El año en que la dictadura de Venezuela mostró sus colmillos

Por Oscar Medina

El fin de la democracia en Venezuela tiene una fecha precisa. Se la ha puesto la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos: 30 de julio de 2017.

Ese día se realizaron las elecciones de los aspirantes a integrar la Asamblea Nacional Constituyente, unos comicios en los que solo participaron votantes y candidatos del chavismo. Y con eso se concretó la única propuesta hecha por el presidente Nicolás Maduro ante la crisis de protestas, violencia y represión que sacudió a Venezuela este año: concentrar más poder gobernando a través de esa nueva instancia que está por encima de toda institucionalidad.

(AP Photo/Ariana Cubillos, File)

Por eso el uruguayo Luis Almagro lo dijo tan claro en su cuarto informe al Consejo Permanente de la OEA, presentado el 24 de septiembre con un título elocuente: “Denuncia sobre la consolidación de un régimen dictatorial en Venezuela”.

Ya antes, a partir del 20 de octubre de 2016 la organización civil Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) comenzó a calificar al gobierno de Nicolás Maduro como una “dictadura moderna”. Y en este caso, la fecha marca como hito la suspensión del referendo revocatorio presidencial que intentó llevar a cabo la oposición venezolana en 2016 y que fue torpedeado por el Consejo Nacional Electoral imponiendo requisitos no estipulados en ninguna norma y finalmente desechando la consulta a través de decisiones judiciales.

“De esta manera, mediante la confabulación de tribunales penales obedientes a las orientaciones del Ejecutivo y un CNE igualmente sumiso, se frustró el proceso revocatorio, cerrando aún más el gobierno las vías electorales para dirimir la conflictividad política y permitir canalizar el descontento social por vías pacíficas”, dice un capítulo especial del más reciente informe de Provea. Cerrar esa válvula trajo consecuencias en 2017, un año decisivo en el cambio de la percepción internacional sobre Venezuela y el estado de su democracia.

(AP Photo/Ariana Cubillos)

Con la frustración del revocatorio en el ambiente, el Gobierno se volcó a reforzar su estrategia de anulación del Parlamento de mayoría opositora a través del Tribunal Supremo de Justicia. Y en una de tantas decisiones, el TSJ emitió –el 29 de marzo- dos sentencias que en la práctica anulaban las facultades del Parlamento y las traspasaban al propio TSJ o al Presidente de la República.

Luis Almagro desde la OEA le dio a esto el calificativo de “autogolpe”. Un coro de países se sumaron a la condena o expresaron su preocupación: Argentina, Perú, Colombia, Chile, Estados Unidos, México, Brasil y la Unión Europea, entre otros. Y en Caracas se gestaba una tormenta dentro del oficialismo: Luisa Ortega Díaz, para entonces Fiscal General de la República, declaró abiertamente el 31 de marzo que las sentencias del Supremo constituían una ruptura del orden constitucional.

Apenas en el primer trimestre, el año 2017 ya acumulaba suficientes tensiones como para una explosión. Y la hubo. Los partidos políticos de la oposición acordaron activar la protesta ciudadana y algunos de sus líderes más jóvenes se pusieron al frente.

(AP Photo/Fernando Llano)

El 1 de abril resultó exitosa la convocatoria a marchar en las calles de Caracas en rechazo a la anulación de facto de la Asamblea Nacional (Parlamento) como consecuencia de las sentencias del TSJ. Y tan exitosa fue que el Gobierno con un considerable grado de represión violenta que llevaba un mensaje implícito: no habría tolerancia con este tipo de manifestaciones. Y, en efecto, no la hubo.

La chispa de las protestas se encendió. Y el 6 de abril los órganos represivos cobraron su primera víctima en una localidad cercana a la capital: Jairo Ortiz Bustamante, de 19 años, murió de un balazo en el tórax disparado por un agente de la Policía Nacional Bolivariana.

En Caracas y en otras ciudades las manifestaciones de calle se hicieron cotidianas. La violencia, lamentablemente, también. Y fue en escalada. Los uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana no contenían a los manifestantes, los combatían. Y se encargaron de desatar el terror por vía de detenciones masivas, utilización de armas de fuego, disparos directos al cuerpo de bombas lacrimógenas, persecuciones, golpizas, torturas, abusos sexuales, robos y hasta la utilización ilegal de la justicia militar para procesar a los disidentes.

(AP Photo/Fernando Llano)

Las noticias de estos desmanes y el profuso registro de los reporteros gráficos se multiplicaron en los medios de comunicación del planeta. Y quienes antes no entendían o no se convencían del todo, entendieron. Así resumió Provea la situación en un análisis: “la rebelión de abril-julio de 2017 fue un movimiento de protesta masiva que tenía propuestas, objetivos e importantes niveles de coordinación nacional, una de sus características fue el desafío a la represión y la irreverencia ante las reiteradas amenazas; ante la rebelión el gobierno respondió consolidando patrones represivos registrados en anteriores ciclos de protesta, y aumentando la crueldad en la represión”.

