EEUU: Jueza escucha demanda en caso de Abu Ghraib

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ALEXANDRIA, Virginia, EE.UU. (AP) — Un contratista militar demandado por presunta complicidad en la tortura de reclusos en la prisión iraquí de Abu Ghraib argumentó el viernes que los casos recientes en la Corte Suprema de Estados Unidos dejan claro que no se le puede responsabilizar por delitos ocurridos en el extranjero, pero una jueza se mostró escéptica.

CACI, un contratista con sede en Virginia que designaba interrogadores para la tristemente célebre prisión de Irak, pretende que se desestime la demanda presentada hace 13 años. El debate legal más reciente se centra en la medida en que las empresas estadounidenses pueden ser demandadas por conductas en el extranjero.

En los últimos años, la Corte Suprema ha limitado la posible responsabilidad de las corporaciones. Más recientemente, el tribunal desestimó una demanda civil contra una subsidiaria del fabricante de chocolate Nestlé que fue acusada de complicidad en esclavitud infantil en granjas de cacao en Costa de Marfil.

John O’Connor, abogado de CACI, dijo en una audiencia el viernes ante la Corte de Distrito en Alexandria que el fallo del tribunal superior en el caso de Nestlé a principios de este año obliga a desestimar la demanda contra CACI por motivos similares.

Pero la jueza federal Leonie Brinkema no parecía convencida.

La jueza no rechazó de momento la moción de CACI y la tomó en consideración después de la audiencia del viernes. Pero dijo que veía grandes diferencias entre las acusaciones contra Nestlé y las denuncias sobre la conducta de CACI en Abu Ghraib.

En el caso CACI, por ejemplo, el personal de la empresa fue asignado directamente a Abu Ghraib en virtud de un contrato con el gobierno, un elemento que no estaba presente en el caso Nestlé.

De hecho, el estatus de Irak en ese momento como nación invadida gobernada por la Autoridad Provisional de la Coalición, una entidad multinacional dominada por Estados Unidos, cuestiona si Irak y Abu Ghraib eran realmente territorio extranjero, argumentaron los abogados de las víctimas de Abu Ghraib.

CACI niega que alguno de sus empleados haya practicado o aprobado torturas. Y los tres reclusos que entablaron la demanda, con la ayuda del Centro de Derechos Constitucionales con sede en Nueva York, reconocen que nunca fueron atacados ni torturados directamente por ningún empleado de CACI.

Pero la demanda alega que CACI fue cómplice y ayudó e instigó a la tortura al establecer las condiciones en las que los soldados llevaron a cabo el trato brutal que conmocionó al mundo cuando las fotografías de los abusos se hicieron públicas en 2004.

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