El ejército australiano, en la mira por la matanza de 39 afganos desarmados

LA NACION
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CANBERRA.- El máximo responsable militar de Australia admitió ayer la existencia de pruebas creíbles de que sus fuerzas especiales "mataron ilegalmente" al menos 39 civiles y prisioneros afganos, e indicó que un fiscal especial para crímenes de guerra había sido interpelado.

Basándose en las conclusiones de una investigación realizada durante años sobre la conducta del ejército australiano en Afganistán, el general Angus Campbell reconoció que se había instalado una cultura de la impunidad en las tropas de élite y que ésta condujo, durante casi una década, a varios supuestos asesinatos y montajes.

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"Algunas patrullas hicieron caso omiso de la ley, infringieron reglas, se inventaron historias, se contaron mentiras y se mató a prisioneros", admitió el jefe del ejército australiano, quien presentó sus "sinceras disculpas y sin reservas" al pueblo afgano.

"Este balance vergonzoso incluye supuestos casos en los que nuevos miembros de patrulla fueron obligados a disparar contra un prisionero para efectuar su primer asesinato", explicó Campbell.

Tras ello, los jóvenes soldados habrían escenificado un enfrentamiento, ficticio, para explicar el incidente, según el informe.

El informe, publicado ayer por el inspector general del ejército, da cuenta de decenas de asesinatos que "tuvieron lugar fuera del fuego de la acción".

Asimismo, recomienda que 19 personas sean presentadas ante la policía federal australiana y que se paguen indemnizaciones a los familiares de las víctimas.

Campbell afirmó que las personas implicadas "en el supuesto asesinato" de 39 personas, "mancharon" su regimiento y las fuerzas armadas y que debían ser enviadas a la "oficina del investigador especial" encargado de crímenes de guerra.

Además, pidió la revocación de algunas medallas otorgadas a las fuerzas de las operaciones especiales que sirvieron en Afganistán entre 2007 y 2013.

Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, más de 26.000 soldados australianos fueron enviados a Afganistán para combatir junto a las fuerzas estadounidenses y aliadas contra los talibanes, Al-Qaeda y otros grupos islamistas.

Las tropas de combate australianas dejaron el país en 2013 pero desde entonces han salido a la luz una serie de relatos, a veces brutales, sobre la conducta de las unidades de élite de las fuerzas especiales.

"Verdades crueles"

Los medios australianos se hicieron eco de varias acusaciones muy graves contra los militares australianos, como el caso de un hombre que habría sido abatido para hacer hueco en un helicóptero o el de un niño de seis años al que mataron durante el allanamiento de una vivienda.

La semana pasada, el primer ministro, Scott Morrison, pidió a los australianos que se prepararan para escuchar "verdades honestas y crueles" procedentes de este documento.

El miércoles, Morrison llamó a su homólogo afgano para informarle de "algunas acusaciones preocupantes" que su gobierno se tomó "muy en serio".

Pero la oficina del presidente Ashraf Ghani interpretó la conversación de otro modo.

En una serie de tuits, el presidente afgano afirmó que Morrison le había comunicado "su más profunda tristeza" por las fallas profesionales, una versión que los responsables australianos cuestionaron.

La semana pasada, el primer ministro australiano anunció el nombramiento de un investigador especial para supuestos crímenes de guerra, una iniciativa que busca evitar cualquier proceso ante la Corte Penal Internacional.

También se puso en marcha un comité independiente para llevar a cabo cambios culturales y en modo de mando dentro del ejército.

El caso estalló en 2017, cuando la cadena pública ABC publicó los "Afghan Files", una serie de investigaciones en las que se acusaba a las fuerzas australianas de haber matado a hombres no armados y a niños en Afganistán.

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En respuesta, la policía abrió una investigación contra dos periodistas de ese canal, Daniel Oakes y Sam Clark, sospechosos de haber estado en posesión de archivos clasificados. La sede de la cadena, en Sídney, fue allanada el año pasado pero el caso acabó siendo archivado.

Agencia AFP