Desde el 1 de abril y hasta el 31 de julio de 2017 la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 6.729 protestas de calle en todo el país. Es decir, 56 diarias. El registro de víctimas mortales de esos meses de agitación varía según la fuente. El Observatorio cuenta 163 personas asesinadas en el marco de la represión entre el 1 de abril y el 13 de agosto. La Fiscalía General registra 129. El equipo periodístico de la web runrun.es contabiliza 157 muertos en el mismo lapso. La mayoría de estos homicidios fueron causados por cuerpos de seguridad y por grupos paramilitares de apoyo al gobierno.

(AP Photo/Ariana Cubillos)

¿Y qué pedía esta gente que salió a las calles? La protesta se organizó en torno a cuatro demandas fundamentales: la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario para la entrada al país de alimentos y medicinas en el contexto de una escasez que se calcula por encima del 80%, un cronograma para una salida electoral al conflicto y el restablecimiento de las competencias del Parlamento. Nada de esto se logró. De hecho, la “propuesta” de Maduro para “la paz” fue la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente.

El cuarto informe de Luis Almagro recoge más datos: 16 mil heridos, 620 presos políticos (al 25 de julio y según el registro del Foro Penal Venezolano) y al menos 415 personas enjuiciadas por tribunales militares.

Y, por supuesto, refuerza sus argumentos sobre la crisis humanitaria y de derechos en Venezuela: “El menosprecio de los derechos humanos es más que profundo. El Gobierno ha restringido el acceso a derechos básicos como la salud, la alimentación y la seguridad. La grave crisis humanitaria y económica advertida desde el primer informe en marzo de 2016, continúa y empeora cada día.

La economía se ha desplomado a causa de acciones deliberadas y por negligencia gubernamental. Mientras la gente sufre – por la falta de medicinas, la elevada desnutrición y la hambruna, los altos índices de crimen y violencia- el Gobierno lo niega y pregona una realidad alternativa. Las prácticas de monopolio estatal sobre los medios, la prensa cautiva del gobierno para ejercer una propaganda favorable al Régimen, controlada en su totalidad y dirigida en sus contenidos, el ejercicio del adoctrinamiento de masas, son acciones propias de los regímenes totalitarios y represivos”.

(REUTERS/Luis Echeverria)

Al arduo trabajo de Almagro se debe en buena medida el alto grado de atención que ha tenido el caso de Venezuela en la opinión internacional y entre los países latinoamericanos en particular. Lo mismo que al esfuerzo de la oposición política en llevar las denuncias por todo el globo. Pero el análisis debe incluir otros elementos.

Uno es la baja en los precios del petróleo, cosa que sumada al desplome de la economía interna, ha dejado a la revolución chavista sin el poder de su otrora generosa chequera: esa con la que pudo ser tan “solidaria” con sus vecinos en el pasado. Y otro factor importante fue el cambio político en naciones cuyos gobiernos eran aliados del llamado socialismo del siglo XXI promovido por Hugo Chávez: el desalojo del poder del kirchnerismo en Argentina y de Lula Da Silva y Dilma Rousseff en Brasil resultaron golpes importantes para esa alianza.

La protesta ciudadana y la brutal represión a la que fueron sometidos los venezolanos resultaron factores clave ante la opinión pública internacional. En su análisis Provea lo explica:

“Si bien la rebelión no logró alcanzar los objetivos propuestos (calendario electoral; liberación de los presos políticos; respeto a la Asamblea Nacional y canal humanitario), logró otros no previstos. Posicionó la crisis de Venezuela en la agenda internacional, desenmascaró el autoritarismo del gobierno y dejó en evidencia que estamos en dictadura.

(AP Foto/Ariana Cubillos, archivo)

Ello sin duda es un gran saldo. El Informe del Alto Comisionado de la ONU y las sanciones económicas a altos funcionarios del gobierno no son un “logro”, sino consecuencia del afianzamiento provisional del autoritarismo y su respuesta abusiva en derechos humanos. Hoy los organismos internacionales de protección están más sensibilizados ante la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, y desarrollan iniciativas condenando e informando a la comunidad internacional. Todo ello es una consecuencia de la indignación popular expresada en las masivas y continuas protestas.

Sin la movilización masiva y prolongada de amplios sectores de la sociedad venezolana, las contradicciones y el abierto cuestionamiento internacional a la dictadura en Venezuela no se hubiese logrado de una manera tan rápida”.

Se pagó un precio muy alto, es cierto. Pero por esa vía en 2017 el mundo terminó de entender la verdadera naturaleza del régimen que inició con Hugo Chávez y hoy continúa con Nicolás Maduro y una población sometida al hambre, a carencias de todo tipo y que trata de sobrevivir en una economía devastada y azotada por la hiperinflación.