EEUU da a Venezuela nueva oportunidad en caso de plataformas

Por SAM HANANEL

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos concedió por unanimidad el lunes al gobierno de Venezuela otra oportunidad para que evite una demanda, según la cual en 2010 el país sudamericano confiscó ilegalmente 11 plataformas petroleras a una compañía de Oklahoma.

Los magistrados dijeron en su fallo que las cortes de menor instancia fueron demasiado laxas al permitir que procediera la demanda presentada por la empresa Helmerich & Payne International Drilling Company.

Los países son por lo general inmunes a las demandas entabladas en Estados Unidos, pero un estatuto prevé una excepción en ciertos casos cuando hay confiscación de propiedad privada.

En su escrito a nombre de la corte, el magistrado Stephen Breyer dijo que las compañías deben presentar argumentos más sólidos desde el principio de un caso en el que la confiscación de una propiedad haya infringido el derecho internacional

Breyer dijo que este tipo de asuntos deben prescindir simplemente de “toda frivolidad” para evitar que los desechen en tribunales.

Permitir que procedan con facilidad las demandas contra gobiernos extranjeros en tribunales estadounidenses, puede “generar fricción con otras naciones y la adopción de medidas recíprocas contra este país”, señaló Breyer.

El gobierno estadounidense había apoyado en el asunto a Venezuela con el argumento de que el fallo a favor de la compañía podría dañar las relaciones exteriores y propiciar que otros países adopten represalias contra intereses estadounidenses.

El caso comenzó después de que el hoy fallecido presidente venezolano Hugo Chavez emitió un decreto para asumir el control de las plataformas petrolera propiedad de la firma estadounidense Helmerich & Payne International Drilling Co.

La firma se opuso a reanudar el funcionamiento de las estructuras después de que la petrolera estatal venezolana se retrasara en el pago de más de 100 millones de dólares.

Chávez afirmó que la adquisición forzosa fue necesaria para reanudar el trabajo de las plataformas que estaban paralizadas.

Venezuela arguyó que la confiscación no violó el derecho internacional porque las plataformas eran propiedad de la subsidiaria venezolana de Helmerich & Payne.

Sin embargo, una corte de apelaciones falló a favor de la compañía cuando determinó que ésta podía proseguir con la demanda en la que se argüía que la medida venezolana había perjudicado a accionistas estadounidenses.

El magistrado Neil Gorsuch fue ajeno al caso, que se dirimió antes de que el juez se integrara en la Suprema Corte.