EEUU prohíbe la entrada a cinco jueces cubanos involucrados en juicios ‘injustos’ del 11J

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Ramon Espinosa/AP

La admistración de Joe Biden prohibió la entrada a Estados Unidos a cinco jueces cubanos por su participación en los juicios “injustos” a manifestantes antigubernamentales que salieron a la calle el 11 de julio del año pasado, dijo el viernes el Departamento de Estado.

“Tomamos medidas para suspender la entrada a Estados Unidos de cinco jueces cubanos”, dijo una portavoz del Departamento de Estado a el Nuevo Herald. “Estos jueces están relacionados con juicios y sentencias injustas y el encarcelamiento de manifestantes pacíficos del 11 de julio de 2021”.

En un comunicado, el Departamento de Estado citó una proclamación presidencial de la era de Reagan, que suspende la “entrada de no inmigrante” a los Estados Unidos de funcionarios y empleados del gobierno cubano, como base legal para las restricciones de visa.

“El sistema de justicia cubano es ampliamente conocido por fabricar cargos falsos o injustos como ‘sedición’ contra manifestantes pacíficos, para silenciar a los disidentes e intimidar a los críticos”, dijo en Twitter el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols. “Restringir las visas es otro paso hacia la promoción de la rendición de cuentas”.

La portavoz del Departamento de Estado dijo que la agencia no podía revelar los nombres de los cinco funcionarios porque los registros de visas son confidenciales según la ley estadounidense. Antes del anuncio del viernes, la administración de Biden había prohibido la entrada al país a 17 funcionarios cubanos por su papel en la detención y las duras sentencias a los manifestantes del 11 de julio.

El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que las nuevas restricciones de visa constituían un “acto de agresión” basado en “acusaciones mendaces y absolutamente infundadas”.

Las sanciones llegan después de que la Fiscalía General de la República de Cuba confirmara el lunes que jueces cubanos habían dictado sentencias a 381 manifestantes, entre ellos 16 adolescentes de entre 16 y 18 años, por cargos de “sedición” y “sabotaje”. El gobierno cubano primero negó que estuviera procesando a menores.

Treinta y seis manifestantes acusados de “sedición” recibieron sentencias de hasta 25 años de prisión. Las cortes de apelación redujeron las sentencias de quince de los dieciséis adolescentes, pero la Fiscalía General advirtió que podrían regresar a la cárcel si incumplen las condiciones dictadas por los tribunales.

Anteriormente, el Nuevo Herald informó que los tribunales de apelación cubanos habían reducido las largas sentencias a por lo menos 31 menores y adultos jóvenes. La mayoría fueron puestos en libertad temporalmente, pero algunos fueron devueltos a la cárcel.

Los activistas creen que el gobierno accedió a las liberaciones en previsión de una evaluación crítica del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas publicada este mes instando a Cuba a poner “fin a cualquier restricción arbitraria y criminalización del ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica de los niños”, en referencia a los adolescentes encarcelados por participar en las manifestaciones.

Hasta el momento, 297 manifestantes han recibido condenas a prisión, dijo la Fiscalía General, sin proporcionar detalles de cientos de casos pendientes. En enero, la Fiscalía dijo que estaba procesando a más de 700 personas que participaron en las manifestaciones del año pasado, incluidas 55 de entre 16 y 18 años.

Los activistas dicen que el gobierno cubano no ha sido transparente con los datos sobre los arrestos y los juicios en relación con las protestas de julio. Justicia 11J y Cubalex, dos grupos que monitorean la situación de los presos, dijeron que han documentado al menos 1,481 detenciones y que 732 personas permanecen en prisión.

Varias organizaciones, incluidas Human Rights Watch y Amnistía Internacional, dijeron que muchos manifestantes del 11 de julio no tuvieron juicios justos y que las duras sentencias son desproporcionadas.

A pesar de la condena internacional, los juicios han continuado. El viernes se esperaba que un tribunal de apelaciones de La Habana revisara el caso de Brenda Díaz, una mujer transgénero condenada a 14 años por participar en las manifestaciones en la localidad de Güira de Melena, cercana a La Habana.

También el viernes, dieciocho organizaciones civiles y de derechos humanos, incluida Penn America, publicaron un comunicado en el que pedían al gobierno cubano que libere de inmediato al artista visual Luis Manuel Otero Alcántara y al rapero Maykel ‘Osorbo’ Castillo, quienes fueron juzgados el 30 y 31 de mayo y están en prisión desde julio del año pasado.

Ambos son voces destacadas del grupo disidente de artistas y académicos conocido como Movimiento San Isidro. Castillo fue ganador de dos premios Grammy por la canción “Patria y Vida”, que se convirtió en un himno para los manifestantes. Fueron acusados de desacato, difamación y desorden público y enfrentan penas de hasta 10 años de prisión.

“Los cargos presentados contra ambos artistas reflejan el desprecio de las autoridades cubanas por la libertad de expresión artística y una alarmante tendencia a emplear la persecución, las detenciones arbitrarias y las acusaciones contra las voces disidentes”, dijo el grupo.

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