Ejecutan en EEUU a hispano acusado de homicidio

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McALESTER, Oklahoma, EE.UU. (AP) — Un preso fue ejecutado el martes mediante inyección letal por el homicidio a disparos de una pareja hispana ocurrido en 1993 en Oklahoma City.

George Ochoa, de 38 años, era uno de los dos hombres declarados culpables de homicidio con todas las agravantes. Las víctimas fueron Francisco Morales de 38 años, y María Yáñez, de 35.

Según los investigadores, Morales recibió 12 disparos y Yáñez, 11, en su recámara, el 12 de julio de 1993. Los tres hijos de la pareja se encontraban dentro de la casa cuando ocurrieron los crímenes.

Ochoa recibió la pena capital en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, en McAlester. Ochoa murió a las 6:07 horas, de acuerdo con el certificado médico.

La ejecución se realizó menos de un mes después de que la Comisión de Perdón y Libertad Condicional rechazó la petición de Ochoa de que ésta recomendara a la gobernadora Mary Fallin que le conmutaran la pena de muerte por prisión perpetua.

Ochoa alegaba que se encontraba horrorizado y que sufría lesiones durante su encarcelamiento.

Sin embargo, los fiscales dijeron que las aseveraciones del preso de que tenía alucinaciones y heridas posiblemente eran parte de los intentos del mismo para que lo declararan incompetente mental. Los tribunales prohíben la ejecución de personas que no comprenden por qué están recluidas.

Según las primeras evaluaciones psicológicas, no había pruebas de que Ochoa tuviera delirios o alucinaciones, dijeron las autoridades.

La Corte Suprema federal rechazó el martes la petición de Ochoa para que le aplazaran la ejecución. El lunes, una corte federal de apelaciones rechazó los argumentos de que Ochoa estaba incapacitado mentalmente así como una impugnación a los procedimientos estatales para determinar la salud mental del preso.

Los fiscales dijeron que tenían pocas pruebas sobre los motivos del homicidio de la pareja, pero no hubo duda de que Ochoa y el coacusado, el mexicano Osbaldo Torres, de 37 años, fueron responsables de los crímenes.

Torres también fue sentenciado a muerte en el caso, pero el entonces gobernador Brad Henry le conmutó en 2004 la pena de muerte por prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

En su momento, el gobierno mexicano expresó preocupación de que a Torres no se le permitió comunicarse con el consulado mexicano, en conformidad con las leyes internacionales.

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