EEUU: Tribunales no deben interferir en caso de censo

ARCHIVO - Esta fotografía de archivo del 5 de abril de 2020 muestra una carta del censo enviada por correo a un residente de Detroit. (AP Foto/Paul Sancya, archivo)

Ahora que la Corte Suprema le ha permitido al gobierno estadounidense poner fin al censo del 2020, los tribunales no deben interferir en el proceso de cumplir con el plazo para entregar las cifras usadas para designar la cantidad de legisladores por estado, argumentaron abogados del Departamento de Justicia.

Todo nuevo cuestionamiento a los métodos usados por el gobierno para calcular el censo del 2020 debe ser suspendido para dejar que la Oficina del Censo entregue sus cifras antes del plazo del 31 de diciembre, dicen los abogados en documentos judiciales presentados antes de la audiencia del martes.

Muchos los que sostienen que el plazo es insuficiente.

La jueza del caso, Lucy Koh del tribunal federal en San José, California, dio lugar a un recurso de amparo presentado el mes pasado para que el conteo termine el 31 de octubre y no el 30 de septiembre como se preveía.

Además permitió que el escrutinio continúe hasta abril del 2021 y no hasta el 31 de diciembre. La jueza tomó partido por una coalición de gobiernos locales y grupos activistas que habían demandado al gobierno para denunciar que inmigrantes y otras comunidades de difícil registro quedarían excluidas si el conteo culminaba en septiembre.

Un tribunal de apelaciones suspendió la orden de Koh en cuanto al plazo de fin de año para el conteo, y hace dos semanas la Corte Suprema suspendió el recuento preliminar en su totalidad, permitiendo la conclusión de las labores relacionadas con el censo.

La audiencia del martes es la primera relacionada con el caso desde la decisión de la Corte Suprema.

“Este tribunal y las partes en litigio habían realizado esfuerzos extraordinarios para litigar y decidir sobre las denuncias de los demandantes con suma premura, para que al final la Corte Suprema, correctamente, invalidara todas esas gestiones”, argumentaron los abogados del gobierno. “No hay necesidad de repetir ese proceso fútil”.

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