EEUU posterga las medidas sobre inmigración de Obama tras una orden judicial

Por Jeff Mason y Richard Cowan WASHINGTON (Reuters) - El Gobierno del presidente Barack Obama postergó el martes la implementación de medidas para proteger a millones de inmigrantes ilegales de una posible deportación, después de que un juez bloqueara sus planes por la petición de 26 estados que acusan al mandatario de excederse en sus poderes. En un revés para el presidente, el juez de distrito Andrew Hanen de Brownsville, cerca de la frontera de Texas con México, emitió el lunes una orden judicial temporal que detiene los decretos que Obama firmó en noviembre y que evitaron una discusión en el Congreso. La decisión de Hanen dejó en un caos la política de Estados Unidos frente a los cerca de 11 millones de personas que viven ilegalmente en el país. Obama dijo que discrepaba con el fallo y que espera que su Gobierno triunfe una vez que el asunto concluya su paso por los tribunales. "La ley está de nuestra parte y la historia está de nuestra parte", dijo Obama a periodistas en la Oficina Oval. El presidente dijo que el Gobierno cumplirá con la orden del juez y postergará la recepción de solicitudes de algunos de los indocumentados para evitar ser deportados y de permisos de trabajo, medidas que debían comenzar el miércoles. "Nosotros estaremos preparados para implementar esto completamente en cuanto los temas legales se resuelvan", dijo Obama. El presidente pidió al Congreso que apruebe un proyecto de ley que permita una amplia reforma del sistema de inmigración de Estados Unidos. Obama dijo que el Departamento de Justicia apelará la orden preliminar de Hanen en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, en Nueva Orleans, de mayoría conservadora. Hanen había emitido previamente una opinión crítica sobre cómo el Gobierno de Obama hacía cumplir las leyes de inmigración. Haciendo uso de su autoridad ejecutiva, Obama había anunciado en noviembre de 2014 un programa para levantar la amenaza de deportación que pesa sobre 4,7 millones de inmigrantes ilegales. La medida se decidió después de que los republicanos en la Cámara de Representantes bloquearan un proyecto bipartidista que el Senado había aprobado en 2013. El debate sobre la inmigración se convertirá seguramente en uno de los asuntos principales en la campaña presidencial de 2016, que ya está comenzando. Los republicanos, que controlan el Congreso, están vinculando los fondos del Departamento de Seguridad Nacional, cuyo presupuesto se agota el 27 de febrero, con un bloqueo del decreto de inmigración de Obama. Sin una acción rápida, algunos programas de la agencia se paralizarán a fines de este mes. FINANCIACION EN RIESGO Tras la decisión del juez Hanen, el presidente de la Cámara, John Boehner, y el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, pidieron a los demócratas permitir que se apruebe su proyecto para el Departamento de Seguridad Nacional en el Senado. El plan de Obama permitiría que permanezcan temporalmente en Estados Unidos cerca de 4,4 millones de personas cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes. Otras 270.000 personas estarían autorizadas a quedarse y obtener permiso de trabajo debido a la expansión de un programa de 2012 conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), un alivio ante la deportación para personas llevadas ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños. Estaba previsto que la ampliación comience el miércoles. El Gobierno mexicano lamentó la decisión del juez del estado de Texas, argumentando que los programas de Obama "significan un remedio migratorio justo para millones de familias y podrían potenciar las significativas contribuciones de los migrantes mexicanos a la economía y sociedad estadounidense". La mayoría de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos son originarios de México y de otros países de América Latina. Alrededor de 26 estados, encabezados por Texas y su gobernador republicano Greg Abbott, demandaron al Gobierno para que detenga los programas con el argumento de que los decretos de Obama violan los límites constitucionales sobre sus poderes. Además, solicitaron una orden judicial para evitar que los programas entren en vigor mientras se desarrolle el proceso legal. "El intento del presidente de ignorar la voluntad del pueblo estadounidense se frenó exitosamente hoy (martes)", afirmó Abbott, que elogió la decisión judicial a través de Twitter. Los republicanos han dicho que el plan de Obama equivale a una amnistía esencial para personas que entraron ilegalmente en Estados Unidos.