Myanmar (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Discriminación sin fronteras

Pero el peor de los casos ocurre cuando un gobierno, de manera arbitraria, decide privar de su nacionalidad a un grupo por razones políticas. Así ocurrió en Myanmar en 1982, cuando el régimen militar impuso una nueva Ley de Ciudadanía y despojó a los Rohingya de su estatus legal. Desde entonces ese pueblo ha sufrido la persecución tenaz de las autoridades, que le impiden desplazarse libremente dentro del país, limitan su derecho a la propiedad y restringen, incluso, el número de hijos que las parejas pueden tener.

La represión contra los Rohingya desborda las fronteras de Myanmar. Según el Institute on Statelessness and Inclusion, con sede en los Países Bajos, más de un millón ha huido de Myanmar para asentarse en India, Malasia, Indonesia, Bangladesh y Tailandia, donde tampoco son reconocidos. Ese vacío los convierte en víctimas de incontables violaciones de sus derechos humanos.

La discriminación contra las mujeres también multiplica el drama de los apátridas. Al menos 27 países conceden la nacionalidad solo por línea paterna. Ese tipo de legislación cierra el paso a la ciudadanía a miles de niños nacidos de madres solteras o de padres apátridas, lo cual perpetúa ese estatus anormal de generación en generación.

Los romaníes son víctimas del racismo bien arraigado en los países de Europa Occidental (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La herencia del colonialismo, el surgimiento de nuevos países y las crisis políticas cargan con otra parte considerable de las culpas en este tema. En Europa, por ejemplo, el derrumbe de los regímenes comunistas en Yugoslavia, Checoslovaquia y la Unión Soviética abandonó a su suerte a cientos de miles de personas, ciudadanos de países que ya solo existían en los libros de historia.

Los romaníes comenzaron a emigrar en masa hacia Europa Occidental al ritmo de las tensiones en los Balcanes, que terminaron en una larga guerra civil a finales del pasado siglo. Los más conocidos como gitanos, padecen la discriminación en Italia, Francia, España y en donde quiera que su reputación, plagada de prejuicios, los marginaliza. Los acusan de ladrones, contrabandistas, vagos, reacios a integrarse a las sociedades de acogida y un infinito catálogo de defectos que emergen de la xenofobia y el racismo. ¿Cómo van a trabajar y a integrarse si las autoridades se niegan a concederles estatus legal?

En Letonia y Estonia, dos países del mar Báltico, cientos de miles de residentes de origen ruso fueron excluidos de la nueva ciudadanía tras la independencia. El objetivo de los nuevos Estados, constituidos en medio de la polvareda por el desplome de la URSS, era evitar la influencia rusa. Hasta hace apenas dos años se estimaba que los apátridas representaban aún alrededor del 10 por ciento de la población letona.

América Latina clasifica como la región con el menor número de apátridas: cerca de 134.000. Salvo algunos centenares repartidos entre Costa Rica, Haití, Brasil, Colombia y México, todos viven en República Dominicana. Son los descendientes de inmigrantes haitianos, empujados por la pobreza a cruzar la frontera y luego víctimas de un racismo con hondas raíces históricas.

A pesar de la Ley 169, introducida por Santo Domingo en 2014, organizaciones internacionales consideran que el gobierno todavía viola los derechos fundamentales de miles de haitianos, a quienes debería otorgarse la nacionalidad dominicana por nacimiento.