EEUU: Demandan a comisario que propuso enviar presos a muro

Por DENISE LAVOIE

BOSTON (AP) — Un comisario de Massachusetts que ofreció enviar presos a la construcción del muro propuesto por el presidente Donald Trump en la frontera con México ha sido demandado por un grupo defensor de los derechos civiles.

El Comité de Abogados por los Derechos Civiles y la Justicia Económica inició la demanda en una corte estatal el jueves. Alega que el comisario Thomas Hodgson, del condado de Bristol, violó una ley estatal al no difundir documentos relacionados con su participación en un programa que permite a sus subordinados identificar y mantener detenidas a personas que presuntamente ingresaron al país de manera ilegal.

“El público tiene derecho a saber cómo este comisario trata de aplicar la ley federal de inmigración, cómo se derrochan los escasos dólares de los contribuyentes y si no practica el etiquetamiento racial de comunidades inmigrantes y minoritarias”, dijo Sophia Hall, abogada del grupo.

El comité dijo que ha solicitado reiteradamente las actas públicas desde enero y no ha recibido los documentos. Pidió información relacionada con el programa, incluidos los prontuarios de personas investigadas, detenidas o interrogadas por esa comisaría como resultado del programa. Un abogado respondió al pedido de enero que el pedido tomaría entre siete y 10 días hábiles, dijo la comisión.

Un vocero de Hodgson, Jonathan Darling, dijo que el comisario responderá una vez que conozca la demanda.

Hodgson, que es republicano, dijo en enero que su oficina preveía firmar un acuerdo con la policía de inmigración y aduanas ICE para participar en el programa. Este entrena a las policías locales en el interrogatorio de presos y les da acceso a sus bases de datos para que puedan denunciar a la agencia a cualquiera que pudiera encontrarse en forma no autorizada en el país. La comisaría de Hodgson supervisa las cárceles del condado de Bristol.

El programa federal forma parte de la ley inmigratoria desde 1996. El gobierno del presidente Barack Obama lo suspendió por tiempo indeterminado en 2012, pero el de Trump lo puso en vigencia nuevamente en enero pasado. Los detractores alegan que el programa puede conducir al etiquetamiento racial y otros abusos de los derechos civiles.